Espacio Civil | Emilio Alvarez Icaza
Justamente hoy se presentan dos casos que son expresiones acabadas de la impunidad que describe al Estado mexicano. Por un lado, el caso de los campesinos ecologistas Rodolfo Cabrera y Teodoro Montiel y, por otro, el caso del indígena Raúl Hernández Abundio.
Estos casos tienen varias coincidencias además de la injusticia que representan: son del estado de Guerrero, se trata de indígenas a los que se les violaron sistemáticamente sus derechos humanos, los tres han pasado por reclusión (Raúl hasta el día de hoy). En su momento, los tres fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional y una gran cantidad de organismos nacionales e internacionales se han sumado a su causa, son también casos paradigmáticos por su fuerza y lucha.
El caso de los ecologistas se presenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica; ahí se realizan (ayer y hoy) las audiencias para analizar las violaciones a derechos humanos padecidas por Rodolfo y Teodoro. Ellos participaron a finales de los 90 en una organización que se opuso a la tala inmoderada de los bosques de Petatlán y de Coyuca de Catalán. En represalia fueron detenidos ilegalmente por el Ejército y torturados, para después ser acusados falsamente de delitos que no cometieron. En 2001 fueron excarcelados por orden directa del presidente Fox. Pero su inocencia no fue reconocida, no sancionaron a los responsables y el daño no se les reparó, más aún, se exiliaron en EU por las amenazas y agresiones que sufrieron. El mismo Estado que ordenó su liberación hoy reitera sus acusaciones en el plano internacional.
El otro caso es el de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Raúl trabajaba promoviendo mejores condiciones de vida para las comunidades que se encuentran alrededor de Ayutla así como documentando casos graves de violaciones a derechos humanos. Por esa actividad, la OPIM ha sido severamente perseguida desde hace años y, en ese marco, Raúl fue incriminado falsamente en hechos que le son ajenos. Con pruebas fabricadas, desde el 2008 se encuentra en prisión. De manera incomprensible, puede darse el caso que un juez dicte una sentencia que lo condenará acentuando la injusticia y la impunidad.
El caso de los ecologistas lleva más de 11 años de litigio y ahora sólo les queda la Corte Interamericana. El caso de Raúl lleva casi 3 años. Esperamos que la justicia mexicana se vea en el espejo y no se tenga que esperar a que instancias internacionales le corrijan la plana. Por bien y beneficio de él, su familia, su comunidad y el sistema democrático en México.
Paréntesis: Lo dicho, la cosa está jodida.Vale la pena ver los sitios
para ver cómo se las gasta el Estado mexicano.
Estos casos tienen varias coincidencias además de la injusticia que representan: son del estado de Guerrero, se trata de indígenas a los que se les violaron sistemáticamente sus derechos humanos, los tres han pasado por reclusión (Raúl hasta el día de hoy). En su momento, los tres fueron declarados presos de conciencia por Amnistía Internacional y una gran cantidad de organismos nacionales e internacionales se han sumado a su causa, son también casos paradigmáticos por su fuerza y lucha.
El caso de los ecologistas se presenta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en San José de Costa Rica; ahí se realizan (ayer y hoy) las audiencias para analizar las violaciones a derechos humanos padecidas por Rodolfo y Teodoro. Ellos participaron a finales de los 90 en una organización que se opuso a la tala inmoderada de los bosques de Petatlán y de Coyuca de Catalán. En represalia fueron detenidos ilegalmente por el Ejército y torturados, para después ser acusados falsamente de delitos que no cometieron. En 2001 fueron excarcelados por orden directa del presidente Fox. Pero su inocencia no fue reconocida, no sancionaron a los responsables y el daño no se les reparó, más aún, se exiliaron en EU por las amenazas y agresiones que sufrieron. El mismo Estado que ordenó su liberación hoy reitera sus acusaciones en el plano internacional.
El otro caso es el de Raúl Hernández, integrante de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM). Raúl trabajaba promoviendo mejores condiciones de vida para las comunidades que se encuentran alrededor de Ayutla así como documentando casos graves de violaciones a derechos humanos. Por esa actividad, la OPIM ha sido severamente perseguida desde hace años y, en ese marco, Raúl fue incriminado falsamente en hechos que le son ajenos. Con pruebas fabricadas, desde el 2008 se encuentra en prisión. De manera incomprensible, puede darse el caso que un juez dicte una sentencia que lo condenará acentuando la injusticia y la impunidad.
El caso de los ecologistas lleva más de 11 años de litigio y ahora sólo les queda la Corte Interamericana. El caso de Raúl lleva casi 3 años. Esperamos que la justicia mexicana se vea en el espejo y no se tenga que esperar a que instancias internacionales le corrijan la plana. Por bien y beneficio de él, su familia, su comunidad y el sistema democrático en México.
Paréntesis: Lo dicho, la cosa está jodida.Vale la pena ver los sitios
http://vimeo.com/13912428, www.centroprodh.org.mx y www.tlachinollan.org
para ver cómo se las gasta el Estado mexicano.
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