Entrevista a Ana Ceceña, economista y analista política
Federico Larsen
Miradas al Sur
La
reconocida economista y analista mexicana dialogó con Miradas al Sur
acerca de la creciente crisis política desatada por la desaparición de
43 estudiantes en el municipio de Iguala, del estado de Guerrero.
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Guerreros
Unidos, Los Rojos, La Familia, Los Caballeros Templarios, son solamente
algunos de los nombres de las organizaciones criminales del Estado de
Guerrero, México, que han comenzado a aparecer con fuerza en las
páginas de la prensa internacional en las últimas semanas. Todos
nombres que remiten a la fuerza, la virilidad, la lealtad, y que han
servido para firmar las peores atrocidades cometidas en ese paraíso
turístico en las últimas décadas. Según datos oficiales, solamente en
2013 se cometieron allí 2.203 homicidios. Una tasa de 63 asesinatos
cada 100.000 habitantes, la más alta del país. Pero aun esos datos
tienen el defecto de estar basados sobre lo que las autoridades
federales y distritales registran, y en los últimos tiempos quedó más
que claro que esa información es muy poco confiable. Porque si hay algo
que caracteriza a los Guerreros Unidos, Los Rojos, La Familia o Los
Caballeros Templarios, es su profunda penetración en la vida política e
institucional de Guerrero. Alcaldes, fiscales, gobernadores y
legisladores han sido acusados y hasta condenados como jefes de esos
mismos grupos. El último caso que conmocionó a la sociedad mexicana, y
que puso en evidencia estos vínculos, fue la desaparición de 43
estudiantes en el municipio de Iguala a manos de la policía local el
pasado 26 de septiembre.
Todos eran alumnos de la Escuela Normal Rural
“Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, estado de Guerrero, institución que
ha formado históricamente jóvenes con una fuerte tradición de lucha
social. Entre sus ex alumnos se destacan Lucio Cabañas Barrientos,
líder del grupo guerrillero Partido de los Pobres; el sindicalista
Genaro Vázquez Rojas, asesinado en una emboscada por el ejército, o el
dirigente comunista Othón Salazar Ramírez. En diciembre de 2011 la
represión policial contra los estudiantes de esa escuela dejó un saldo
de dos jóvenes muertos durante una protesta para exigir mejoras
edilicias para la institución. Los normalistas de Ayotzinapa y sus
profesores fueron atacados el mes pasado por efectivos municipales
mientras viajaban a la manifestación que todos los años se realiza en
la Ciudad de México en conmemoración de la masacre de Tlatelolco,
ocurrida el 2 de octubre de 1968. Allí pretendían llevar sus demandas
por una reforma educativa y cuestionaban a las autoridades locales por
las condiciones en que deben estudiar. Sin embargo, el alcalde de
Iguala, José Luis Abarca Velázquez, quien actualmente está prófugo,
ordenó que se detuvieran los colectivos en que se trasladaban los
normalistas. Desde ese momento seis personas murieron, 25 resultaron
heridas y 43 estudiantes desaparecieron. Por estos hechos, las
autoridades de Guerrero, pertenecientes al Partido de la Revolución
Democrática (PRD), fueron sindicadas como cómplices del crimen
organizado que azota el Estado, y la sociedad toda salió a manifestarse
para pedir la aparición con vida de los jóvenes y la renuncia de los
mandatarios locales. “Estos muchachos de Ayotzinapa lo que marcaron fue
realmente el traspaso de un umbral”, analizó en esta entrevista con
Miradas al Sur Ana Esther Ceceña, economista del Instituto de
Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM) y referente del Observatorio Latinoamericano de
Geopolítica.
–¿Cómo se puede analizar lo que sucede en la política mexicana, a la luz de lo ocurrido con los normalistas de Ayotzinapa?
–Están pasando muchas cosas con la política mexicana. Es un proceso que
viene avanzando desde hace unos 12 o 15 años, y se ha relacionado
también con esta política general de la droga que hizo correr los
centros neurálgicos desde Sudamérica hacia México. Porque, como el
mercado más grande de consumo es EE.UU., México es la locación más
adecuada. Eso fue provocando un corrimiento de esas actividades
ilícitas relacionadas con la venta, el tráfico e incluso con la
producción misma de drogas. Cuando esto se instaló ya de manera
consistente en el país, EE.UU. promovió una política que llamaba de
guerra contra las drogas, que fue asumida cabalmente por el entonces
presidente Felipe Calderón a partir del año 2006.
Esta “guerra contra
el narco”, como se la llamó, significaba por un lado dar
institucionalidad al trabajo del ejército en seguridad interna, y eso
movió muchas cosas en el terreno de los cuerpos de seguridad del país,
porque ya no eran solamente las policías las que estaban combatiendo el
crimen organizado sino que entraba el ejército de manera muy
protagónica en el combate supuestamente al narcotráfico. Desató
realmente una guerra en el país esta política. A pesar de que la
sociedad mexicana ha estado insistiendo muchísimo en que no es ni
siquiera la manera de detener al narco, y que está provocando problemas
terribles en el país, no se ha querido modificar. No solamente por las
autoridades mexicanas. EE.UU. ha dicho reiteradamente que esa es la
política adecuada y la que van a sostener. Y la sostienen a través de
la Iniciativa Mérida y también a través de otro conjunto de relaciones
que tienen con México hace tiempo atrás y que se han ido reforzando,
pero siempre con esta misma intención. Eso se combina, por otro lado,
con un país en el que las instituciones políticas son muy frágiles
porque están muy deslegitimadas y porque la corrupción es algo
realmente sistemático y abarca todos los niveles del manejo público.
–Qué significa esto para la vida cotidiana de la población?
–Hoy en México al mismo tiempo que hay reclamos por la aparición de
estos muchachos tenemos muchos otros desaparecidos. Estos jóvenes de
Ayotzinapa lo que marcaron fue realmente el traspaso de un umbral, por
la manera tan impune, tan salvaje como fueron tratados. Pero de hecho
es una tónica que está más o menos instalada en todo el país, y cada
día aumenta el número de víctimas y desaparecidos. Hay muchos reclamos
en ese sentido pero al mismo tiempo hay reclamos en todos los otros
niveles. Es decir que hay una situación en la que ha desaparecido, o
por lo menos hay vacíos gigantescos en el estado de derecho. En parte
por esta militarización ascendente. Entonces no hay estado de derecho,
no hay autoridades a las cuales acudir, no hay instancias que
garanticen una cierta seguridad ciudadana, y eso combinado con el
aumento de los negocios del crimen organizado y de varios otros tipos
ha dado lugar a un explosivo. Estamos preocupadísimos porque el país
parece estar a punto de estallar en pedacitos.
Es decir, a punto de ser
balcanizado. Porque no hay autoridad del Estado. Incluso ahora con
estos acontecimientos terribles, mientras la sociedad está
escandalizada, el presidente trata el tema como si fuera un
atropellamiento de una persona en un viaducto. El Estado central está
muy frágil y los poderes locales han crecido muchísimo. Se han
fortalecido en parte a través de la representación política que tienen
los gobernadores, pero siempre muy vinculados con la actividad mafiosa
que hay en cada región. Entonces usted va a tener en cada lugar
elecciones en las cuales algunos candidatos son retirados por miedo y
otros son puestos con recursos del crimen organizado. De manera que se
ha ido conformando una estructura de poder en todo el país de poderes
locales muy contaminados por el crimen organizado y un Estado muy
débil, con sospecha de estar imbricado también con el narco. Todo esto
en el medio de una total y absoluta impunidad. La sociedad ha sido
colocada en una situación de indefensión casi total. Se siente muy
sola, muy agredida y en cierto sentido descontrolada porque no se sabe
bien por dónde vienen los golpes, porque llegan por todos lados. No es
una guerra muy focalizada. Es una guerra derramada hacia toda la
sociedad. Y de repente puede ocurrir que es contra algunos empresarios,
luego contra un poblado, o contra estudiantes o cualquier otro miembro.
Es una situación de una tremenda inestabilidad, de un tremendo vacío
del estado de derecho, de una indefensión muy grande y de una impunidad
total.
–En su momento llamó la atención que las autoridades
involucradas fueran miembros del PRD, que se presentó en los últimos
años como un contrapeso progresista a la corrupción generalizada…
–Es el sistema político en su conjunto. Por supuesto hay matices, pero
que en estas circunstancias son menores. Ya no hacen diferencias. El
caso de Guerrero es gravísimo en ese sentido, es muy elocuente. Porque
el gobernador que ha sido reiteradamente señalado por una actitud de
arrogancia e impunidad y atropello, está sostenido por el PRD. La
cúpula le ha sostenido su apoyo y está entonces involucrada en lo que
está sucediendo ahí. El gobernador dijo que él no intervino cuando supo
lo que estaba sucediendo con estos muchachos porque llamó al alcalde de
Iguala y no le contestó el teléfono, por ejemplo.
–¿Entonces no hay ninguna alternativa?
–La situación es difícil porque realmente ha escalado muchísimo. Los
niveles a los que ha llegado esta imbricación entre la política, las
instituciones y el crimen organizado son muy altos. Pero la sociedad
está movilizadísima incluso en estas circunstancias que son tan
difíciles, de tanto miedo. Tenemos jóvenes en las calles de todas las
ciudades importantes del país todo el tiempo reclamando. Y eso es algo
muy sentido por los jóvenes. Porque la verdad que esto es una guerra.
Una guerra social en que la gran parte de los afectados son los
jóvenes. Se mata a los migrantes jóvenes, se desaparecen jóvenes que
son llevados a fincas y se les hace trabajar como esclavos. Están
ocurriendo cosas gravísimas que no salen tanto a la luz y que
involucran sobre todo a la población joven, que ya están golpeados por
el neoliberalismo, por una situación económica difícil, que no tienen
muchas perspectivas de futuro y además son las principales víctimas de
estos criminales. Creo que ha llegado el momento de que, si de por si
van a vivir asustados porque les puede pasar de todo, es el momento de
tomar la rienda y salir a levantar sus voces. Y se están organizando,
se están movilizando. Algo muy curioso es que en este caso tenemos
jóvenes de universidades privadas, de las que forman los cuadros de la
burguesía, que se han movilizado y han hecho actos en apoyo a los
normalistas de Ayotzinapa. Es decir que hay realmente una conmoción
social amplia, que abarca muchos sectores de la sociedad. Pero además
tenemos organizaciones de derechos humanos, más tradicionales,
intelectuales, académicos, sindicatos o trabajadores que también se
movilizan. Incluso organizaciones barriales.
Los culpables de
este asesinato son los culpables de todo lo que le está ocurriendo a
esta sociedad. Es como un criminal amplio, un masacrador muy amplio que
nos está golpeando a todos en todos lados. Que está carcomiendo
derechos, que nos está quitando las pocas libertades democráticas que
se habían conseguido. Y llegó el momento en que la sociedad no está más
dispuesta a permitirlo. No se si esto es suficiente como para echar
atrás una dinámica que ha ido corroyendo, descomponiendo la sociedad
hasta tal punto, pero creo que más bien tendríamos que pensar en qué
tanto se logra reconstruir los valores sociales, los valores
democráticos, en un mediano plazo, y qué tanto se logra controlar a la
corrupción cuando ésta ha llegado a los niveles más altos. Esto quiere
decir que las instituciones que estarían abocadas a controlar y
sancionar están comprometidas con la misma corrupción. Es una situación
que no se resuelve de un día para el otro. No basta con cambiar un
presidente o poderes locales. Es un trabajo que va a tomar tiempo, que
nos va a costar para recuperar la posibilidad de vida en este
territorio. Pero mucha gente está en eso y estamos peleando como
podemos y donde podemos.
–Es llamativo cómo en los países
con mayor presencia militar y económica de EE.UU., como México,
Colombia o inclusive Paraguay, se note mayormente esta descomposición y
la actuación del crimen organizado. ¿Hay ahí alguna relación?
–Lo que está ocurriendo en México tiene que ver con este reacomodo
territorial y disciplinario que corresponde al siglo XXI. Nosotros
hablamos aquí de que estas guerras como la que está ocurriendo en
México son las guerras del siglo XXI. Que no son propiamente una
guerra. No es una dictadura. Eso tiene principio y fin. En el caso de
lo que nos está ocurriendo a nosotros es el crecimiento rampante de una
situación de guerra. Una situación de guerra que se instala y que como
no tiene un principio claro tampoco tiene un fin claro. Va poco a poco
transformando las formas de vida. Por un lado con ese disciplinamiento
que requiere el capitalismo a nivel internacional. Para nosotros
EE.UU. es el hegemón principal de este sistema capitalista por más que
haya disputas hegemónicas. Y para nosotros, que vivimos al lado, que
tenemos una frontera enorme con ellos, que tenemos 17 millones de
mexicanos viviendo allá, que tenemos vínculos muy fuertes con ellos, la
política de EE.UU. es la que se asume como representación del
capitalismo mundial. Para ellos el siglo XXI ha sido un siglo de muchos
desafíos porque el capitalismo como tal está siendo fuertemente
cuestionado en todos los lugares del planeta. Y poblaciones incluso
chiquitas se levantan contra las políticas capitalistas. Y eso está
ocurriendo en tantos lugares que se ha vuelto un elemento de desafío a
los planes de impulso de la acumulación capitalista. Las empresas son
fuertemente contestadas, se buscan recursos legales o de movilización
para evitar que las mineras destrocen territorios.
Entonces el desafío
ha implicado que en este siglo XXI se ha estado pensando
estratégicamente un reordenamiento de las disciplinas en el territorio.
Por disciplinas entiendo la aceptación de un modo o de otro de la
dinámica del sistema capitalista y su modo de acumulación. Para hacer
este reordenamiento evidentemente uno de los brazos fuertes ha sido el
militar. La militarización en América latina solamente en el siglo XXI
ha hecho pasar el número de bases en un continente donde hay una
situación relativa de paz, donde EE.UU. tiene muchos recursos
diplomáticos y económicos para tener el control de la situación. Que se
ha dado a través de las bases militares pero también en las
modificaciones en el comportamiento militar. En las reglas de control
de las sociedades. Por ejemplo, los cambios en los códigos penales y
las leyes relacionadas con la seguridad. La introducción por ejemplo de
esta idea del enemigo terrorista en todos nuestros países. Y lo que
hace eso es colocar a la población como sospechosa. El terrorista es un
enemigo difuso, que no se sabe dónde está y por dónde va a salir. Que
generalmente se parece mucho a la gente sencilla, que actúa desde su
casa haciendo por ejemplo un arma biológica. Entonces todo poblador de
estos países es un sospechoso. Cambió el estatus. Nosotros antes eramos
siempre inocentes hasta que se pruebe que somos culpables. Hoy es al
revés.
Hoy somos culpables hasta que se demuestre que somos
inocentes. Y esto hace que las políticas de seguridad se hayan
modificado muchísimo. Hoy en todos nuestros países, incluido EE.UU.,
nos pueden detener sin orden de aprensión, pueden catear nuestros
domicilios sin orden. Simplemente con la justificación de que podríamos
ser terroristas. Esto ha provocado situaciones que llevadas al extremo
son la que tenemos en México. Aquí tenemos sí un enemigo claro que se
marcó cuando inició la guerra contra en narco que eran los cárteles de
la droga. Pero hasta donde nosotros sabemos han sido tocados muy
levemente. El negocio de la droga sigue siendo un negocio boyante en el
país. Los cárteles controlan territorios, vías de comunicación, siguen
teniendo altísimas ganancias y la sociedad es la que está siendo
afectada. Es decir, aquellos que de algún modo eran afectados por estas
actividades ilegales también están siendo afectados por aquellos que
supuestamente las están combatiendo. Pero esto no es propiamente una
guerra. No hay una declaración de guerra ni una dictadura. Es un país
supuestamente democrático. Pero todo el sistema político valida estas
cosas, y parece como que esto es una anomalía. Cuando crece la
criminalidad nos debemos preguntar cómo todas las instituciones la han
estado auspiciando. Hay cosas que hacen que son terribles. Han creado
una cantidad de cuerpos de seguridad en estos años que realmente da
risa. Porque cuando crean uno, capacitado, de alto nivel, que se ocupe
de combatir al crimen organizado, al cabo de un año lo sacan porque
todos se corrompieron y crean otro. Empieza a ocurrir que el propio
ejército y la policía están capacitando gente que en realidad está
trabajando para el crimen organizado.
–¿Cómo reaccionan las sociedades ante este proceso?
–Yo creo que hay como dos sociedades paralelas acá. Esta sociedad
sórdida del crimen, donde matar ya no es un problema, donde lo que está
en cuestión no es si uno mata, sino cómo mata. Y otra sociedad que ya
no sabe muy bien dónde está parada. Que es la que se quedó con la idea
de que estábamos en un país con ciertas reglas democráticas, con cierta
posibilidad de acudir a ciertas instancias de regulación jurídica, que
tenía cierto tipo de valores para la cual matar sigue siendo
inadmisible. Pero esa parte va quedando un poco colgada del aire. La
descomposición social en México está siendo muy profunda. Porque lo que
ocurre en la sociedad realmente existente es que lo que se está
instalando es una situación de guerra que no es una guerra. Es un
cambio de modalidades de vida. Tal vez a modalidades de muerte.
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