MÉXICO,
D.F. (Proceso).- Ante la imposibilidad jurídica de remover al
gobernador de Guerrero, Ángel Heladio Aguirre Rivero, el cártel de
partidos optó por la neoconcertacesión, concretada a partir de
compromisos que seguramente permanecerán en la secrecía de los actores
políticos participantes, pero que ciertamente incluye acciones u
omisiones contrarias al estado de derecho.
Ante las limitaciones
establecidas por la fracción V del artículo 76 de la Constitución y la
correspondiente Ley Reglamentaria a dicha norma (Proceso 1981), los
senadores acordaron retrasar hasta el viernes 31 la presentación del
dictamen de solicitud de desaparición de poderes interpuesta por el
grupo parlamentario del PAN, con el claro objetivo de darle tiempo a la
negociación.
La creciente indignación pública por la desaparición de
los 43 normalistas de Ayotzinapa y la violencia de las protestas,
particularmente en Guerrero, subían el nivel de exigencia para que las
autoridades federales ofrecieran alguna respuesta a las demandas, y al
PRD le elevaban el costo político de mantener a Aguirre.
La ingobernabilidad era cada día más evidente y la
exigencia de los senadores, incluyendo los perredistas, de que Aguirre
solicitara licencia se extendía, lo que obligó a los miembros del
Comité Ejecutivo Nacional del PRD a modificar su posición inicial y
acceder a la petición.
Aguirre había dado muestras de que no estaba dispuesto a
retirarse de manera voluntaria, por lo cual la solicitud de licencia
fue una decisión impuesta. Y para persuadirlo, seguramente los
distintos actores políticos participantes (gobierno federal,
dirigencias del PRI, PAN y PRD) tuvieron que hacer compromisos y
concesiones mutuas.
La declaración del procurador general de la República,
Jesús Murillo Karam, externada el miércoles 22 en el sentido de que el
exalcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, María de los Ángeles
Pineda, fueron los autores intelectuales del ataque contra los
estudiantes, además de atribuir la desaparición de los normalistas al
hecho de que los cabecillas de Guerreros Unidos pensaron que se trataba
de miembros de “un grupo delictivo contrario” –Los Rojos–, indica que
la investigación se orienta a achacar toda la responsabilidad al nivel
municipal.
La indagatoria que inició la Procuraduría General de
Justicia del Estado de Guerrero apuntaba en esa dirección: El autor
intelectual es el exalcalde y los autores materiales fueron los
policías municipales de Iguala y los sicarios de Guerreros Unidos. La
PGR, tras argumentar que la actuación del Ministerio Público estatal
impactaba negativamente sus investigaciones, mantuvo la misma línea,
pero involucró también a la policía municipal de Cocula y construyó un
móvil lógico.
Conviene a todos los actores políticos atribuir la
autoría intelectual a Abarca y su esposa; y la material a las policías
de Iguala y Cocula y a Guerrero Unidos. Cualquiera que sea el desenlace
de este lamentable incidente, a todos les reduce los costos políticos y
los exime de responsabilidades administrativas y penales.
Nuevamente la misma trama: Dirigir la averiguación previa
hacia los funcionarios del menor nivel y, por ende, exonerar a las
instancias estatales y federales. En Puebla los responsables del
asesinato del menor José Luis Tehuatlie son los policías estatales; en
Tlatlaya, seis soldados rasos y un oficial de menor rango; y ahora, en
Guerrero, lo son el exalcalde, su esposa, el director de seguridad
pública, los policías municipales y Guerreros Unidos.
Se intenta hacer olvidar que las procuradurías federal y
guerrerense supieron que el ahora exalcalde era presunto responsable
del asesinato de Arturo Hernández Cardona y otras dos personas, pero ni
así emprendieron investigaciones.
También se trata de ignorar que a partir de la
desaparición de los normalistas se ha encontrado más de una veintena de
fosas con un número no precisado de cadáveres cuya identidad se
desconoce. Igualmente se soslaya que diversas organizaciones
internacionales, sobre todo Amnistía Internacional, han denunciado la
“caótica y hostil” integración de las investigaciones por parte de la
PGR.
Contrario a lo que señala Murillo Karam, hay muchas otras
líneas de investigación a seguir antes de atribuir toda la
responsabilidad a las autoridades municipales; pero por supuesto eso
implica que él mismo tendría que hacerse a un lado para dar plena
libertad a los investigadores a fin de que integren una averiguación
previa de calidad.
Aunque nunca se sabrá con precisión, es posible intuir
que uno de “los ofrecimientos” hechos a Aguirre fue eximirlo de
cualquier responsabilidad penal y dirigir todas ellas contra los
funcionarios municipales.
También es factible suponer otro de los acuerdos: Dejar
que el PRD (que cuenta con 20 de los 46 diputados locales y puede sumar
cinco del Movimiento Ciudadano y uno del Partido del Trabajo, con lo
cual llega a 26 y forma mayoría simple en el órgano legislativo) lleve
mano en la designación del interino.
En este caso la concertacesión política (al margen e
incluso contra lo establecido en la legislación) no tuvo como propósito
calmar las protestas ciudadanas contra un fraude electoral –como
sucedió durante el sexenio de Salinas de Gortari– sino para tratar de
devolver la gobernabilidad a una entidad sumida en el caos y tratar de
evitar que el descontento se extienda, ante la ola de manifestaciones
que cunden en todo el país y suma a núcleos cada día más amplios de la
población.
Sin embargo en esta ocasión no basta con la remoción del
gobernante, pues subsiste el problema mayor: La desaparición de los 43
normalistas y la existencia de un número indeterminado de cadáveres
cuya identidad es desconocida.
La salida de Aguirre Rivero del gobierno es una medida en
la dirección correcta, pero no resuelve los problemas de fondo: La
ausencia de una legislación que permita atender por la vía jurídica
estas emergencias, la aparición con vida de los normalistas
desaparecidos y la identificación y castigo a los responsables de los
hechos de Iguala y de un número indeterminado de homicidios y diversos
delitos.
Con el regreso del PRI a la Presidencia de la República
también regresaron las licencias de los gobernadores incómodos al
gobierno federal (Fausto Vallejo en Michoacán y Aguirre en Guerrero) y
los pactos políticos secretos con las fuerzas de oposición y al margen
de la ley. El tiempo dirá si en la nueva realidad nacional las
neoconcertacesiones todavía son una respuesta aceptable para la
sociedad mexicana.
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