Madrid, 30 oct. 14. AmecoPress. Nueve
países presionaron ayer a El Salvador en las Naciones Unidas para que
reforme su represiva y desfasada legislación sobre el aborto. Los
efectos de esta legislación constituyen violencia institucionalizada,
tortura y otras formas de maltrato contra las mujeres y las niñas,
según ha manifestado Amnistía Internacional. Otros 12 países expresaron
su preocupación por la discriminación de que siguen siendo objeto las
mujeres en el país.
En el examen
periódico universal (EPU) de El Salvador en las Naciones Unidas se ha
pedido al país que reforme la legislación que impide el acceso al
aborto en todas las circunstancias y envía a las mujeres a prisión por
tener abortos espontáneos o clandestinos.
“Hemos sido
testigos directos de los devastadores efectos de esta legislación en
las mujeres y las niñas de El Salvador: desde mujeres que mueren al
someterse a un aborto clandestino hasta mujeres encarceladas durante
más 40 años por haber abortado espontáneamente –ha señalado Erika
Guevara Rosas, directora del Programa de Amnistía Internacional para
América¬–. Ahora, representantes de varios países se han sumado a
nuestra organización para decir que ya basta.”
Entre los
países que piden la reforma figura España, que este mismo año ha
retirado un proyecto ley que limitaba también el acceso al aborto en el
país. España ha dicho a El Salvador que las mujeres y las niñas han de
tener acceso a educación sexual y sobre la reproducción y que se debe
dejar en libertad a todas las mujeres encarceladas por haber abortado o
tenido un aborto espontáneo y eliminar sus antecedentes penales.
Alemania,
Australia, Eslovenia, Islandia, Luxemburgo, Reino Unido, República
Checa y Suecia también han pedido al país centroamericano que reforme
su legislación sobre el aborto.
En virtud de
la restrictiva legislación salvadoreña, las mujeres y las niñas
declaradas culpables de haber tenido un aborto pueden ser condenadas a
entre dos y ocho años de prisión. Los profesionales médicos se
enfrentan a penas de hasta 12 años de prisión si se descubre que han
proporcionado acceso a servicios de aborto.
En un informe
reciente, titulado ‘Al borde de la muerte: violencia contra las mujeres
y prohibición del aborto en El Salvado’, Amnistía Internacional
documenta cómo en algunos casos se ha procesado y condenado hasta a 50
años de prisión por “homicidio” u “homicidio agravado” a mujeres que
habían tenido un aborto clandestino o espontáneo tras denunciarlo sus
médicos a la policía.
El 25 de
septiembre, la organización de derechos humanos puso en marca una
petición para instar al país a reformar su legislación sobre el aborto.
Ha reunido ya más de 110.000 firmas en todo el mundo.
Amnistía
Internacional pide que se deje en libertad de inmediato y sin
condiciones a todas las mujeres y niñas encarceladas por haberse
sometido a un aborto o haberlo tenido espontáneamente.
Asimismo, la
organización pide que las mujeres, incluidas las jóvenes, tengan acceso
a información y servicios anticonceptivos, a una gama integral de
métodos anticonceptivos modernos y de calidad y a anticoncepción de
emergencia.
Durante el
EPU, muchos países se han referido además a los derechos de las mujeres
y a los altos índices de violencia de género, pero también a las
medidas positivas adoptadas por el gobierno al establecer la Ley
Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, de
2012, que tiene por objeto abordar la discriminación y la violencia de
género.
“Sumamos
nuestra voz a los llamamientos de estos Estados miembros de la ONU que
piden a El Salvador que despenalice el aborto y garantice el acceso a
él como mínimo en los casos en que el embarazo entrañe riesgos para la
vida o la salud física o mental de la mujer o la niña, el feto sea
inviable fuera del vientre materno o el embarazo sea el resultado de
una violación o de incesto”, ha afirmado Erika Guevara Rosas. El
Salvador tiene ahora un plazo para examinar las recomendaciones
formuladas y anunciar cuáles adoptará en marzo de 2015.
Información complementaria
El EPU es un
mecanismo del Consejo de Derechos Humanos en el que se examina el
cumplimiento de las obligaciones y compromisos contraídos en materia de
derechos humanos por los 193 Estados miembros de la ONU, sometiéndose
cada uno de ellos al examen cada cuatro años y medio. Es un mecanismo
de cooperación, basado en información objetiva y fidedigna y en el que
todos los Estados reciben el mismo trato. Complementa el trabajo de los
órganos de vigilancia de los tratados de la ONU.
Amnistía
Internacional pide a todos los Estados que despenalicen el aborto en
todas las circunstancias y proporcionen acceso al aborto legal y sin
riesgos al menos en los casos en que el embarazo sea el resultado de
una violación o de incesto y cuando exista riesgo para la vida o la
salud de la mujer o la niña.
En marzo de
2014, Amnistía Internacional emprendió una campaña global para proteger
el derecho de las personas a tomar decisiones sobre su salud, su
cuerpo, su sexualidad y su reproducción sin temor a sufrir
discriminación y sin control ni coacción por parte del Estado. Con el
lema “Mi cuerpo, mis derechos”, la campaña insta a los gobiernos a
despenalizar el aborto.
Foto: Archivo AmecoPress, cedida por AI
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