Afrontan rechazo de autoridades y sociedad civil
Empresas
y comercios se niegan a contratar a centroamericanas que han sorteado
los controles del INM y los riesgos de muerte en su paso por nuestro
país.
Como parte de las acciones ciudadanas para visibilizar la condición de
las migrantes, Cimacnoticias documentó la travesía de estas mujeres que
llegan a México y los obstáculos que afrontan para obtener empleo.
“Rosa” es una guanajuatense de 28 años. Decidió hacer familia con un
salvadoreño que huyó de su país luego de que las “maras” (pandillas)
asesinaran a su hermano y su padre se negara a pagar extorsiones.
“Rosa” comenzó a padecer en carne propia el rechazo de las autoridades
mexicanas hacia las personas migrantes, cuando a ella y a su pareja se
les negó el derecho de registrar a su hija nacida en este país, porque
el padre no tenía documentos de estancia legal.
Ante ello, él tuvo que regresar a El Salvador para traer sus
documentos. A su regreso, a finales de 2014, el centroamericano le
pidió a “Rosa” encontrarse en un albergue en Oaxaca porque “tenía
miedo” de que la autoridad migratoria lo encontrara y lo deportara.
En Oaxaca, mientras su pareja regularizaba sus documentos, “Rosa”
convivió con las migrantes que llegaban a México sin zapatos y con
ampollas; incluso con aquellas que estando embarazadas tuvieron abortos
espontáneos.
Cinco meses después, en 2015, él logró la nacionalidad mexicana. Hace
dos semanas llegaron al DF para juntar dinero y dejar de vivir en
albergues.
Sin embargo, nadie les da trabajo porque “no quieren a los de otros
países”, reprochó “Rosa”. Ella misma ha acompañado a su pareja a pedir
empleo y –frente a ella y su bebé– lo rechazan. Ahora buscan un
“permiso especial” del gobierno mexicano que diga que no hay ningún
impedimento para que lo contraten, aunque tal documento no está
estipulado en las normas migratorias nacionales.
Este año el Ejecutivo federal emitió el Programa de Regularización
Temporal, para facilitar que la población migrante pueda acceder a
empleos, pero su costo rebasa los 7 mil pesos; además se requiere que
el empleador se dé de alta ante Hacienda y que extienda a la o el
trabajador una oferta de trabajo por escrito.
Pero tal programa no funciona para las migrantes que se emplean en la
informalidad (80 por ciento), las trabajadoras del hogar (que ganan dos
salarios mínimos), ni para alguna otra trabajadora cuyo empleador se
niegue a su regularización temporal, según ha documentado el Instituto
para las Mujeres en la Migración.
De acuerdo con ONU-Mujeres, una de cada dos mujeres migrantes en México
es jefa de hogar. Sus contribuciones económicas, vía remesas, elevan el
nivel educativo de las y los niños, y en los estados donde trabajan
crean una red de cuidados que permite a más mujeres integrarse al
mercado laboral.
EXCLUSIÓN SOCIAL
“Andrea” es salvadoreña y madre de seis hijas e hijos. Llegó a México
con dos menores de edad y dos de sus hijas (una embarazada), luego de
que “maras” acosaran a su familia a fin de reclutar a los varones y
“enganchar” a las mujeres.
“Andrea” escapó después de que le avisaron que los “maras” iban por uno
de sus hijos. Según relató, al cruzar la frontera sur de México fue
extorsionada y engañada por lancheros, choferes, “coyotes” (traficantes
de personas) y agentes migratorios.
Para librar los operativos del Instituto Nacional de Migración (INM),
la mujer y su familia viajaron de noche y a pie por montes y
terregales. Si veían “a una migra” se agachaban. De día pedían dinero y
ofrecían su trabajo en algunos comercios en comunidades de Chiapas.
Una mujer, dueña de una cocina en el municipio de Palenque, le
recriminó que uno de los menores de edad estuviera pidiendo dinero,
pero ella se defendió: “Entonces deme trabajo”, le reviró. La cocinera
sólo le dio la espalda.
“Andrea” contó que en Chiapas criminales intentaron secuestrar a las
adolescentes y los niños, pero agentes del INM la apoyaron y la
llevaron a Veracruz, donde inició sus trámites regulatorios.
Junto a su familia, la mujer espera ahora en el Centro de Acogida y
Formación para Mujeres Migrantes y sus Familias (Cafemin) –ubicado en
el DF–, a que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados –instancia de
la Secretaría de Gobernación a la que tiene que ir a firmar cada lunes–
le resuelva lo antes posible el trámite para que pueda laborar, ya que
aunque todos los días busca empleo nadie se lo quiere dar porque “ella
y sus hijas son migrantes”.
El grupo civil Formación y Capacitación difundió esta semana que la
ruta “más peligrosa” para la población migrante es el corredor
Huehuetenango-Comitán, en la frontera sur, y no obstante es la más
concurrida por las mujeres sin documentos.
En su tránsito, ellas enfrentan extorsión, robo, abuso sexual,
desaparición, cooptación para la trata de personas y feminicidio, en
especial en los “puntos ciegos”, zonas fronterizas sin vigilancia del
INM.
En ese corredor, mujeres de localidades fronterizas conocidas como “las
protectoras” brindan albergue, comida y trabajo a las centroamericanas,
mientras que otras habitantes son cooptadas por el crimen organizado
como “cuidadoras”, es decir que deben vigilar que no escapen quienes
son secuestradas.
El INM desconoce el número exacto de mujeres que ingresan a México de
manera irregular. El único dato oficial es que de enero a mayo de 2015,
12 mil mujeres fueron detenidas en estaciones migratorias.
“Roberta” es una hondureña de 23 años con un embarazo de seis
meses. Víctima de las “maras”, en 2014 fue orillada a huir a México
antes de su graduación como licenciada en Turismo.
Para garantizar su seguridad, la joven dejó a su hija de seis años en
otro poblado de Honduras. Al llegar a Chiapas subió al tren de carga
conocido como “La Bestia”, donde sufrió un accidente. Las cicatrices en
sus piernas confirman su dicho.
Tras librar a las autoridades migratorias, “Roberta” se alberga –al
igual que “Rosa” y “Andrea”– en el Cafemin, donde espera concluir su
embarazo para empezar a trabajar.
En Cafemin se aloja –con muchas carencias y sin apoyo federal– a unas
30 mujeres y niñas migrantes, quienes también reciben apoyo en sus
trámites regulatorios.
El albergue –fundado por religiosas– da talleres de cómputo y oficios
para que las mujeres se incorporen al empleo y puedan pagar una renta.
No obstante, enfrentan el rechazo y la discriminación de empleadores
que se niegan a contratarlas.
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