El miércoles próximo habrán pasado 28 años desde que José López Portillo, entonces presidente de la República, anunció en su Informe anual al Congreso de la Unión la nacionalización de la banca y la posibilidad de que los trabajadores de este sector pudieran formar sindicatos como en otras partes del mundo. La noticia desconcertó a muchos, en particular a los trabajadores, ya que durante mucho tiempo habían estado sujetos a reglamentos especiales y la sindicalización era considerada por los empresarios como una amenaza que pondría en riesgo la existencia misma de la banca.
Después del anuncio presidencial, quedó claro que la promesa había sido una simple ilusión. El gobierno, por conducto de la Secretaría de Gobernación, instrumentó de inmediato un operativo con los directores de los bancos y la Federación Sindical de los Trabajadores al Servicio del Estado para intervenir y condicionar el registro de los nuevos sindicatos. Existieron sin duda excepciones, tales como el caso de los trabajadores del Banco de Comercio Exterior, a quienes no pudieron someter pues estaban ya organizados democráticamente antes de la promesa presidencial.
Los trabajadores bancarios fueron inicialmente regulados por la legislación laboral burocrática. Más tarde se creó para ellos un espacio jurídico especial: la fracción XIII bis del apartado B del artículo 123 constitucional, cuya ley reglamentaria reprodujo la figura corporativa, mediante la cual se reconoce el derecho a integrar una sola federación sindical. La propia ley le puso nombre y apellido: Federación Nacional de Trabajadores Bancarios (Fenasib).
La Fenasib se constituyó el 20 de enero de l984 con 67 sindicatos bancarios y a la fecha sólo ha tenido cuatro secretarios generales. El tercero de ellos, Enrique Aguilar Borrego, ocupó el cargo por casi 20 años. Durante su largo periodo, consolidó el sometimiento de esta organización a los directivos de la banca, especialmente después de la nueva privatización bancaria. Al morir Aguilar Borrego, el 14 de junio de 2009, los personeros bancarios, en su propio sepelio, iniciaron el proceso para cubrir la vacante y garantizar que la inmovilidad continuara. El 8 de agosto de ese año fue designado como nuevo secretario general José Carlos Torres García, del sindicato de Banorte. El grupo bancario regiomontano impuso sus reglas. El nombramiento se logró con el apoyo de tan sólo ocho sindicatos y se dio curiosamente en el local del sindicato de Bancomer, organización que ya no pertenecía a la Fenasib por haber desaparecido, debido a que dicho banco en una maniobra sólo posible en nuestro país sustituyó todas sus relaciones laborales subcontratando al personal a través de una outsourcing (por cierto, de su propiedad) para dejar de cubrir a sus trabajadores las prestaciones a las que estaba obligado. Ante este caótico escenario, se aceleró el descontento entre los trabajadores de la banca de desarrollo, quienes por su carácter de servidores públicos, nivel profesional y luchas particulares, han tenido una vida sindical más activa. Un ejemplo de ello es el caso de Nacional Financiera, que desde hace 10 años ha rescatado la presencia y bilateralidad de su gremio. El sindicato del Banco de México se cuece aparte; tiene prohibido todo nexo con otras organizaciones.
Los trabajadores de la banca de desarrollo han transitado por un proceso organizativo que los ha convencido de la necesidad de contar con una federación propia, sin menoscabo de la autonomía de cada sindicato. Para esto han realizado reuniones preparatorias y eligieron a Luis Ángel Romo, dirigente de Banobras, como su secretario general.
La administración de Banobras no ha visto con buenos ojos este proceso democrático y, como en los viejos tiempos, se cree con derecho a meter la mano. Conforme lo denuncian sus trabajadores, ha instrumentado diversas medidas de presión y acoso para impedir que el sindicato y la federación avancen, exigiendo incluso la sustitución de su representación sindical, en particular, de Luis Ángel Romo, secretario general, y Alejandro León Pérez, secretario de trabajo y conflictos.
Como siempre: la reducción de licencias con excusa de una reorganización administrativa, la suspensión de servicio médico a jubilados, la amenaza de despojo del propio local sindical que tienen asignado en el centro de Coyoacán y –al no ceder los trabajadores– la cancelación de teléfonos e Internet, la promoción de una representación espuria rechazada por los trabajadores y la amenaza de despido a los dirigentes.
El sindicato de Banobras ha tocado todas las puertas para denunciar el acoso del cual es objeto. El último hecho informado por ellos, que ha generado gran preocupación, es que la noche del pasado 24 agosto Octavio León Urrutia, hijo del secretario de trabajo del sindicato, fue baleado cerca de su domicilio mientras acompañaba a su madre. No acusan: simplemente exigen una investigación a fondo.
Los dirigentes sindicales de la banca de desarrollo han asumido una actitud congruente y fraterna, que servirá de aliento y fortaleza para la nueva federación. María Luisa Velázquez Galicia, de Nacional Financiera; Alfredo Castro Escudero, del Banco de Comercio Exterior; Armando Vera López, del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, y Norberto Nieto Ramírez, de Sociedad Hipotecaria Federal, han reclamado la intervención del secretario de Hacienda, Ernesto Cordero Arroyo; del secretario del Trabajo y Previsión Social, Javier Lozano Alarcón, e incluso, del director de la oficina en México de la Organización Internacional del Trabajo, Germán López Morales, ya que las medidas antisindicales constituyen una violación a los derechos humanos laborales contemplados no sólo en nuestra legislación nacional, sino también en los convenios internacionales a los que está obligado nuestro país.
PD. Después del brutal homicidio de los 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México no volverá a ser el mismo.
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