A raíz de la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel del Altiplano, penal de muy “alta seguridad” en el centro de México, volvió al país el debate sobre el problema de las drogas, en varios sentidos:
1.- La ineficacia de la estrategia para el “control”, aplicada durante
ocho años o el sexenio de Felipe Calderón y casi la mitad de gobierno
de Enrique Peña Nieto, confrontando el problema mediante el uso de la fuerza, o la presencia del Ejército mexicano en las calles.
2.- La promesa incumplida
tras el retorno al poder del gobierno de extracción priista, luego de
los 12 años de ineficacia de PAN —el bipartidismo que tanto daño le
hace a México— de cambiar dicha estrategia, a estas alturas se ha
quedado en el papel.
3.- De sobra se ha comprobado —miles de
muertos, directos e indirectos, desplazados al interior del territorio
nacional lo muestran— que la continuidad de la política antidrogas
(“guerra contra las drogas” inaugurada allá por junio de 1971 por
Ricardo Nixon) aplicada desde entonces en países de América Latina como
en Colombia y México, tras 40 años de vigencia se trata de un auténtico
fracaso.
4.- En el país hay un serio cuestionamiento
del tipo de política y sobre todo del sistema de seguridad y de
justicia que se tiene, pues en la práctica se han incrementado la
corrupción y la impunidad al interior del sistema jurídico y político
mexicanos, puesto que la sociedad se encuentra en un vacio por lo que
hace a la justicia que desbordó a la autoridad existente tras el
vendaval de crímenes cometidos —directos implicados en el problema o
aquellos catalogados como “daños colaterales”—, a raíz de esa evitable
guerra contra las drogas pero inexplicablemente sigue en pie.
No solo al interior, también hacia afuera queda claro que:
1.- A un problema global una solución también mundial, es lo que
debería estarse aplicando para contener un fenómeno que corroe a la
sociedad en su conjunto. Iniciar con atender un tema: el de las drogas,
por ejemplo, con un compromiso de más de un solo país. No se mira por
dónde los gobiernos de EUA se ocupen de atenderlo siquiera al interior
de su propio país, mucho menos se ve la “corresponsabilidad” con otros
países como México, los países centroamericanos y los de Suramérica,
como Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, etcétera.
2.- Nada
serio se aplica, verbigracia, en lo referente a los controles de
cultivo, procesamiento, trasiego de las drogas, a la distribución y
venta en el principal país consumidor del mundo —el mercado
estadounidense—. Entendiendo que los gobiernos de los países
involucrados en el problema deberían estar resolviendo mediante
estrategias conjuntas. Por lo mismo que el negocio está a salvo.
3.- Lo grave también es que no se atienden dos puntos importantes: a) el lavado de dinero por muchas vías, y b) cómo es que blanqueado
va a parar a los bancos y al sistema financiero en general. Vuelve a
aparecer el contexto global de un asunto billonario, tanto que al final
de cuentas pasa “limpio” a formar parte de la economía “legal”.
Aquí vuelve a brincar la liebre con otros asuntos:
A) ¿Realmente la captura de los capos —como El Chapo
y otros—, cabecillas de los carteles ocurre como una acción de la
justicia para fincarles los cargos correspondientes, o se les captura selectivamente
para conocer cómo funciona el negocio y para convertirlos en “testigos
protegidos” (esa figura aberrante creada para eludir a la justicia), o
se les trata bien para que no “canten” e involucren aquellos que los
protegen, en la larga cadena de actividades ilícitas?;
B) ¿Por qué
razones se continúa aplicando estrategias como el combate mediante el
ejército en las calles en México, sin la colaboración del gobierno de
EUA haciendo lo propio en su territorio, y en cambio agencias
destinadas al combate —como la DEA— se dedican a “controlar” el negocio
(El Chapo estaría a punto de ser extraditado a EUA, y por eso escapó, se dice). Asoman las causales: los grandes intereses, bajo control y a beneficio de unos pocos.
Esta semana en México el influyente semanario Proceso
publica un reportaje sobre el panorama de narcotráfico elaborado por la
DEA. ¿Si EUA conoce bien el problema, por qué no colabora con las
autoridades mexicanas para resolverlo, cumpliendo siquiera con el
precepto de la “corresponsabilidad”? ¿A conveniencia de quiénes?
Se trata de la distribución de los carteles y el reparto de cuotas
territoriales, en México y en el mercado estadounidense. El cartel
Jalisco Nueva Generación le está ganando terreno al de Sinaloa, que
comandan El Chapo e Ismael El Mayo Zambada —dice la DEA—
pero este está en primer lugar y es el que tiene presencia
significativa en la Costa Oeste, el Medio Oeste y el noroeste de EUA
con el trasiego de mariguana, heroína (sobre todo), metanfetaminas,
cocaína.
Documento entregado al presidente Barack Obama en
junio pasado bajo el título “México: evaluación actualizada sobre las
áreas de control dominante de las principales organizaciones del
tráfico de armas”, dice que el tercer cartel en importancia es el de
los Beltrán Leyva. Le siguen Los Zetas, del Golfo, Juárez, la Línea,
Familia Michoacana y Caballeros Templarios; los dos primeros “en
picada” y sin presencia en EUA: “no van más allá de los estados de la
frontera sur de la Unión Americana”. (Cit. “En aumento, la
carcoinvasión mexicana”, N° 2025, 23/VIII/2015).
Y cierra la
nota J. Jesús Esquivel, autor de varios libros sobre la DEA y el
narcotráfico: “Los grupos mexicanos del tráfico de drogas son ahora los
principales y más prominentes traficantes al mayoreo de heroína en las
divisiones federales de la DEA en Chicago, Nueva Jersey, Filadelfia y
Washington. Y han expandido su presencia en el área de la ciudad de
Nueva York”.
Pero la DEA no solo sabe, también participa del
negocio, como la CIA en el espionaje y los golpes de Estado en varias
partes del mundo —hoy se les conoce como “golpes de Estado blandos”—.
En un informe del Departamento de Justicia de EUA, elaborado por su
inspector general, asegura que la DEA no solo abusa de la figura del
“testigo protegido”, además, viola las leyes de los países y las
propias, poniendo en riesgo la seguridad nacional, al solapar o alentar
actividades relacionadas con el narcotráfico. (Ver más en Esquivel
21/VIII/2015: http://bit.ly/1Pu8Fmj). Eso no es nuevo.
La auténtica novedad es: cada vez queda más claro que la “guerra contra
las drogas”, impuesta/adoptada en países como México en donde está
costando sangre a cambio de millonadas de dinero sucio —que va a parar
más pronto que tarde al sistema financiero mundial—, ha sido solo una
parte de la estrategia de mayor alcance. Hacer todo lo necesario para
quedarse con el control de las reservas energéticas de México. Ni más
ni menos. Se ha alentado la confrontación interna (aparte de las
drogas, la venta de armas como negocio para los armeros gringos) estilo
“guerra de baja intensidad”, como distractor desestabilizador
en tanto se va tras el pastel: las reservas de petróleo y gas. Ya
veíamos cómo Hillary Clinton trabajó para empujar la reforma
energética, apoyada entre otros por el experto en estados fallidos, Carlos Pascual, quien operó desde la Embajada de Washington en México (ver: http://bit.ly/1KGjpu3).
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