La barbarie

Vitral | Javier Solórzano

Setenta y dos migrantes recorrieron el país sin que ninguna autoridad se diera cuenta. La única forma de explicarlo es por la complicidad y corrupción. Si cruzaron por Chiapas no hay forma de que no se percataran porque todo está a la vista. Si alguien conoce el flujo de los migrantes son las autoridades. Sólo actúan si no les queda de otra, o si no les han entregado la “cuota”. Los migrantes cruzan el país por rutas conocidas. Pasan por Veracruz y Tabasco para desde ahí dirigirse a Tamaulipas, destino final en México, y después Estados Unidos.

Hace poco más de dos años en Quintana Roo, un camión oficial transportaba migrantes centroamericanos para deportarlos. En medio de la “nada”, así lo dijo uno de los agentes que iba en el operativo, apareció un grupo armado e interceptó violentamente el vehículo. Bajaron a los agentes de migración, los sometieron y se llevaron a los migrantes. Días después los “secuestrados” aparecieron en Ciudad Hidalgo, Texas. En el colmo, la directora del Instituto Nacional de Migración aseguró que había mucha corrupción en la institución, la cual es evidente que hoy en día está corregida y aumentada.

Está documentada la relación entre los cárteles de la droga y los polleros. Se asocia también con la trata de personas, prostitución, venta de órganos, de armas y de niño. Dirán que hay un mercado para ello y que es uno de los riesgos de la vecindad con EU, se dirá también que estamos en medio de bandas internacionales. Podrán decir lo que quieran, pero desde donde se vea estamos bajo la impunidad. La tragedia de los 72 migrantes, más el ciudadano ecuatoriano que milagrosamente se salvó, confirma la descomposición social y la corrupción.

Por más que se asegure que se le está cerrando el paso al narco, y que por ello los cárteles utilizan estrategias como la de obligar a los migrantes a integrarse en sus estructuras, es un hecho que al no tener definida una política de Estado en materia de migración, lo que pasó en San Fernando será susceptible de repetirse muchas veces más.

Los migrantes sólo importan cuando se trata del dinero que nos envían de EU. Al no hacerse un seguimiento de ellos, de no ser el buscarlos para corromperlos, tanto los nacionales como los extranjeros terminan por recorrer el país bajo la ley de la selva en medio de cárteles de la droga, polleros, autoridades corruptas, temperaturas extremas, más todo lo que se les vaya presentando.

Ha sido brutal la violencia ejercida en contra de los migrantes en San Fernando. Es además doloroso y, permítamelo decirlo, triste. El país continúa en evidencia y los fantasmas no se van. Estamos ante la violencia; la incapacidad para gobernar; la corrupción y la complicidad; ante una clase política oportunista; ante cárteles brutalmente violentos, despiadados y corruptores; y ante jóvenes que por la falta de oportunidades optan por la vida corta y fácil la cual terminan por convertir en su mejor esperanza. Esta es nuestra forma de vida a la que ahora hay que sumarle 72 migrantes asesinados.

¡OOUUCHCHCH! Ni cómo entenderlo. Fue gobernador interino y se le acusó de su política violenta contra el PRD, incluso lo denunciaron. El estado es gobernado por un candidato que postuló el PRD, pero ahora resulta que van en busca del otrora “represor” para “limpiar” de caciques Guerrero.

Lavado de dinero: combate e interrogantes

Editorial La Jornada.

En un acto encabezado por el titular del Ejecutivo federal, Felipe Calderón Hinojosa, en la residencia oficial de Los Pinos, el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Ernesto Cordero, presentó una nueva estrategia para el combate y la prevención del lavado de dinero. La propuesta incluye el envío de una iniciativa al Congreso de la Unión para prohibir los pagos en efectivo por la adquisición de cualquier bien inmueble, así como por la compra de vehículos, joyería, boletos de apuestas o sorteos y títulos accionarios con un valor de más de 100 mil pesos. Asimismo, se plantea establecer bases de datos de movimientos financieros y mejoras en el uso de información de inteligencia para supervisar las transacciones internacionales. A decir de Calderón Hinojosa, con estas acciones se podrá cortarle en buena medida recursos a la criminalidad, lo cual implica propinarles un golpe certero en una parte neurálgica, en una parte central de su operación y funcionamiento.

La estrategia anunciada tiene, en principio, elementos positivos –como el reconocimiento de la necesidad de golpear el nervio económico y financiero de las organizaciones delictivas–, por más que resulte tardía: medidas como las descritas, más otras de mayor calado, debieron adoptarse cuando menos al inicio de la actual guerra contra el narcotráfico, que ha cobrado más de 28 mil vidas y ha sembrado violencia, temor y zozobra en todo el territorio nacional. Es razonable pensar que la estrategia oficial contra la delincuencia organizada no habría tomado un derrotero tan trágico ni estaría teniendo un costo tan exasperante en vidas humanas, en desintegración institucional y en angustia generalizada, si se hubiera empezado por debilitar financieramente a las corporaciones criminales antes de lanzar sobre ellas el poder militar del Estado.

Hoy día, los propósitos del gobierno federal en materia de combate al lavado de dinero y su capacidad para llevarlos a cabo contrasta con realidades tan apabullantes como los datos que publicó The Washington Post en su edición de ayer: México y Estados Unidos incautan menos de uno por ciento del dinero en efectivo que atraviesa la frontera común, un monto que apenas hace mella en los cárteles de la droga.

Por otra parte, es cuestionable que medidas coyunturales como las comentadas sean eficaces para combatir una problemática de naturaleza estructural, como la que representa el lavado de dinero. El monto que ingresa anualmente al país por actividades ilícitas podría ser de 10 mil millones de dólares al año, si se atiende a las cifras de excedentes difíciles de explicar en el sistema financiero, reportadas recientemente por la propia SHCP, o bien de entre 30 o 40 mil millones de dólares, si se hace caso a diversas estimaciones extraoficiales y de agencias de seguridad privada e inteligencia.

En todo caso, no queda claro que las acciones delineadas ayer por Cordero basten para combatir una actividad delictiva que ha adquirido, en años recientes, una dimensión de sector de la economía, y que involucra necesariamente a circuitos financieros integrados por bancos, casas cambio, centros bursátiles y negocios diversos.

En suma, la visión unidimensional en la que se ha sustentado el combate a los fenómenos delictivos, junto con los efectos desastrosos de más de dos décadas de aplicación de las políticas neoliberales, han provocado que, en la circunstancia actual, la industria delictiva represente uno de los ramos más dinámicos y pujantes en el terreno económico. Ante esa perspectiva, y por incómodo que resulte, es necesario preguntarse si se cuenta con un plan para cubrir el boquete financiero que dejaría en la economía una reducción significativa del lavado de dinero en caso de que la estrategia anunciada ayer por el secretario de Hacienda obtenga la aprobación del Legislativo, se aplique en la práctica y resulte exitosa.

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