Un primer paso para recuperar la armonía social es contar con un presidente de la CNDH que le de prestigio y credibilidad a esta institución en este México convulsionado por la delincuencia y las reformas depredadoras.
Guerrero es un reflejo magnificado de lo que pasa en la República,
sólo una visión reduccionista puede restringir este tema al ámbito
estrictamente local. La violencia criminal y las reformas estructurales
han despertado al México bronco.
La
crisis económica, la fallida estrategia de combate al crimen
organizado, la narcopolítica y las reformas regresivas del Pacto por
México han convertido al país en una pradera seca, un pastizal seco que
cualquier chispa o cerillo puede prender. Ese cerillo fue Iguala, donde
aconteció la incalificable brutalidad en contra de los jóvenes de
Ayotzinapa.
Las
movilizaciones sociales que acontecen nacional e internacionalmente de
solidaridad, repudio y exigencia de que regresen con vida los 43
jóvenes, son la parte más intensa de expresiones de rechazo social a la
violencia y a las complicidades del poder que han permitido el actual
estado de cosas.
Distintos hechos de los últimos días confirman esta grave problemática. La conocida tuitera Felina de Reynosa, Tamaulipas, María del Rosario Fuentes Rubio, que fue secuestrada y se difundieron imágenes de su propia cuenta, hackeada
por sus captores, donde aparece sin vida; el asesinato de Jesús Esparza
Villegas, estudiante de la universidad de Guadalajara, detenido por
policías y hallado muerto en Guanajuato, a quién ahora las autoridades
locales de aquella entidad pretenden presentar como un delincuente.
Las corporaciones policíacas en todos sus niveles sufren la infiltración de la delincuencia
y malos elementos del propio ejército han cometido excesos que merecen
ser castigados rigurosamente como las ejecuciones de 22 personas en
Tlatlaya, Estado de México, la tierra de Enrique Peña Nieto, las cuales
en forma inmediata fueron felicitadas por el gobernador mexiquense
Eruviel Ávila, quién sigue sosteniendo que se trató de un
enfrentamiento, no conforme con ello personal del ministerio público
del Estado de México adulteró la escena del crimen y obstruyó las
investigaciones.
Si
hubiera congruencia Eruviel Ávila debería pedir licencia y ser
investigado y la demanda la debería encabezar el propio Peña Nieto.
Otros
Gobernadores como el de Sonora, que ha cometido desmedidos actos de
corrupción y el de Puebla, cuyo gobierno es responsable de la pérdida
de vida de un menor en Chalchihuapan, producto de su nociva Ley Bala,
también deberían dejar sus cargos.
En
el caso de Guerrero, hemos señalado que la solicitud de licencia de
Ángel Aguirre al Gobierno debe abrir un espacio para analizar de manera
integral la situación política, social y de seguridad pública que
enfrenta el estado.
Y
desde luego la primera exigencia que hay para los tres órdenes de
gobierno es encontrar con vida a los 43 jóvenes desaparecidos y
castigar con todo el peso de la ley a los responsables de los
asesinatos, los heridos y los desaparecidos en Iguala los días 26 y 27
de septiembre pasado. Esa debe ser la primera preocupación para
reconstruir el tejido social en Guerrero.
En
el tema de Guerrero se ha soslayado y minimizado la responsabilidad
federal. Con inmensos recursos en materia de seguridad, inteligencia y
combate al crimen organizado es inaudito que no hayan podido intervenir
las fuerzas militares y policíacas federales en forma oportuna para
perseguir eficazmente al alcalde de Iguala y su esposa, cuyos vínculos
con la delincuencia organizada se han referido desde hace años. O que
se mencione tenuemente la responsabilidad del Ejército que cuenta con
el batallón 27 en plena ciudad de Iguala y que el día de los hechos no
defendieron a los jóvenes de Ayotzinapa.
Es muy importante además ubicar el contexto social, parte del desgaste político
que enfrentó el gobierno de Ángel Aguirre es producto también de haber
apoyado reformas como la educativa, que en el caso de Guerrero,
movilizaron a un sector importantísimo como es el de los maestros de la
coordinadora guerrerense, de la CETEG, quienes rompieron con el
gobierno a partir de esta reforma, situación que se agudizó a partir de
los hechos criminales de Iguala con los jóvenes de Ayotzinapa.
En
el espíritu privatizador, excluyente y discriminatorio de la reforma
educativa puede explicarse gran parte de las movilizaciones
magisteriales y educativas. El Pacto por México y sus reformas han
polarizado al país y han dañado nuestra frágil estabilidad social. Que
cada uno de los signa tes y promotores de este engendro asuma su
responsabilidad frente a la nación.
No
es un asunto solo de personas, es un asunto de la política que se
aplica y de las decisiones que se tienen que tomar, empezando también
por el Gobierno Federal que es corresponsable también por no atender su
función de perseguir los delitos federales, como la delincuencia
organizada y las desapariciones forzadas que acontecen en la entidad.
En
este contexto de crisis humanitaria y de derechos humanos en el país se
presenta la renovación de la presidencia de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos. Han pasado la aduana inicial 21 aspirantes, uno de
ellos es el impresentable y su pura inclusión es una señal ominosa. Me
refiero a Raúl Plascencia Villanueva. Su sola postulación es una burla
y una provocación. Ha sido omiso, faccioso y corrupto.
El periódico Reforma
ha publicado información muy importante respecto al manejo
administrativo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en la
gestión de Raúl
Plascencia Villanueva. Los mexicanos nos enteramos que el Ombudsman
nacional está por estrenar una residencia construida en un terreno de
795 metros cuadrados en Jardines del Pedregal con un valor de 20
millones de pesos. El sueldo mensual neto de Plascencia, contemplado en
el Presupuesto de Egresos de la Federación, asciende a 131 mil 736
pesos, lo que multiplicado por los 60 meses de su presidencia equivale
a 7.9 millones de pesos.
Ese día,
el mismo diario da a conocer algunas irregularidades del personal de la
CNDH en el ejercicio del presupuesto destinado a la obra pública, pues
se ha rebasado el tope legal para asignar contratos por adjudicación
directa y hacer un carrusel con sus contratistas consentidos quienes
ganan las adjudicaciones cada determinado tiempo. Las irregularidades
en el ejercicio del gasto de obra pública hacen pensar que esos
contratistas han realizado las obras de demolición y construcción de la
millonaria residencia de Plascencia Villanueva.
A
pesar de la gravedad de los señalamientos, el Ombudsman nacional
pretende burlarse de los mexicanos a quienes supuestamente defiende,
acusando al periódico de montar una campaña de desinformación y
desprestigio en su contra. El mismo Ombudsman, que hace semanas señaló
que las críticas a su gestión eran ataques contra las instituciones, ha
afirmado que cualquier evento a la integridad física de él y su familia
será responsabilidad de Reforma. En su supuesta “aclaración”
no hay una sola palabra respecto de dónde salieron los recursos para
construir la suntuosa residencia que está por estrenar.
A lo largo de este año he señalado que Raúl
Plascencia carece de la calidad moral para ser el Ombudsman nacional.
Los hechos recientes me dan la razón. Exijo que sin mayores trámites el
presidente de la CNDH informe a la opinión pública de dónde salió el
dinero para comprar su nueva residencia.
Un
primer paso para recuperar la armonía social es contar con un
presidente de la CNDH que le de prestigio y credibilidad a esta
institución en este México convulsionado por la delincuencia y las
reformas depredadoras.
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