Las
mujeres de América Latina (AL) enfrentan una severa crisis de
violaciones a sus derechos sexuales y reproductivos, denunciaron
activistas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
durante su 153 periodo de sesiones que se celebra en Washington.El Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) y la Red de Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLC) –junto con otras organizaciones– abordaron la falta de reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, el incremento en la violencia obstétrica, los embarazos en adolescentes, y la criminalización de las mujeres que interrumpen sus embarazos.
Durante la audiencia temática sobre esos derechos, las organizaciones, entre las que se encontraba Católicas por el Derecho a Decidir (CDD), señalaron que si bien hay especificidades en cada una de las naciones de AL, regionalmente hay una restricción para que las mujeres accedan a sus derechos.
Esto –dijeron– se ve reflejado en que AL, pese a los compromisos asumidos internacionalmente por cada país, tiene una alta tasa de mortalidad materna (MM), ya que a nivel regional la razón es de 81 defunciones por cada 100 mil nacidos vivos. Bolivia es la nación con la tasa más elevada con 91 decesos por 100 mil nacidos vivos.
A lo que se suma que a diferencia de las tasas de natalidad en mujeres adultas que disminuyen constantemente, el embarazo en adolescentes se incrementa continuamente. Y es que en AL una de cada cuatro mujeres presenta un embarazo antes de cumplir los 20 años de edad.
Señalaron que se cuenta con poca información sobre los embarazos en menores de 14 años, pues en ellas las gestaciones son comúnmente relacionadas a violencia sexual e incesto, “de lo que apenas conocemos la punta del iceberg”, advirtieron.
Expusieron también la severa limitación para acceder a la Pastilla de Anticoncepción de Emergencia (PAE), ya que en Honduras está completamente prohibida y en Perú sólo se comercializa y no se oferta en el sector público, lo que es una violación a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Esas limitaciones de acceso a anticonceptivos se dan en un contexto de severa criminalización del aborto y en el que los países no han revisado sus legislaciones para la interrupción legal del embarazo, y expusieron el caso de las 17 salvadoreñas encarceladas por el delito de aborto, cuando en realidad presentaron abortos espontáneos.
Las activistas también advirtieron la inexistencia de políticas públicas adecuadas, bajos presupuestos, y el sistemático maltrato y agresión que se comete en los “deficientes servicios de salud, en donde no existe alguna capacitación del personal sobre DH y perspectiva de género”.
Dentro de esos servicios también se dan actitudes severamente discriminatorias para las mujeres indígenas y lesbianas.
Por ello solicitaron a la CIDH que a su vez pida a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) considerar los derechos sexuales y reproductivos como un tema prioritario en su agenda.
También demandaron un seguimiento puntual sobre las acciones específicas de las naciones para garantizar esos derechos, y de ser posible realizar visitas periódicas a las naciones con mayor vulneración a estas garantías.
Por: Anaiz Zamora Márquez
Cimacnoticias | México, DF.-
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