o porque las autoridades hubieran estado atentas a su responsabilidad, nos llena de enorme rabia cuando Felipe Calderón afirma que esto se debe a que “el cártel de Los Zetas están recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento y reclutamiento”. Y peor todavía cuando el nuevo vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declara que esto ocurre en el marco de “una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, lo que ha traído un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país”. Es decir, que el gobierno lo está haciendo tan bien que estas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios.
Qué tipo de explicaciones son esas que, a pesar de todas las evidencias, sigue neciamente sosteniendo que su guerra contra el narcotráfico está menguando a los cárteles. Y si así fuera, ¿entonces por qué no los pone entre rejas pues ya no tienen recursos, más que el secuestro y la violación de mujeres? Quién se puede creer que estos cárteles están mermados económicamente, cuando la realidad es que la falta de autoridad y la absoluta ingobernabilidad en la que el país se encuentra permiten a la delincuencia organizada ya no sólo el trasiego de la droga, sino ampliar su cadena delictiva ante la absoluta impunidad y corrupción.
Esta situación que lacera a toda la población mexicana es todavía peor para los migrantes, pues se trata del grupo más vulnerable, como hemos denunciado en este medio incansablemente, por ser trabajadores indocumentados. ¿Por qué México le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos convirtiendo a la frontera sur en la frontera maldita
como muchos la han nombrado? ¿Por qué para México los connacionales en Estados Unidos son trabajadores y no delincuentes y que además deben ser amnistiados, regularizados? ¿Cuál es la diferencia con los migrantes indocumentados latinoamericanos, si también ellos buscan lo mismo que los mexicanos? ¿Por qué no se les trata como uno quisiera que fueran tratados los mexicanos? ¿Cómo puede afirmar el gobierno que mantiene una política activa de promoción y respeto de los derechos humanos de este grupo vulnerable en territorio nacional
cuando se violan permanentemente los tratados internacionales? ¿Cómo se va a justificar lo sucedido a estos migrantes ante los gobiernos de sus países? No es suficiente las palabras vacías como las de Poiré cuando pide la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido
. Puro cinismo.
Lamentablemente lo sucedido a los migrantes en nuestro país no es nuevo, como lo señaló en un importante estudio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en 2006, y como lo han denunciado personas ejemplares que están al frente de diversas casas para el migrante, y que sólo han encontrado, en el mejor de los casos, indiferencia de las autoridades, cuando no ataques frontales.
No sólo los migrantes indocumentados sino la población mexicana está expuesta a todos los horrores conocidos como resultado de una guerra que bajo un argumento totalmente perverso sostiene el gobierno al señalar que algunos quisieran que no hiciéramos nada
. No, señor Calderón, este es un argumento falso para no aceptar que lo que se pretende es que cambie una estrategia que está llevando al país a las páginas rojas de todo el mundo.
Los foros realizados en los últimos días para discutir las cuestiones sobre seguridad nacional no sirvieron de nada, porque usted no escucha a los especialistas que se han cansado de ofrecer propuestas que han tenido éxito en el mundo entero y que usted se niega a poner en marcha. Usted, señor Calderón, sigue en su insensata guerra, poniendo a los militares en la calle, cuyas funciones son otras y por ello las constantes violaciones a los derechos humanos que han sido documentadas, sosteniendo la posibilidad de una policía única sin antes haber creado cuerpos blindados ante la corrupción que de momento campea entre ellos.
No podemos caer nosotros también en el cinismo y la indiferencia. Es necesario presionar para que el gobierno acepte su responsabilidad y actúe en consecuencia, y así evitar que se sigan cometiendo flagrantes violaciones a los derechos humanos que colocan a México como una vergüenza ante la opinión internacional y promueven sufrimientos sin fin.
Editorial La Jornada
cional. Ayer, el gobierno brasileño calificó el hecho como una tragedia, y a esa condena se suman las formuladas por las autoridades de Honduras, El Salvador y Ecuador a través de sus representantes diplomáticos. Por su parte, el sistema de Naciones Unidas en México indicó que
indigna y preocupael nivel de violación a la seguridad de los indocumentados en México, en tanto que la Organización de Estados Americanos exigió esclarecer y hacer justicia por estos crímenes.
La indignación generalizada dentro y fuera del país por estos asesinatos tiene como telón de fondo un desempeño institucional exasperante en materia de seguridad, que redunda en la ruptura del estado de derecho y en una profunda indefensión para prácticamente cualquier persona que transite por nuestro país, incluyendo a quienes lo hacen en forma irregular. Ante este panorama de violencia e ilegalidad generalizadas, el gobierno federal no puede contentarse con señalar que el asesinato de los migrantes en Tamaulipas es un reflejo del grado de violencia y de barbarie con el que actúan los criminales
y del tamaño del reto
que el país enfrenta en materia de seguridad, como hizo ayer su titular. Un paso obligado, en cambio, es el reconocimiento de que estos hechos evidencian la extrema debilidad del Estado mexicano para cumplir con sus funciones básicas de proteger la integridad de toda persona dentro del territorio nacional, independientemente de su nacionalidad y su condición migratoria.
En este caso concreto, la violencia de los grupos criminales converge con la indolencia gubernamental hacia la situación de los migrantes indocumentados en nuestro país. Tal actitud se traduce en un trato oficial y social tan degradante como el que se ha dispensado a los connacionales en el país vecino del norte, que no sólo contraviene consideraciones éticas y humanitarias, sino que transgrede la ley: a fin de cuentas, la carencia de documentos migratorios no constituye en México un acto ilegal –es apenas una falta administrativa, según las normativas vigentes–, y aunque ese fuera el caso persistiría la obligación de la autoridad de respetar las garantías básicas de todos los individuos. Por lo demás, lo anterior ocurre en el contexto de un país crecientemente militarizado que, como han documentado diversos organismos humanitarios, multiplica los riesgos de que los extranjeros sean vejados, explotados, extorsionados y, como en este caso, asesinados, ya sea por efectivos de las fuerzas públicas o por miembros de bandas criminales.
A pesar de las medidas coyunturales anunciadas por el gobierno federal frente a estos hechos –una investigación a fondo de lo sucedido–, el riesgo de que episodios similares se reproduzcan seguirá latente en la medida en que no se reconozca la naturaleza estructural de la problemática. Son significativos, al respecto, los datos proporcionados recientemente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, de que el secuestro de migrantes en México sobrepasó los 10 mil casos en el semestre comprendido de septiembre de 2009 a febrero de 2010.
Hasta ahora, el calderonismo ha desatendido los llamados a reformular la estrategia de seguridad vigente y a abandonar la visión estrecha, simplista y, a fin de cuentas, ineficaz, que dirige la acción gubernamental en materia de seguridad pública. Los reclamos de la comunidad internacional debieran gravitar como elementos para que el gobierno recapacite, admita la gravedad del problema que se enfrenta y que corrija, por lo pronto, los elementos que sí están a su alcance, como son los tratos denigrantes a que son sometidos los ciudadanos de otros países que llegan al nuestro sin permiso de tránsito, visita o residencia. Si no se actúa en ese sentido, al derrumbe de la legalidad que se vive en el país se sumará un descrédito generalizado de las instituciones del Estado mexicano en el exterior.
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