Grupos civiles, académicas y expertas en migración femenina exigieron a la Cámara de Diputados y al Senado reformar el marco normativo en la materia, para garantizar el derecho a la salud, la educación y al trabajo de las mujeres migrantes.
Al término del Segundo Simposio Internacional “Feminización de las migraciones”, realizado en esta capital los días 22, 23 y 24 de octubre, el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi), Incide Social y Sin Fronteras pidieron en un comunicado enviado a las y los legisladores iniciar un plan de trabajo que atienda las problemáticas prioritarias de las migrantes.
Las activistas plantearon al Poder Legislativo, en especial a la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, presidida por la diputada del PRD Amalia García, que promueva la creación de un Anexo para el tema migratorio en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2015 (PEF) y apoyar así una adecuada implementación y seguimiento del Programa Especial de Migración (PEM) 2014-2018 y otras políticas al respecto.
También solicitaron que en el Anexo 12 Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del PEF 2015 se desagreguen los indicadores de cada programa presupuestario, para identificar a la población migrante impactada; además de promover el monitoreo, transparencia y rendición de cuentas en la implementación del PEM, el Proigualdad y otras políticas públicas en beneficio de las mujeres migrantes.
Otra exigencia fue homologar la Ley de Migración con los estándares del derecho internacional y la realidad migratoria mexicana; además de implementar la Recomendación General Número 26 del Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) sobre las trabajadoras migrantes.
Igualmente, las activistas demandaron acciones afirmativas que garanticen el acceso al trabajo a las mujeres migrantes, en particular de las trabajadoras del hogar, agrícolas o que desempeñen actividades de manera independiente.
Otras peticiones fueron las de armonizar el marco normativo a fin de que los Registros Civiles estatales cumplan con lo establecido en el artículo cuarto constitucional sobre garantizar la identidad y actos civiles a cualquier persona independientemente de su nacionalidad.
Las expertas demandaron facilitar la incorporación, revalidación y acreditación de la educación para la población migrante o mexicana que no ha podido acreditar su nacionalidad mexicana, y generar acciones con actores nacionales e internacionales para que los agentes migratorios en México actúen conforme al interés superior de la niñez, tomando en cuenta el principio de unidad familiar y las dinámicas de las “familias trasnacionales”.
Debido a que muchas de las mujeres migrantes que llegan a México acceden a empleos como tareas del hogar y de cuidado remuneradas, las activistas recordaron la necesidad de ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre las empleadas del hogar, así como la adopción de la Recomendación 201 sobre el trabajo decente.
Asimismo pidieron definir qué acciones se están llevando a cabo en todo el país para ejecutar el Programa Integral Frontera Sur y los retenes en los que se violentan los Derechos Humanos (DH) de la población migrante.
También solicitaron evitar el uso de eufemismos, como “alojamiento” en lugar de detención, sobre todo en el tema de acceso a la justicia y privación de la libertad en Estaciones Migratorias, lo que impide un efectivo goce de los DH de las personas migrantes y sus familiares.
Foto: Cortesía Comunicación Social Cámara de Diputados
Por: la Redacción
Cimacnoticias | México, DF.- 
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