Incumplimiento de NOM-046 provoca casos como el de Amalia

Violaron su derecho de niña a no ser madre

Por Anayeli García Martínez

México, D.F., 26 ago 10 (CIMAC).- La maternidad libre debe ser un derecho para las mujeres, pero el caso de Amalia -una niña de 11 años originaria de Robirosa, una comunidad rural en el sur de Quintana Roo, quien fue violada sexualmente por su padrastro y que ayer dio a luz-, demuestra que los derechos de las víctimas de violación no se reconocen, protegen ni respetan.

Así lo consideró Marta Lamas, fundadora del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), cuando se dio a conocer el caso de Amalia, quien antes de cumplir 11 años de edad fue violada sexualmente por su padrastro.

La niña no tuvo la opción de interrumpir su embarazo pese a la vigencia de la NOM-046 sobre atención médica a víctimas de violación sexual, que en Quintana Roo existen cuatro causales que permiten el aborto y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunció por el derecho de las niñas a no ser madres. Durante el debate de la SCJN, en agosto de 2008, para despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación en el Distrito Federal, el ministro Genaro Góngora Pimentel dijo que “la maternidad constituye un ejercicio de libertad, que si no debe ser influenciado o inferido, menos impuesto a través de la vía penal”, pero además enfatizó que las niñas tienen el derecho a no ser madres.

Sin importar estas observaciones, Amalia fue obligada a continuar con la gestación porque la legislación de Quintana Roo no le permitió interrumpir su embarazo, aunque especialistas como la doctora Raffaela Shiavon explicaron que un parto a término sería siempre un evento obstétrico más peligroso para la vida de la niña que un aborto terapéutico.

MATERNIDAD FORZADA

En entrevista con esta agencia, Gabriela Rojo, integrante de la Red de Abogados por la Defensa de la Reproducción Elegida (Radar 4), dijo que Guilberth Canto Massa, director del Hospital Materno Infantil Morelos, informó que la niña y su bebé se encuentran estables.

Canto Massa detalló que Amalia tuvo una cesárea debido a que presentaba un problema de “desproporción céfalo-pélvica”, es decir, una estrechez de la pelvis que no permitía que el producto pasara por el canal de parto, además se decidió así “porque fue lo mejor dado sus condiciones mentales por tener 11 años de edad”. Por su parte, José Cortazar Navarrete de la organización Protégeme de Cancún dijo a Cimacnoticias que hasta el momento no se tiene más información debido a que continúa el hermetismo por parte de las autoridades de salud y del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), encargados del cuidado de la menor de edad.

SIN ABORTO LEGAL

Si bien el Código Penal de la entidad establece que el aborto no es punible cuando sea resultado de una violación, también señala que ésta deberá ser denunciada ante el Ministerio Público para que la interrupción del embarazo se realice dentro de los primeros 90 días de gestación. Sin embargo, la madre de Amalia se percató de lo hechos el 18 de marzo pasado cuando fue al médico para practicarle un ultrasonido que reveló que la niña tenía casi cuatro meses de gestación.

El 23 de marzo la madre acudió a denunciar el delito, pero ya era tarde para interrumpir el embarazo. Esta situación hizo que la diputada local, María Hadad Castillo, tratara de apelar a la cuarta causal para permitir un aborto legal, la cual dice que se puede practicar un aborto cuando “a juicio del médico que atienda a la mujer embarazada, sea necesario, para evitar un grave peligro para la vida”. En este caso también intervino el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), quien cuestionó seriamente a la procuradora estatal de la Defensa del Menor y la Familia, Areli Camargo Chávez, quien sostuvo que la vida de la niña “no corría peligro”, sin tomar en cuenta sus derechos y su salud psicológica.

DESINFORMACIÓN OFICIAL

Desde que la madre de Amalia denunció la violación sexual, la niña fue recluida en una casa refugio del Programa de Atención para Menores y Adolescentes en Riesgo (PAMAR), el cual le brindaría atención médica y psicológica. Mientras ella estaba en este lugar, las visitas de la madre se restringieron, de acuerdo con organizaciones en defensa de los derechos de las mujeres, argumentaron que ello se debía a que no querían que se interrumpiera el embarazo. Para demostrar que esto no era necesario la llevaron a un Hospital de especialidades en Mérida, Yucatán.

Luego del escándalo mediático y al ver el desapego a la NOM 046 sobre atención médica a las víctimas de violación sexual el Congreso del estado pidió la comparecencia del titular de la Secretaría de Salud estatal, Juan Carlos Azueta Cárdenas. El funcionario reconoció que durante 2009 se registraron 5 mil 510 casos de adolescentes embarazadas y afirmó que de éstos, el 16 por ciento eran producto de violación.

Es decir, 881 adolescentes tuvieron un embarazo a consecuencia de una violación. En contraste, la Procuraduría General de Justicia estatal sólo tiene registradas cifras sobre el tema hasta 2008, con 451 casos de violación. Finalmente poco se conoció del estado de salud de Amalia durante su estancia en PAMAR, la reciente información oficial indica que el parto llegó a término y que ya abandonó el hospital.