Atole con el dedazo

John M. Ackerman

En apenas cuatro semanas el creciente movimiento ciudadano y popular ha logrado remover de sus cargos a dos operadores claves del sistema corrupto que mata estudiantes y vende el país. Yoloxóchitl Bustamante y Ángel Aguirre han tenido que hacer maletas gracias a la acción coordinada de miles de jóvenes, maestros, organizaciones sociales, amas de casa, intelectuales, trabajadores y profesionistas a lo largo y ancho de la nación y en más de 100 ciudades del mundo. Por fin la sociedad mexicana empieza a revertir el marcador y tomar la historia en sus manos.

Pero la larga marcha del empoderamiento ciudadano apenas se inicia. La despedida de dos representantes menores de la vasta telaraña de complicidad e impunidad que tiene postrada a la nación apenas abre una pequeña ventana de oportunidad. La coyuntura actual solamente tendrá un desenlace positivo si evitamos caer en los juegos de poder de los mismos de siempre y avanzamos con paso firme hacia un rompimiento definitivo con el sistema autoritario.

Por ejemplo, el nombramiento de Rogelio Ortega como gobernador interino de Guerrero no genera la menor esperanza. Su gris trayectoria en la política y la academia lo asemeja a figuras como Leonardo Valdés y Miguel Ángel Mancera, quienes también navegan con bandera de ciudadano de izquierda, pero en realidad solamente administran la podredumbre con el fin de sacar beneficios personales.

Después del fraude electoral de 2006, todos celebramos la salida anticipada de Luis Carlos Ugalde del Instituto Federal Electoral. Pero quien lo remplazó como consejero presidente, Leonardo Valdés, resultó ser tan cómplice con los poderes fácticos como su antecesor. Lo mismo ocurrió respecto de la jefatura de Gobierno del Distrito Federal. Pocos imaginaban que el remplazo de Marcelo Ebrard, quien además fue uno de los principales operadores de la campaña de Aguirre para gobernador en 2011, podría ser peor que su antecesor.

Ortega no cuenta con base social, independencia o legitimidad alguna. Su llegada a la gubernatura de Guerrero no es resultado de un proceso de participación o auscultación ciudadana, sino de un pacto cupular para garantizar que jamás se rompa el circulo de hierro de la impunidad en el estado.

La enorme debilidad y falta de visión social de Ortega se evidenció desde el primer momento de su mandato. Públicamente se comprometió a dar continuidad a las grandes obras puestas en marcha por el licenciado Angel Aguirre y comentó que hoy tenemos una gran oportunidad desde Guerrero para ayudarle al presidente Enrique Peña Nieto. Mientras, el mismo Peña Nieto, Carlos Navarrete, Televisa y la Coparmex no escatimaron esfuerzos en celebrar la llegada del nuevo gobernador.

Si realmente tuviera voluntad para pacificar y llevar la justicia a Guerrero, Ortega tendría que haber anunciado desde el primer momento tanto la liberación de Nestora Salgado y de todos los presos políticos del estado como el inicio de una investigación a fondo a los gobiernos de Aguirre y de Peña Nieto. Pero en lugar de presentar una ley de amnistía o anunciar la ampliación de las líneas de investigación de la masacre de Iguala para incluir a los gobiernos estatales y federales, Ortega se limitó a proponer la creación de una nueva comisión de notables para conducir la investigación del crimen en contra de los normalistas de Ayotzinapa.

El nuevo gobernador ciudadano aparentemente ignora que ya existe precisamente una comisión verdaderamente ciudadana con este encargo, encabezada por el padre Miguel Concha y creada a instancias de las familias de los normalistas desaparecidos. En lugar de crear nuevas estancias burocráticas con fines mediáticas, lo único que hace falta es reconocer oficialmente y dar acceso completo a absolutamente toda la información existente a la comisión ya existente.

Es evidente que el verdadero objetivo de Ortega no es transformar a Guerrero, sino solamente apagar el creciente fuego de la resistencia ciudadana a partir del otorgamiento de concesiones simbólicas que distraen la atención de las raíces estructurales del problema.

Miguel Ángel Osorio Chong ha articulado con claridad la estrategia del régimen en Guerrero. En el contexto de una entrevista sobre las protestas sociales en el estado señaló que la normalidad nos toca a todos. Tenemos que trabajar para que ésta se dé con mayor prontitud para después rematar que habría que tomar acciones de inmediato para evitar cualquier otro tipo de acciones sociales. En otras palabras, para Osorio la normalidad es que ocurran masacres, asesinatos y desapariciones constantes sin que haya reacción social alguna que ponga en peligro la red de impunidad negociada que garantiza la estabilidad política del país. Y el papel de Ortega en Guerrero será precisamente asegurar que retorne esta normalidad cómplice y asesina a la cual todos estamos demasiado acostumbrados después de décadas de gobiernos del PRIANRD.

Las señales de esperanza no salen de las oficinas del nuevo gobernador, sino de la gran entereza y visión estratégica de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, los normalistas de Ayotzinapa, la Asamblea Nacional Popular y la Asamblea Interuniversitaria. Todos unidos jamás seremos vencidos, por mucho atole que nos ofrezcan con el dedazo de la impunidad.

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