Por presión ciudadana abre “queja” un mes después del crimen
La
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) abrió una “queja” por el
asesinato de la activista Nadia Vera Pérez, Mile Virginia Martín,
Yessenia Quiroz Alfaro, Olivia Alejandra Negrete Avilés, y el
fotoperiodista Rubén Espinosa Becerril, perpetrado el pasado 31 de
julio en la céntrica colonia Narvarte, en esta capital.
El abogado Sergio Méndez Silva, integrante del colectivo Justicia Pro
Persona, informó que luego de que grupos civiles solicitaran a la CNDH
abrir una investigación por graves violaciones a los Derechos Humanos
(DH) en el llamado caso Narvarte, el organismo decidió iniciar sólo una
“queja”, pero con la acotación de que “no hay indicios” de la presunta
participación de servidores públicos en el crimen.
El pasado 6 de agosto, Justicia Pro Persona, junto con otras
agrupaciones, solicitó al organismo encabezado por Luis Raúl González
Pérez que ejerciera su competencia para investigar casos en los que
existan violaciones graves a los DH, tal y como lo establece el
artículo 102 constitucional, petición que quedó en el expediente
2015/5821-Q.
Según la Constitución, la CNDH podrá investigar hechos que constituyan
violaciones graves cuando así lo juzgue conveniente o cuando lo pidan
el Ejecutivo federal, alguna de las cámaras del Congreso de la Unión,
el gobernador de un estado, el Jefe de Gobierno del DF, o las
legislaturas de las entidades federativas.
La semana pasada, el abogado Méndez Silva se reunió con personal de la
Quinta Visitaduría General de la CNDH, encargada del Programa de
Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos y
encabezada por Edgar Corzo Sosa, pero en ese encuentro se informó que
no se podía abrir una investigación, ya que “no había indicios de
participación de agentes gubernamentales”.
Lo único que aceptó el organismo nacional fue iniciar una “queja” al
respecto, lo que a decir del abogado es una contradicción, toda vez que
la CNDH sólo puede intervenir en los casos donde hay participación de
agentes del Estado, además agregó que su función debe ser indagar y
luego concluir si hubo o no graves violaciones a las garantías
humanitarias.
Por lo pronto, Sergio Méndez lamentó que no se inicie una
investigación, como las que en su momento integró la Suprema Corte de
Justicia de la Nación por la matanza de campesinos en Aguas Blancas,
Guerrero, en 1995, y la represión policial en San Salvador Atenco,
Estado de México, en 2006, pues –destacó el defensor– al parecer se
trata de evitar cualquier línea de investigación que apunte a la
presunta participación del gobierno del estado de Veracruz, encabezado
por Javier Duarte, en esta masacre en la que murieron cuatro mujeres y
un periodista.
El abogado señaló que esperarán a que se integre la “queja” para ver si
esa defensoría está trabajando, o de lo contrario tomar acciones
legales para obligar a la CNDH a realizar sus funciones
constitucionales.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | México, DF.- 
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