El Poder Legislativo se caracteriza por el gasto poco transparente de los recursos públicos que recibe. Un estudio de Integralia Pública y Borde Político concluyó que hay al menos cinco áreas de ejercicio con un “grave problema de opacidad presupuestal”.
El Congreso mexicano prevé aumentar su presupuesto en 10.32% sin justificar por qué necesita que su gasto anual pase de 10 mil 518 millones de pesos en 2014 a 11 mil 608 para el próximo año. En total, el incremento será de 8% para la Cámara de Diputados y de 15% para el Senado.
Además de que se planea un incremento presupuestal, para 2015 la intención de senadores y diputados es continuar con un ejercicio opaco: sin explicar en qué gastan y por qué existen partidas que poco tienen que ver con el trabajo legislativo, denuncian los centros de estudio Integralia Pública y Borde Político.
“Hay mucho dinero y al mismo tiempo hay mucha opacidad (…) Detrás de la corrupción está la falta de información pública y la ausencia de transparencia en el manejo de recursos públicos. La corrupción asociada a la falta de transparencia y de información pública también es la conductora de las desigualdades sociales”, dijo Ricardo Espinoza, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios durante la presentación del proyecto Opacidad Presupuestaria: El gasto legislativo en México, 2007-2015 a cargo de esos dos centros de estudio.
El informe hace énfasis en la incongruencia que existe entre que el Congreso sea el encargado de revisar y aprobar el presupuesto federal cuando el que ellos ejercen “carece de una fundamentación sólida y clara en los conceptos y montos de las partidas”.
Borde Político e Integralia encontraron cinco áreas en las que se refleja el problema de opacidad presupuestaria:
-Los motivos. Los centros de estudio alertan que las razones de legisladores para explicar por qué aumentar el presupuesto en el Congreso equivale a escribir 32 tuits, sin fundamento ni metas específicas.
“Deberían decir en qué se va a gastar, por qué hay incrementos o reducciones. No necesariamente es la cantidad de propuestas, sino la calidad de las mismas. Ellos dicen que van aumentar porque hay un cambio de legislatura tras un proceso electoral, lo cual es cierto sólo para la Cámara de Diputados, pero sobre todo argumentan que tienen que apegarse a ciertos estándares mínimos de productividad pero no te dicen cuáles son”, explicó Gustavo Rivera Loret de Mola, director ejecutivo de Integralia Pública.
-Las subvenciones de grupos parlamentarios. El monto (2 mil 477.5 millones de pesos) que ejercieron los diputados durante los primeros 24 meses de esta Legislatura es 56% mayor respecto al mismo periodo de la Legislatura anterior sin que existan datos de por qué fue necesario el incremento.
Por partido, el aumento en esta Legislatura en comparación con la anterior es de 42.9% para el PRI, 23.46% para el PAN, 132.22% para el PRD y 88.96% para el PVEM.
“Es un gasto no comprobable. No hay forma de saber a qué se destina ni quién lo gasta”, dijo Rivera Loret de Mola.
Actualmente las subvenciones representan entre 20 y 25% del presupuesto total del Congreso y sólo es posible conocer cuánto recibe cada grupo parlamentario.
-Los recursos que reciben comisiones. Pese a que el trabajo legislativo se basa en lo que ocurre en Comisiones, éstas no tienen recursos etiquetados para operar.
“No se puede identificar exactamente qué partes del presupuesto van a parar a Comisiones, sólo se puede inferir cómo se reparte el dinero. No se puede medir la calidad de su gasto, por lo tanto no lo podemos evaluar ni emitir propuestas para mejorarlo”.
-El reacomodo de partidas. En el periodo 2007-2015, los proyectos de presupuesto del Congreso han etiquetado bajo diferentes nombres los gastos de los legisladores, entre los que entran las mismas subvenciones y los viáticos, lo que dificulta la identificación de los montos y la comparación de los mismos a través de los años.
“Abre la puerta para que los legisladores y grupos parlamentarios reporten su gasto en un nivel de agregación suficiente para cumplir con las normas de transparencia mínimas pero insuficiente para saber en qué gastan y a dónde se van los recursos”, dijo Mariana Niembro, directora general de Borde Político.
Los viáticos, por ejemplo, han estado etiquetados en partidas como “servicios oficiales” o “servicios de traslados”.
“No hay justificación clara para el cambio de estas partidas. Necesitamos que el Congreso justifique y explique en qué está gastando nuestros recursos sin estrategias”.
-La información presupuestaria. El presupuesto no se presenta desagregado y no se refleja de forma exhaustiva el destino de los recursos. Por ejemplo, en el proyecto de 2015 de la Cámara de Diputados existe el capitulo de “Servicios generales” con mil 665 millones de pesos, el cual contiene el concepto de “otros servicios generales” con 981 millones asignados. En ninguna parte se explica qué significan esos ‘otros servicios’.
Sin rendición de cuentas
En sus conclusiones, Integralia Pública y Borde Político insisten en que el Congreso debe publicar información sobre cómo usa los recursos, incluyendo indicadores de desempeño y el ejercicio de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios.
En general, acusan que los recursos del Congreso se gastan sin rendición de cuentas y sin acceso a la información presupuestal, la cuál sólo está en manos de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
“Fuera del círculo cercano de los coordinadores parlamentarios los mismos legisladores no saben bien en qué se está gastando. Hay falta de información inclusive entre los legisladores, salvo los integrantes de la Junta de Coordinación Política que controlan la parte económica y política del Congreso. Hay un conflicto de interés, son encargados de asignar las partidas y de evaluar la manera en la que se gasta y fiscalizar”, dijo Gustavo Rivera Loret de Mola, director ejecutivo de Integralia Pública.
La investigadora de la UAM-Iztapalapa, Laura Valencia Escamilla, propone que un órgano autónomo tenga facultades para evaluar el gasto del Congreso y determinar si éste cumple con las metas que se propone año con año.
“En caso de que no se cumpla con sus propias metas debería haber un tipo de sanción. Actualmente hay a información poco clara, opaca, no hay una diversificación de metas, y no tenemos partidas específicas para poder evaluar el ejercicio del gasto. En estas circunstancias difícilmente sabemos para qué aumentar el presupuesto, pues no sabemos en qué se utilizó. Año con año nos dicen cuánto dinero tienen pero no en qué lo utilizarán y eso es lo que produce la opacidad”.
Además de que se planea un incremento presupuestal, para 2015 la intención de senadores y diputados es continuar con un ejercicio opaco: sin explicar en qué gastan y por qué existen partidas que poco tienen que ver con el trabajo legislativo, denuncian los centros de estudio Integralia Pública y Borde Político.
“Hay mucho dinero y al mismo tiempo hay mucha opacidad (…) Detrás de la corrupción está la falta de información pública y la ausencia de transparencia en el manejo de recursos públicos. La corrupción asociada a la falta de transparencia y de información pública también es la conductora de las desigualdades sociales”, dijo Ricardo Espinoza, presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios durante la presentación del proyecto Opacidad Presupuestaria: El gasto legislativo en México, 2007-2015 a cargo de esos dos centros de estudio.
El informe hace énfasis en la incongruencia que existe entre que el Congreso sea el encargado de revisar y aprobar el presupuesto federal cuando el que ellos ejercen “carece de una fundamentación sólida y clara en los conceptos y montos de las partidas”.
Borde Político e Integralia encontraron cinco áreas en las que se refleja el problema de opacidad presupuestaria:
-Los motivos. Los centros de estudio alertan que las razones de legisladores para explicar por qué aumentar el presupuesto en el Congreso equivale a escribir 32 tuits, sin fundamento ni metas específicas.
“Deberían decir en qué se va a gastar, por qué hay incrementos o reducciones. No necesariamente es la cantidad de propuestas, sino la calidad de las mismas. Ellos dicen que van aumentar porque hay un cambio de legislatura tras un proceso electoral, lo cual es cierto sólo para la Cámara de Diputados, pero sobre todo argumentan que tienen que apegarse a ciertos estándares mínimos de productividad pero no te dicen cuáles son”, explicó Gustavo Rivera Loret de Mola, director ejecutivo de Integralia Pública.
-Las subvenciones de grupos parlamentarios. El monto (2 mil 477.5 millones de pesos) que ejercieron los diputados durante los primeros 24 meses de esta Legislatura es 56% mayor respecto al mismo periodo de la Legislatura anterior sin que existan datos de por qué fue necesario el incremento.
Por partido, el aumento en esta Legislatura en comparación con la anterior es de 42.9% para el PRI, 23.46% para el PAN, 132.22% para el PRD y 88.96% para el PVEM.
“Es un gasto no comprobable. No hay forma de saber a qué se destina ni quién lo gasta”, dijo Rivera Loret de Mola.
Actualmente las subvenciones representan entre 20 y 25% del presupuesto total del Congreso y sólo es posible conocer cuánto recibe cada grupo parlamentario.
-Los recursos que reciben comisiones. Pese a que el trabajo legislativo se basa en lo que ocurre en Comisiones, éstas no tienen recursos etiquetados para operar.
“No se puede identificar exactamente qué partes del presupuesto van a parar a Comisiones, sólo se puede inferir cómo se reparte el dinero. No se puede medir la calidad de su gasto, por lo tanto no lo podemos evaluar ni emitir propuestas para mejorarlo”.
-El reacomodo de partidas. En el periodo 2007-2015, los proyectos de presupuesto del Congreso han etiquetado bajo diferentes nombres los gastos de los legisladores, entre los que entran las mismas subvenciones y los viáticos, lo que dificulta la identificación de los montos y la comparación de los mismos a través de los años.
“Abre la puerta para que los legisladores y grupos parlamentarios reporten su gasto en un nivel de agregación suficiente para cumplir con las normas de transparencia mínimas pero insuficiente para saber en qué gastan y a dónde se van los recursos”, dijo Mariana Niembro, directora general de Borde Político.
Los viáticos, por ejemplo, han estado etiquetados en partidas como “servicios oficiales” o “servicios de traslados”.
“No hay justificación clara para el cambio de estas partidas. Necesitamos que el Congreso justifique y explique en qué está gastando nuestros recursos sin estrategias”.
-La información presupuestaria. El presupuesto no se presenta desagregado y no se refleja de forma exhaustiva el destino de los recursos. Por ejemplo, en el proyecto de 2015 de la Cámara de Diputados existe el capitulo de “Servicios generales” con mil 665 millones de pesos, el cual contiene el concepto de “otros servicios generales” con 981 millones asignados. En ninguna parte se explica qué significan esos ‘otros servicios’.
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Sin rendición de cuentas
En sus conclusiones, Integralia Pública y Borde Político insisten en que el Congreso debe publicar información sobre cómo usa los recursos, incluyendo indicadores de desempeño y el ejercicio de las subvenciones que reciben los grupos parlamentarios.
En general, acusan que los recursos del Congreso se gastan sin rendición de cuentas y sin acceso a la información presupuestal, la cuál sólo está en manos de los integrantes de la Junta de Coordinación Política.
“Fuera del círculo cercano de los coordinadores parlamentarios los mismos legisladores no saben bien en qué se está gastando. Hay falta de información inclusive entre los legisladores, salvo los integrantes de la Junta de Coordinación Política que controlan la parte económica y política del Congreso. Hay un conflicto de interés, son encargados de asignar las partidas y de evaluar la manera en la que se gasta y fiscalizar”, dijo Gustavo Rivera Loret de Mola, director ejecutivo de Integralia Pública.
La investigadora de la UAM-Iztapalapa, Laura Valencia Escamilla, propone que un órgano autónomo tenga facultades para evaluar el gasto del Congreso y determinar si éste cumple con las metas que se propone año con año.
“En caso de que no se cumpla con sus propias metas debería haber un tipo de sanción. Actualmente hay a información poco clara, opaca, no hay una diversificación de metas, y no tenemos partidas específicas para poder evaluar el ejercicio del gasto. En estas circunstancias difícilmente sabemos para qué aumentar el presupuesto, pues no sabemos en qué se utilizó. Año con año nos dicen cuánto dinero tienen pero no en qué lo utilizarán y eso es lo que produce la opacidad”.
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