Reforma “privatizadora” y menos recursos afectarán a mujeres
Especialistas
aseguraron que el Ejecutivo federal impulsa una reforma de salud –a la
que se opone el personal sanitario del país–, para “privatizar” los
servicios médicos y precarizar las atenciones gratuitas para la mayoría
de la población.
Lo anterior durante el foro “La reforma Peña de la salud”, al que
convocó el diario La Jornada en el centro cultural Casa Lamm, en esta
ciudad, y en el que participaron académicos del Colegio Médico de
México, la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el Colegio del
Derecho Médico, de la Frontera Sur (Ecosur), y una asesora del Senado.
Odilia Ulloa Padilla, asesora en la Cámara alta, dijo que la reforma de
salud (que se sumaría a las reformas estructurales que anunció Enrique
Peña Nieto al inicio de su gestión) busca transitar al sistema único de
salud, que incluye los sistemas estatales sanitarios –que operan el
Seguro Popular (SP)–, y las dos grandes instituciones de seguridad
social (IMSS e ISSSTE).
La también investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) recordó que la
reforma en salud “está en marcha” desde 1997, cuando el entonces
presidente Ernesto Zedillo impulsó la nueva Ley del Seguro Social y
otros reglamentos –a la que dieron seguimiento los gobiernos de Vicente
Fox y Felipe Calderón–, que permitieron la participación del sector
privado en la prestación de servicios de salud, así como el
establecimiento de menores aportaciones patronales a la seguridad
social de la población trabajadora.
Esta
reforma de salud es una pieza más del proyecto transexenal que se está
gestando –precisó Ulloa Padilla–, y al final del cual el propósito es
romper con la responsabilidad del Estado de garantizar salud a la
población y desmantelar a los institutos Mexicano del Seguro Social, y
de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.
La experta –con múltiples investigaciones sobre las Administradoras de
Fondos para el Retiro (Afores) y el sistema de salud– explicó que la
reforma sanitaria se basa en modelos “economicistas” que buscan
“romper” con el monopolio de los servicios de salud, y presuntamente
ampliar la competitividad entre los prestadores de este servicio para
“mejorar su calidad”.
La asesora detalló que esta reforma va al “corazón” de los servicios
que prestan IMSS e ISSSTE, porque ahí se atiende a más de la mitad de
los 120 millones de personas que, según el Consejo Nacional de
Población (Conapo), habitan este país.
En contraste, sólo un millón 800 mil personas gozan de protección en
salud en el sector privado, mientras que 57 millones 300 mil cuentan
con SP, que tiene un cuadro básico de medicamentos más limitado que el
que ofrecen las instituciones de seguridad social.
Como el IMSS y el ISSSTE concentran el mayor número de derechohabientes
(entre ellos 7 millones de estudiantes de educación media y superior),
y tienen también la mayor parte de financiamientos para la salud (más
de 4 mil millones de pesos), “sus fondos son demandados por el sector
privado”, observó Ulloa.
Argumentó que el dinero que sostiene al IMSS e ISSSTE para brindar un
servicio gratuito se consigue a través del financiamiento tripartita
(cuotas obrero-patronales y del Estado), más la contribución con
impuestos generales que va a un fondo único.
Por lo tanto, más de la mitad de este recurso lo proporcionan las y los
trabajadores que perciben más de cinco salarios mínimos, y quienes
conforman menos del 30 por ciento de las y los derechohabientes.
Esto quiere decir que –explicó la asesora– se estaría terminando con
los principios originales del sistema de salud, que buscan que la clase
trabajadora de mejor ingreso se solidarice con las y los trabajadores
que ganan menos de dos salarios mínimos; que la población joven se
solidarice con las y los adultos mayores, y que la población sana apoye
a las personas con padecimientos graves.
En cambio –acotó–, la reforma sanitaria plantea reformar el artículo
cuarto constitucional para establecer “la libertad” de las personas de
elegir al prestador de servicios de su preferencia, lo que implicaría
que el sector privado pueda llevarse los fondos que son para salud
pública, alertó la especialista.
Los académicos Rafael Cervantes, del Colegio Médico de México; Gustavo
Leal, José Roberto Manzano y Héctor Javier Sánchez Pérez, coincidieron
con Odilia Ulloa y agregaron que el recorte al presupuesto en salud
para 2016 podría derivar en un cuadro básico de medicamentos más
limitados, así como menos atenciones para pacientes con enfermedades
ligadas a la salud sexual y reproductiva.
La y los académicos cuestionaron al Ejecutivo que la reforma sanitaria
en lugar de garantizar la universalidad de la seguridad social está
degradando el derecho a la salud para la población en pobreza.
Si bien la Secretaría de Salud federal ha negado la posibilidad de una
reforma en salud que privatice los servicios, el análisis de las y los
especialistas se suma a las protestas que desde el pasado 31 de julio
inició personal de IMSS e ISSSTE en esta capital, para condenar cambios
normativos que presuntamente ya se están consolidando en algunas
entidades del país, a través de convenios y subrogaciones de las
instituciones de salud con empresas privadas.
De acuerdo con el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y
Conapo, 62 de cada 100 trabajadoras no tienen seguridad social; para
2030 se espera que 49 por ciento de las mexicanas sean adultas mayores,
quienes podrían carecer de un sistema de pensiones y no acceder a los
servicios de salud de tercer nivel (especializados).
CIMACFoto: César Martínez López, Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-
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