José Gil Olmos
MÉXICO,
D.F. (apro).- En marzo de 1989 el joven estudiante estadunidense de la
Universidad de Bronsville, Mark Kilroy, fue reportado desaparecido
luego de que sus amigos springbreakers lo perdieron en las calles de
Matamoros. Sus familiares ofrecieron una recompensa para quien diera
información de su paradero. Un mes después su cuerpo apareció mutilado
en una de las 12 fosas clandestinas que un grupo de narcotraficantes
cavaron en el rancho Santa Elena casi pegado a la línea fronteriza con
el estado de Texas.
El estudiante había sido victimado por un grupo de narcotraficantes
comandado por el cubano-estadunidense Adolfo de Jesús Constanzo, quien
además de traficar droga era el sumo sacerdote de una secta que
realizaba sacrificios humanos como parte de la práctica de los rituales
de magia negra, santería y palo mayombe para protegerse de las otras
bandas o de las autoridades mexicanas y estadunidenses.
El descubrimiento de las 12 fosas clandestinas en Matamoros en 1989
es quizá el primer registro que se tiene de esta práctica que el crimen
organizado ha convertido en una estrategia y hasta en un hábito dentro
de sus métodos de aniquilación y desaparición de personas.
Durante la llamada Guerra Sucia, esta práctica fue usada por las
fuerzas policiacas y militares del Estado mexicano como parte de su
estrategia de contrainsurgencia. Algunos datos extraoficiales señalan
que al menos hubo 200 cuerpos en fosas clandestinas ubicadas en algunas
entidades como Guerrero, de un total de mil 500 desaparecidos por
razones políticas.
Pero este número no se compara con los dos mil cuerpos que han sido
encontrados en 400 fosas clandestinas del 2006 al 2014 localizadas en
24 estados, de acuerdo con informes periodísticos atribuidos a la
Procuraduría General de la República (PGR), publicados en distintos
medios este año.
El hallazgo de las fosas clandestinas o “narcofosas” como ya se les
conoce, es una prueba más de la existencia de una guerra en México con
un saldo de más de 100 mil muertos y 26 mil desaparecidos. Una guerra
que todos los días registra víctimas y que en el caso de las fosas
clandestinas comprueba la formación de un “Narco Estado” en el cual
criminales y autoridades forman un solo cuerpo de gobierno que actúa
por encima de todas las leyes.
Ocultar cuerpos en fosas clandestinas ha sido una práctica de
dictaduras como en Argentina, Chile, Guatemala y varios países de
África, pero también de guerras genocidas como la de Bosnia, donde
desde 1992 desaparecieron 30 mil personas, según el Instituto para
Personas Desaparecidas de Bosnia-Herzegovina, 18 mil de las cuales ha
sido localizadas en fosas escondidas en las montañas.
Del 2001 a la fecha, la Comisión Internacional de Personas
Desaparecidas ha identificado a 16 mil 200 personas, cruzando los datos
genéticos de un padrón de 89 mil familiares que reportaron a sus seres
queridos como desaparecidos.
Para realizar esta identificación llevan a cabo un cuidadoso
protocolo científico y ético que da a las familias confianza del
trabajo que se está realizando el cual, al final, ayudará a cerrar un
doloroso proceso de duelo.
En México no tenemos datos oficiales exactos del número de fosas que
se ha encontrado en 24 estados. Miles de familias se han convertido en
investigadoras judiciales proporcionando a las autoridades el producto
de sus indagaciones. Pero esto ha sido infructuoso, muchas de estas
autoridades están al servicio del crimen organizado o forman parte del
mismo.
El descubrimiento de las fosas en Guerrero vuelve a reafirmar el
rostro de terror que el “Narco Estado” ha configurado con el tiempo en
casi todo el país. Un terror que no acaba pues cuando pensamos que ya
se tocó fondo, vuelve a surgir un nuevo caso más terrible y confirma
una vez más el cogobierno de crimen organizado y la clase política
mexicana.
Twitter: @GilOlmos
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