La siguiente fosa

Miguel Carbonell

Lo que más estremece en el caso de los normalistas desaparecidos en Iguala, aparte de lo macabro del hecho mismo, es la palmaria evidencia de que las autoridades estaban coludidas o incluso controladas por grupos de la delincuencia organizada. Es decir, la población no solamente está amenazada por los actos de los criminales, sino que tampoco tiene el respaldo de las autoridades para que la protejan. Esa es la peor noticia, porque se trata de una situación que va más allá del territorio de Iguala y abarca un número considerable de entidades federativas del país. 

Se siguen descubriendo fosas en Guerrero, de la misma forma que hace unos años se descubrieron muchas más en Durango (300 cadáveres encontraron en una de ellas), en Tamaulipas (incluyendo las decenas de cuerpos de migrantes hallados en San Fernando) o Nuevo León. En Chihuahua hubo un momento en que el número de asesinados era tan alto que ni siquiera les daba tiempo de cavar una fosa: simplemente tiraban los cuerpos en las calles y avenidas de la capital o de Ciudad Juárez.

Frente a una tragedia de ese tamaño, es increíble que la autoridad no haya podido decirnos lo más obvio y urgente: ¿quién mató a esas personas, de qué manera se están investigando los crímenes y qué procesos judiciales hay en contra de los responsables?

La violencia de los últimos años suma decenas y decenas de miles de muertos, pero los procesos judiciales en los que se haya dictado sentencia firme por el delito de homicidio brillan por su ausencia. Como lo hacen también las capacidades de investigación científica del delito, que es algo todavía hoy desconocido por muchas procuradurías mexicanas. La mejor prueba de ello es que el análisis de los cuerpos hallados en las fosas recientemente descubiertas en Guerrero ha tenido que correr a cargo del prestigio equipo argentino de Antropología Forense, que entrenado en el reconocimiento de cuerpos torturados y asesinados por la dictadura militar de su país, ya había tenido la oportunidad de demostrar su profesionalismo en el caso de los asesinatos feminicidas en Ciudad Juárez.

Pero la pregunta para nosotros subsiste: ¿cómo es que con tantos muertos en nuestras calles no hemos podido ni siquiera construir servicios periciales que sean lo suficientemente buenos para no tener que llamar a los peritos argentinos cada vez que nos enfrentamos con un caso difícil? ¿qué espera el Estado mexicano para transformar de fondo la manera en que se investigan los delitos? ¿cómo es que seguimos teniendo procuradurías que todavía le apuestan a arrancar confesiones y al dicho de testigos que muchas veces son circunstanciales o que de plano en otros casos vendieron su testimonio?

Desde 2008 la incidencia delictiva en el país ha venido creciendo. Ni el gobierno de Felipe Calderón ni —en lo que lleva— el gobierno de Peña Nieto parecen estar ofreciendo resultados adecuados en ese rubro, que es el que más preocupa a los mexicanos según datos del Inegi. La situación a nivel de muchos gobiernos estatales y municipales es igualmente desalentadora.

¿Acaso tendremos que esperar al descubrimiento de la siguiente fosa llena de cuerpos para darnos cuenta que ya fueron demasiados los muertos y que hay que hacer algo para enfrentar desde el Estado de derecho a la delincuencia? ¿acaso no han sido suficientes las atrocidades que hemos visto en los años recientes como para hacernos despertar?

Investigador del IIJ de la UNAM

@MiguelCarbonell