El tiempo puso las cosas en claro y con la simulación y encubrimiento es notorio que querían una investigación a modo.
No
son admisibles las disculpas presidenciales cuando México se desliza en
un tobogán rumbo al despeñadero. El país vive una crisis económica,
política y social, pero sobre todo de moral pública, que ya ni siquiera
los apologistas del régimen pueden ocultar. La corrupción y el cinismo
son políticas de Estado de la cleptocracia gobernante. Este cáncer
afecta ya la estabilidad económica de la República con un dólar a
diecisiete pesos y un precio por barril de petróleo a menos de cuarenta
dólares.
En el colmo del cinismo Enrique Peña Nieto, a través de su
subordinado Virgilio Andrade, se exculpó asimismo del insultante
tráfico de influencias y el escandaloso contratismo a favor de grupos
empresariales como Higa, cuyo dueño, Juan Armando Hinojosa, le "vendió"
a la primera dama Angélica Rivera una suntuosa propiedad, una mansión
valuada en ocho millones de dólares. Higa es un consorcio empresarial
que se ha visto beneficiado multimillonariamente desde que el hoy
presidente de la República era gobernador del Estado de México. Es
junto con OHL la principal beneficiaria de las relaciones
presidenciales privilegiadas.
Según Virgilio Andrade en la adquisición de la casa de sierra gorda
150 por parte de Angélica Rivera a Juan Armando Hinojosa Cantú (HIGA),
no existió ningún tipo de conflicto de interés basado en que cuando se
dio el contrato de compraventa de este inmueble no iniciaba el sexenio
y el presidente Peña Nieto no era funcionario.
Nada más falso que lo anterior, ya que el artículo 51 párrafo primero de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados Con Las Mismas señala:
Artículo 51.
Las dependencias y entidades se abstendrán de recibir proposiciones o
adjudicar contrato alguno en las materias a que se refiere esta Ley,
con las personas siguientes:
- Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate.
Es evidente que ya existían relaciones de negocios entre la esposa
del presidente y el Grupo Higa y que el Titular de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, es un subordinado
de Peña Nieto, y como tal se vio influenciado para beneficiar con
contratos a Higa, como en el caso de la construcción del Tren México -
Querétaro que se tuvo que suspender ante el escándalo de la Casa
Blanca. Escándalo de corrupción frente al cual el Ejecutivo Federal ha
respondido con venganza frente a la periodista Carmen Aristegui quien
dio a conocer el tema y le cerró su espacio noticioso radiofónico, y ha
perseguido políticamente al ex Jefe de Gobierno del D.F, Marcelo Ebrard
a quien culpa sin pruebas de haber "filtrado" a los medios este caso de
mayúsculo tráfico de influencias.
En la Cámara de Diputados insistimos en la creación de una Comisión
de Investigación plural para revisar el tema de la corrupción, el
tráfico de influencias y el conflicto de interés en el caso del grupo
Higa, el Ejecutivo Federal y su cónyuge, pero una y otra vez fue
frenada por el PRI y sus aliados. Ante su persistente negativa
denunciamos que serían tapadera de esta gran corrupción que ha sido
cubierta ampliamente por la prensa internacional.
El tiempo puso las cosas en claro y con la simulación y
encubrimiento del responsable de la Función Pública sobre el caso, es
notorio que querían una investigación a modo para seguir en la
impunidad y armando negocios al amparo del poder. Aquí algunos de los
posicionamientos que expresé sobre el tema en San Lázaro:
Otro tópico que confirma la cerrazón del régimen es la ofensiva para
frenar las candidaturas independientes, que se da de la mano del
ascenso de operadores del Pacto Por México a las dirigencias nacionales
del PRI y del PAN y a las coordinaciones parlamentarias.
Recientemente las aplanadoras legislativas locales de los
gobernadores de los estados vinculados al Pacto por México han iniciado
una serie reformas a los códigos electorales estatales que han sido
bautizadas como “LEYES ANTIBRONCO”, todas estas
modificaciones facciosas tienen como fin detener el avance de la
voluntad popular en buscar opciones políticas ciudadanas, como la que
encabezó de forma exitosa en Nuevo León Jaime Rodríguez El Bronco y que son diferentes, pero que además demostró su capacidad para vencer a la partidocracia pactista del PRIAN.
En todos los casos de bloqueo a las candidaturas independientes,
empezando por el Estado de Chihuahua, se ha endurecido aún más lo
establecido en la legislación federal, que establece de suyo requisitos
elevados para acceder a una candidatura independiente, elevándolo en
esas entidades al 2 o incluso el 3 por ciento como lo pretende hacer
Rafael Moreno Valle en el Estado de Puebla.
Para el caso del Estado de Veracruz, Javier Duarte y sus testaferros
no sólo subieron el porcentaje de firmas necesarias para obtener una
candidatura independiente, sino que también tuvieron la ocurrencia de
legislar de forma anticonstitucional y proponer que el Secretario
Ejecutivo del OPLE de Veracruz sea elegido por el Congreso del Estado,
obviamente órgano legislativo controlado totalmente por el gobernador.
Frente a la evidente corrupción del régimen, sus complicidades con
el triunvirato pactista del PRIANRD, la crisis económica y social, la
opción es fortalecer proyectos alternativos desde la ciudadanía y con
las fuerzas políticas renovadoras. Sólo así podremos empezar a
recuperar nuestra nación del saqueo y el desgobierno de la cleptocracia
que representa el grupo Atlacomulco y anexos en el poder.
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