Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
Dentro de la indignación y las protestas por la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa en el caso específico de Guerrero, varios incidentes de violencia, saqueos y destrucción de edificios públicos salieron del patrón de las manifestaciones pacíficas para exigir justicia y castigo a los responsables. Miembros de la CETEG y de la CNTE, junto con presuntos normalistas con el rostro cubierto, violentaron y atacaron instalaciones públicas y destruyeron archivos, documentos y constancias relacionadas; en casi todos los casos, con el manejo del presupuesto del estado o del municipio de Iguala. Y en ningún caso la policía local intervino para evitar la destrucción.
La primera acción de violencia, protagonizada por presuntos maestros de la CETEG, ocurrió el 13 de octubre en Chilpancingo contra el Palacio de Gobierno de Guerrero. En el ataque, además del mobiliario y las instalaciones, los “manifestantes” incendiaron varias áreas administrativas: una de ellas fue el archivo de la Secretaría de Finanzas, justo donde se guardaba documentación, reportes e informes sobre el manejo de los recursos públicos de la administración de Ángel Aguirre Rivero, y la otra fueron informes y padrones de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Fue casual?
El mismo patrón de comportamiento de esas hordas, escudadas en las protestas por los normalistas, se repitió el 22 de octubre en el Palacio Municipal de Iguala. Personas con el rostro cubierto arrasaron y destruyeron documentos y archivos ligados al manejo del presupuesto municipal. Igual ocurrió el viernes 24 de octubre en otra oficina donde también fueron quemados archivos documentales sobre los listados de jubilados y los pagos que se les hacían.
Por encima del hartazgo y la exigencia de justicia, ¿a quién beneficia que se perdieran, quemados y destruidos, documentos que podían probar o evidenciar el manejo del presupuesto del gobierno estatal, sobre todo en áreas sensibles como los programas sociales o la atención a sectores vulnerables que suelen ser objeto de clientelismo político?
Esa pregunta ha llevado a que en reportes de inteligencia se investigue si las células más violentas que participaron en esas tomas, saqueos e incendios de documentos y archivos públicos, no estaban realmente siguiendo órdenes para, en medio de la turba y la apariencia de rebelión popular, destruir pruebas documentales sobre la forma en que se manejaban los recursos públicos.
La duda surge porque en esos mismos reportes se señalan vínculos entre algunas facciones de la CETEG, la CNTE y el gobernador con licencia Aguirre Rivero. A la fecha, no sólo está documentado que la Policía Estatal permitió los saqueos y quemas, sino que no hubo investigaciones ni responsables de esas acciones. Y la pregunta vuelve a imponerse: ¿Fueron esos aparentes saqueos dirigidos desde alguna oficina gubernamental para destruir evidencias o documentos sobre los manejos presupuestales del estado o el municipio? ¿Qué querían ocultar al destruir esos archivos?
NOTAS INDISCRETAS… Con todo y el cobijo político que le dio el gobierno federal, el gobernador interino de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez, tendría que responder a dos señalamientos que le han hecho públicamente: que tenía vínculos con las FARC de Colombia y que dirigía un grupo de secuestros que buscaban financiar a la guerrilla extranjera. Ambos señalamientos obran en una denuncia penal de 2009 presentada en la PGR por el dirigente del Consejo Ciudadano de Seguridad, José Antonio Ortega Sánchez. Si la PGR no halló nada al respecto que lo diga, y si el nuevo gobernador no tuvo nada que ver, también que lo diga. Lo otro que tendría que precisar Ortega Martínez es su declaración donde se dice “admirador” de Aguirre Rivero. Porque, como dijo un lector, “los fans tratan de emular a sus ídolos” y si eso hará el interino, pobres guerrerenses… El fin de semana pasado hubo dos mensajes políticos interesantes en Veracruz. El primero fue el informe del senador José Yunes, al que asistieron más de 4 mil personas. Y no faltó quien dijera que fue como el “destape anticipado” del priísta que busca la gubernatura. El segundo mensaje fue de Nueva Alianza, que movilizó en Huatusco a 8 mil personas. Luis Castro, dirigente nacional de ese partido, fue hasta Veracruz a demostrar que el ex líder del SNTE, Rafael Ochoa Guzmán, quien recientemente abandonó Nueva Alianza y se pasó a Movimiento Ciudadano, no hizo mella a los neoaliancistas. “Si se fue, se fue solo”, se oyó en el mitin… Los dados se detienen. Por fin cayó Escalera.
sgarciasoto@hotmail.com
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