Jesusa Cervantes
MÉXICO,
D.F. (apro).- El grupo legislativo para esclarecer el caso Tlatlaya
decidió “pedir permiso” al Ejecutivo federal para que “considere la
posibilidad” de invitar a la Corte Penal Internacional (CPI) y al
relator especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o
Arbitrarias de las Naciones Unidas para que venga a México y recaben
información.
A través de la recolección de firmas y llevando y trayendo la
propuesta a cada oficina de los diputados que conforman el grupo de
trabajo, la presidenta de la comisión, Elena Tapia Fonllem, logró
finalmente que se avalara el plan de acción y en el que también destaca
celebrar audiencias, “por separado, con las víctimas y sus familiares,
testigos, vecinos de la zona y colectivos que defienden a los
imputados” para recibir sus testimonios y propuestas.
Se aclara que las audiencias podrán ser privadas.
Los diputados aprobaron también trasladarse a la comunidad de San
Pedro Limón, Tlatlaya, comunidad mexiquense donde el 30 de junio el
Ejército ejecutó a un grupo de civiles, según determinó la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Los legisladores buscarán un encuentro con los militares involucrados en los hechos.
Además, intentarán reunirse con las autoridades involucradas, en
especial el secretario de la Defensa Nacional; además, pedirán a la
Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas que respalde a víctimas,
sobrevivientes y familiares.
Otro acuerdo de la comisión de trabajo fue hablar con los médicos
forenses y personal de salud que participaron en las primeras autopsias
de los ejecutados y con quienes atendieron al soldado herido.
Finalmente, el grupo de trabajo buscará a los periodistas que han abordado el caso.
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