MEXICO,
D.F. (apro).- A más de 33 días de la desaparición de los 43 jóvenes
normalistas de Ayotzinapa, el gobierno de Enrique Peña Nieto está
atrapado en una tormenta perfecta. El caso ha escalado hasta llegar
este martes 28 a la Casa Blanca. Por primera vez en dos años, el vocero
de Barak Obama no le colocó una estrellita al peñismo. Peor: calificó
la situación de “preocupante” por el caso irresoluble, hasta el momento.
En un mes, el gobierno ensayó tres estrategias que, evidentemente, han fallado:
1. En primer lugar, quisieron focalizar el asunto como un tema
aislado de la agenda nacional e intentaron criminalizar a los propios
normalistas. Eso sólo sucedía en Guerrero y, específicamente, en el
municipio de Iguala, donde el crimen organizado dominaba la policía y
al alcalde. No era una crisis nacional y menos un resultado de la mala
estrategia federal de combate al crimen organizado. Los normalistas
probablemente estaban vinculados a alguno de los cárteles que operan en
la zona.
Resultó que tanto el gobernador Ángel Aguirre como el alcalde
prófugo José Luis Abarca estaban ligados a grupos nacionales. No sólo
del PRD sino también del mismo gobierno peñista. ¿Cómo explicar que la
administración federal ignoraba lo sucedido en Iguala después de más de
diez visitas oficiales del primer mandatario a la entidad sureña y de
una amplia participación del Ejército en la zona aledaña a Iguala?
En la fallida estrategia de echarle la responsabilidad a otros o
criminalizar a las víctimas, ahora el PRI y los analistas cercanos a la
línea gubernamental pretenden golpear a Andrés Manuel López Obrador,
dirigente de un partido político que no tiene diputados ni alcaldes y
menos gobernadores, de lo sucedido en Iguala. López Obrador no es el
jefe de gobierno de Guerrero y menos el jefe de Estado federal.
2. Cuando el caso dominó la agenda nacional y en tres días
consecutivos las redes sociales demandaron la renuncia de Enrique Peña
Nieto, se decidió ir administrando la información sobre la búsqueda de
los normalistas.
El descubrimiento de más de 30 narcofosas en los alrededores de
Iguala abrió las compuertas del infierno. Resulta que mucho antes de
los acontecimientos del 26 y 27 de septiembre pasado, en esta zona los
ciudadanos desaparecían y ninguna autoridad había denunciado la
existencia de estos cementerios clandestinos, aunque todos sabían de
ellos.
El hallazgo de las fosas –como ahora la del tiradero del municipio
de Cocula, cercano a Iguala– demostró a la opinión pública nacional e
internacional lo que no se quería ver: el Estado mexicano ha fallado
desde años atrás en investigar decenas de miles de desapariciones
forzadas derivadas de una guerra cruenta contra supuestos criminales
que, en realidad, están enquistados y protegidos por el propio Estado.
3. La movilización nacional e internacional del miércoles 22 tuvo
varios signos muy claros: no tenía una motivación partidista sino que
fue resultado de una conmoción ciudadana; no se realizó solamente en la
Ciudad de México sino en prácticamente todas las urbes importantes del
país; hubo varias manifestaciones internacionales que demostraron la
rapidez y simultaneidad con que la información ha proliferado a través
de los nuevos medios digitales y de los medios electrónicos.
A diferencia de la “guerra sucia” de los años setenta –cuyo
epicentro también estuvo en Iguala y en Atoyac, Guerrero–, los abusos
de ahora ya son conocidos a escala internacional. Y no es un tema de
“moda” ni un distractor sino una pesadilla que no parece tener solución
fácil ni definitiva.
Frente a estos tres escenarios, el gobierno federal no alcanza a
entender la dimensión del desafío que tiene enfrente. Las autoridades
mexicanas están siendo exhibidas por ser omisas y negligentes frente a
la estrategia sistemática de desaparición forzada y de ejecuciones
extrajudiciales.
En su libro Ni vivos ni muertos, editado este año, el periodista de
origen italiano Federico Mastrogiovanni define las desapariciones
forzadas como “casos debido a la intervención, directa o indirecta, por
acción o por omisión, de funcionarios públicos”.
En las desapariciones forzadas “la sociedad y el Estado mexicano
todavía no asumen las graves repercusiones que ha traído consigo la
ruptura sistemática del antiguo pacto histórico entre las instituciones
y los ciudadanos, y mucho menos que los daños profundos en la
estructura del tejido social tendrán consecuencias impredecibles”.
Para Mastrogiovanni el “nuevo tipo” de desapariciones forzadas en
México comenzaron a ocurrir durante el gobierno de Carlos Salinas de
Gortari, precisamente en Guerrero, donde decenas de militantes
perredistas fueron asesinados. Después, persistieron en las
administraciones posteriores. En 2007, junto con la “guerra contra el
narco” del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, las desapariciones
forzadas de nuevo tipo “aumentan en forma catastrófica en todo el país”.
“El rasgo que estas desapariciones mantuvieron durante todo el
periodo de Calderón, y que conservan también en el sexenio de Enrique
Peña Nieto, es su aparente casualidad junto con la criminalización de
las víctimas”, apuntó el periodista en una clara introducción a esta
obra indispensable para comprender lo que ahora vivimos.
La criminalización de las víctimas operó en la ejecución
extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, ocurrida el
pasado 30 de junio, hasta que la presión de los medios estadunidenses
obligó a reabrir el expediente.
En Ayotzinapa, el primer reflejo del Estado mexicano fue
criminalizar a los propios normalistas. Esta pretensión implosionó. Por
primera vez, en más de una década, las víctimas ya no pueden ser
reducidas a corresponsables de su desaparición por estar vinculadas al
narco, a la guerrilla o a cualquier otro grupo insurgente.
Por primera vez –quizá desde el caso del hijo del poeta Javier
Sicilia– la sociedad mexicana se identificó como padre, como hermano,
como maestro, como joven y estudiante ante la tragedia de Ayotzinapa.
Y mientras persista la desaparición forzada de los 43 normalistas,
el Estado mexicano y el gobierno de Peña Nieto están atenazados a la
peor crisis que no se solucionará con tácticas vulgares como pretender
responsabilizar a otros que no tienen el monopolio legítimo de la
violencia.
Twitter: @JenaroVillamil
Comentarios: www.homozapping.com.mx
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