J. Jesús Esquivel
WASHINGTON
(apro).- Doce Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) denunciaron al
Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) por impunidad, encubrimiento y ocultamiento del proceso de las
pesquisas en distintos casos de violación de derechos humanos.
En cinco audiencias realizadas este jueves durante el 153 Periodo de
Sesiones de la CIDH, la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa,
Guerrero, y la ejecución de 22 jóvenes a manos de militares en
Tlatlaya, Estado de México, sirvieron como emblema para descalificar al
gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de la defensa de las
garantías individuales.
“México es un país de contradicciones, es un país adolorido que no
puede tolerar más la simulación”, denunció Jaqueline Sáenz Andujo,
coordinadora del área de derechos humanos de la organización Fundar.
“La ejecución extrajudicial de 22 jóvenes en Tlatlaya, como ejemplo
de la impunidad, ha sido ignorada, maquillada y escondida”, agregó ante
la CIDH y frente a la delegación de funcionarios del gobierno mexicano
que participó en el encuentro.
En la sesión del organismo de la defensa de los derechos humanos de
la OEA, los representantes de las ONG´s que asistieron a nombre de la
sociedad civil mexicana leyeron uno a uno los nombres de los 43
normalistas desaparecidos en Iguala y de las seis personas que
perdieron la vida el pasado 26 de septiembre. Enseguida pidieron
guardar un minuto de silencio en su memoria.
A cada participación, los representantes de Fundar, Artículo XIX,
Asociadas por lo Justo, Ciudadanos en Apoyo de los Derechos Humanos,
Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Centro de
Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Centro de los Derechos
Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de
Córdova, Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos
Humanos Documenta, Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos
y Propuesta Cívica Sin Fronteras, se quejaron de la incapacidad del
gobierno de Peña Nieto para encontrar a los 43 normalistas a más de 30
días de los hechos, así como para resolver las denuncias de más de 26
mil personas desaparecidas en los últimos ocho años.
“Fue el Estado”, sentenció por su parte María Luisa Aguilar
Rodríguez, coordinadora del área internacional del Centro de Derechos
Humanos de la Montana Tlachinollan, al abordar el asunto de los
normalistas de Ayotzinapa.
En respuesta a las quejas y las denuncias, Lia Limón, subsecretaria
de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, reconoció de
manera indirecta la incapacidad del gobierno federal para solucionar el
caso de los estudiantes desaparecidos.
“Nunca se puede decir que se está haciendo lo suficiente cuando nos enfrentamos a hechos como los de Iguala”, dijo.
Juan Manuel Gómez Robledo, subsecretario para Asuntos Multilaterales
y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores –quien
encabezó la delegación mexicano ante las audiencias de la CIDH–;
rechazó la queja de las ONG´s.
“No hay política de Estado en materia de violación de derechos humanos”, afirmó.
Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la CIDH, hizo eco de
las denuncias de la sociedad civil mexicana sobre la crisis de derechos
humanos por la que atraviesa México. Consideró que casos como el de
Ayotzinapa y Tlatlaya “ya no son sorpresa, sino un patrón recurrente”.
En el mismo tono, acotó que la desaparición de los 43 normalistas
“pone en evidencia los limites reales del Estado Mexicano para buscar a
personas desaparecidas”.
Antes de iniciar las audiencias sobre México, unas 30 personas se
manifestaron ante la entrada del edificio sede de la CIDH, en
Washington, para exigir al gobierno de Peña Nieto que “devuelva vivos”
a los 43 normalistas de Ayotzinapa y que se castigue con el peso de la
ley a los que resulten responsables de este “crimen de Estado”.
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