Qué tanto las víctimas como la sociedad no sepamos la verdad de los hechos es obstaculizar la justicia, la falta de información que esclarezca porque llegamos a esta tragedia es mantener la impunidad
¿Dónde
están? Esa es la pregunta que ninguna instancia del Estado ha podido
responder frente a la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa,
Guerrero. A un mes de la barbarie ocurrida en Iguala en ese estado del
sur del país, lo que priva es confusión, rabia, desosiego ante la
desaparición forzada de los normalistas.
La única información
que han dado distintas autoridades con certeza es que había autoridades
estatales que en colaboración con el crimen organizado se dictaron las
órdenes para agredir brutalmente a los jóvenes, matar a casi una decena
de ellos y desaparecer a los demás.
Ayotzinapa destapó
nuevamente el terror en el que viven innumerables comunidades en el
país, la descomposición del poder político, la cloaca de la corrupción,
la aquiescencia de los distintos niveles de gobierno para que tanto
actores estatales como no estatales aprovechen el poder para sus
propios intereses. Revela el nivel de debilidad institucional que hace
incapaz al Estado de dar respuestas a esta sociedad que vive con miedo
como cotidianeidad.
En estos momentos de crisis, la información,
el derecho a saber, se convierte en una necesidad imperante para
conocer: ¿Cuántas fosas clandestinas más hay? ¿De quiénes eran esos
cuerpos encontrados a pedazos? ¿Quiénes son los responsables? Y la
pregunta que está en las calles, en la voz de miles de manifestantes en
diversos lugares del país ¿Dónde están los 43 desaparecidos?
El
Estado mexicano tiene la obligación de aportar información completa y
clara a la sociedad sobre los hechos en Iguala, esclarecerlos son
parte fundamental para el derecho a la verdad, el efectivo acceso a la
justicia por parte de las víctimas que son ahora las familias y seres
queridos de los jóvenes desaparecidos. Saber que sucedió y quiénes
fueron los autores de esa masacre es la única vía para que haya
justicia, reparación integral a las violaciones atroces a esos derechos
humanos, y la vía esencial para que se implementen acciones eficaces
para que no se vuelvan a repetir estos hechos.
Qué tanto las
víctimas como la sociedad no sepamos la verdad de los hechos es
obstaculizar la justicia, la falta de información que esclarezca porque
llegamos a esta tragedia es mantener la impunidad. La ausencia de
información fidedigna sólo genera mayor confusión y pone en mayor
sufrimiento a los familiares de los estudiantes desaparecidos.
El
derecho a conocer la verdad para dar con los responsables
intelectuales y materiales de la desaparición forzada de los jóvenes es
una obligación del Estado y tiene que hacerse de acuerdo a las demandas
tanto de los familiares de las víctimas como de toda la sociedad. Es
una obligación del Estado mexicano frente a sus responsabilidades
internacionales para la protección de los derechos humanos, tal como
desde hace mucho tiempo lo ha establecido la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), que indica que el derecho a la verdad, no sólo
implica el derecho de las familias a conocer la suerte de sus seres
queridos y sino que también ese derecho también pertenece a la
sociedad, de acuerdo a los artículos 1, 25, 8 y 13 de la Convención
Americana de Derechos Humanos.
De manera más reciente, el 4 de
septiembre del 2013, la Relatoría Especial de la ONU sobre la Promoción
y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión
presentó ante el Consejo de Derechos Humanos un informe sobre la
ineludible relación entre el derecho de acceso a la información y el
derecho a la verdad, estableciendo que: “en el contexto de violaciones
graves de los derechos humanos, existe una obligación particular que
exige que los Estados informen acerca de lo ocurrido no sólo a las
víctimas y sus familias, sino también al conjunto de la sociedad”.
Para
garantizar ese derecho a la verdad, no basta con conocer los hechos
judiciales, se requiere también de conocer las causas que originaron la
violación de derechos humanos, tal como lo plantea la misma Relatoría
en su numeral 30 del informe antes citado: “En ese contexto, la
realización de investigaciones judiciales sobre violaciones de los
derechos humanos es una responsabilidad básica del Estado y un
importante punto de partida para el ejercicio del derecho a la verdad.
No obstante, no basta con la investigación judicial de casos concretos:
el derecho a la verdad implica no sólo la determinación de las
circunstancias inmediatas de violaciones concretas, sino también la
aclaración del contexto general, las políticas y deficiencias
institucionales y las decisiones que las hicieron posibles. Además, el
ejercicio del derecho a la verdad puede exigir la divulgación de
información sobre las violaciones a fin de restablecer la confianza en
las instituciones estatales y evitar la repetición de esos actos”.
Creo
que el gobierno con su errática estrategia de informar en estos días lo
único que hace es aumentar el sufrimiento de las víctimas y aumentar la
desconfianza de la sociedad en un escenario de incertidumbre que
agudiza la percepción de la crisis de derechos humanos que ahora
estamos viviendo. El derecho a la verdad, a contar con información
fidedigna es en este momento es clave y como sociedad deberíamos de
exigirla con la mayor contundencia posible.
@callejag
No hay comentarios.:
Publicar un comentario