Los
ministros inician este miércoles la discusión sobre si son
constitucionales o no los ejercicios que promueven PRI, PAN, PRD y
Morena
Por Mauricio Torres
CIUDAD DE MÉXICO (CNNMéxico) — La posibilidad
de que en 2015 se realicen cuatro consultas populares llega a un
momento clave este miércoles, cuando la Suprema Corte de Justicia de la
Nación (SCJN) inicie el debate sobre si los temas de estos ejercicios
son constitucionales o no.
El aval de la SCJN a una petición de consulta es el último requisito
que se debe cumplir para que un ejercicio de este tipo sea convocado
por el Instituto Nacional Electoral (INE), según la reforma política de
2012 y la ley reglamentaria que entró en vigor este año.
Los ministros tendrán que pronunciarse en torno a cuatro solicitudes:
dos de los partidos de izquierda de la Revolución Democrática (PRD) y
Movimiento Regeneración Nacional (Morena) para someter a consulta la
reforma energética de 2013, una del Partido Acción Nacional (PAN) sobre
el salario mínimo y una más promovida por el Partido Revolucionario
Institucional (PRI) que plantea reducir el número de legisladores
federales por representación proporcional.
Se prevé que la primera solicitud a debate sea la del PAN, cuyo
análisis fue el primero en quedar concluido y enviado al pleno de la
SCJN, informó el área de prensa del máximo tribunal.
Este proyecto —que todavía no es público— fue elaborado por el
ministro José Ramón Cossío y debe plantear si es constitucional o no la
intención del PAN de consultar a la gente si estaría de acuerdo con un
aumento del salario mínimo, de manera que éste sea "digno" y pueda
cubrir las necesidades de una familia.
Se tiene previsto que la segunda solicitud a discusión sea la de Morena y la tercera la del PRD.
Ambas buscan echar atrás la reforma energética impulsada por el
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, con la cual se abrió el
sector a la inversión privada nacional y extranjera.
Sin embargo, líderes del PRI y algunos analistas consideran que este tema no es constitucional,
puesto que se relaciona con los ingresos y gastos del Estado y la Carta
Magna prohíbe que este asunto sea sometido a consulta. Según la
legislación mexicana, otros asuntos prohibidos son la materia
electoral, la restricción de los derechos humanos, la seguridad
nacional y la organización de las Fuerzas Armadas.
El líder de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, dijo al
respecto este martes que el partido confía en que la SCJN hará un
análisis "estrictamente jurídico" de la materia. Durante un breve
encuentro con medios, agregó que algunos líderes del PRD se reunirán
este miércoles con los ministros, previo al arranque del debate.
"Yo espero que pueda haber un análisis estrictamente jurídico,
constitucional, de las solicitudes, yo eso es lo que espero, que nos
ajustemos a un rigor legal", señaló.
La última solicitud que entraría a discusión es la del PRI, que
plantea preguntar a los ciudadanos si estarían de acuerdo o no con
eliminar 100 de los 200 diputados plurinominales y los 32 senadores que
se eligen también por el principio de representación proporcional.
Para la dirigencia priista, esta medida ayudaría a la construcción
de acuerdos en el Congreso. Sin embargo, militantes del PRD tachan la
propuesta de populista y afirman que no es constitucional porque se
relaciona con la materia electoral.
Según la ley reglamentaria, la SCJN está facultada para modificar la
pregunta de cada solicitud de consulta, con el fin de evitar que sea
tendenciosa y para que tenga un lenguaje "neutro, sencillo y
comprensible". Además, una vez que llegue a una resolución, debe
comunicarla al Congreso en un plazo máximo de 24 horas.
Aquellas consultas que sean aceptadas por la SCJN deberán ser
organizadas por el INE y realizadas el mismo día de las elecciones
federales del próximo año, es decir, el domingo 7 de junio.
Por ley, para que los resultados de una consulta sean vinculantes y
obliguen a las instituciones involucradas a acatarlos, en el ejercicio
debe participar al menos 40% del electorado, lo que equivale a
alrededor de 30 millones 830,000 ciudadanos mexicanos
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