Por: Edgar Rosas
(26 de agosto, 2015. Revolución TRESPUNTOCERO).- Con el objetivo de
visibilizar las violaciones y agravios que el gobierno de Enrique Peña
Nieto ha cometido en contra de la ciudadanía, el próximo lunes 31 de
agosto la Constituyente Ciudadana y Popular -iniciativa promovida por
el obispo de Saltillo Raúl Vera- llevará a cabo un “juicio ciudadano a
la usurpación del poder y el terror de Estado en México”.
En conferencia de prensa, integrantes de la Constituyente Ciudadana
y Popular manifestaron que este juicio contra el gobierno de Enrique
Peña Nieto se justifica luego que a casi tres años de su llegada a Los
Pinos, los crímenes y ataques del Estado mexicano contra el pueblo se
han incrementado.
Dijeron que este ejercicio de juicio ciudadano contra el régimen
debe ser visto como una práctica de concientización, misma que toma
como punto central escuchar la voz de las víctimas del Estado mexicano.
Al respecto, manifestaron que en este juicio participarán diversos
sectores que se han visto afectados por “la política criminal” del
gobierno, entre ellos familiares y amigos de los 43 normalistas
desaparecidos de Ayotzinapa, así como la comunidad de Xochicuautla,
quienes en meses recientes han sufrido el embate del poder al intentar
imponer un megaproyecto carretero por su territorio.
“Se trata de un ejercicio de juicio ciudadano tanto al Ejecutivo
como al régimen en su conjunto a partir de un diagnóstico de los
crímenes que cometen y han cometido en contra de la ciudadanía,
combinando la voces de investigadores expertos y de sujetos agraviados.
Recuperaremos la figura de Tribunal de conciencia como un ejercicio
de memoria, concientización y educación, poniendo en el centro la
fuerza moral que tienen las voces de las y los agraviados para sentar
las bases de formas de justicia que vamos a ejercer en el proceso
Constituyente. Pero sobre todo, asumimos este juicio como parte del
proceso por deponer legal y pacíficamente al gobierno de Peña Nieto”,
enfatizó Romeo Cartagena, integrante de la Constituyente Ciudadana y
Popular.
En el evento participarán personajes como el poeta Javier Sicilia,
la investigadora Laura Carlsen, así como integrantes de la organización
Periodistas de a Pie, quienes fungirán como fiscales. Los ejes sobre
los cuales será juzgado el gobierno de Enrique Peña Nieto se centran
en: la usurpación del poder; la simulación democrática y control
mediático; la violencia y el terror de Estado; y la violencia económica
y negación de derechos sociales.
Por su parte, Guillermo Andrade, integrante de la Constituyente
Ciudadana y Popular, enfatizó que a tres años del actual gobierno
peñista la situación que vive el país es alarmante. Además, dijo, la
llegada al poder de Enrique Peña Nieto fue producto de un fraude a
través de la compra masiva de votos, así como el gran despliegue
mediático para posicionar su imagen.
“Su arribo (de EPN) al gobierno fue producto de un fraude, una nueva
usurpación producto de la compra de votos, la corrupción y la
manipulación mediática en la que invirtieron miles de millones de pesos
para maquillar el rostro del priísmo decadente, cada día más violento y
criminal, que se instaló el primero de diciembre de 2012”, apuntó.
En tal sentido, subrayó que desde el retorno del PRI a Los Pinos se
ha iniciado un proceso de desmantelamiento de la nación con las
llamadas reformas estructurales. Además que con este proceso se ha
atentado contra la Constitución de 1917, al quitar los derechos
sociales consagrados en ella.
“Peña Nieto, con un acuerdo de los principales partidos: PRI, PAN y
PRD, más el apoyo de empresarios oligarcas y los medios de comunicación
adictos a la dictadura cívico-militar que se ha instalado en México,
procedieron a desmantelar los últimos resabios de soberanía nacional y
los exiguos derechos sociales contemplados en la Constitución de 1917.
Concluyeron la conversión del Estado mexicano en un protectorado bajo
el mandato de Estados Unidos y las empresas trasnacionales, entregaron
las últimas riquezas del país que no se habían podido regalar a las
multinacionales, como los hidrocarburos”, dijo.
De igual forma, manifestó que con la llegada de EPN al ejecutivo se
han presentado ataques contra la población civil, en donde los
señalados como responsables son agentes del Estado. En tal sentido
apuntó que casos como Tlatlaya o la desaparición de los 43 normalistas
de Ayotzinapa son parte de las nuevas estrategias del gobierno para
generar terror.
“(Las autoridades) multiplicaron el terror y la violencia. Las
masacres de Tlatlaya, Ayotzinapa, Apatzingán y Tanhuato, entre otras,
además de la desaparición de los 43 normalistas, son algunos de los
eslabones de las nuevas estrategias del terror de Estado que ha
convertido en enemigo interno a todos los opositores y a toda ciudadana
y ciudadano. Mientras tanto la impunidad campea en el país, la
corrupción y los crímenes de la clase política de la que participa la
familia presidencial y los más altos funcionarios y dirigentes de los
partidos del régimen, es premiada y legalizada por el Poder Judicial y
Legislativo. La cereza del pastel fue la fuga del ‘Chapo’, ‘el señor de
los túneles’” comentó.
Andrade recordó que ante este escenario de agravios y un gobierno
que ha llevado al país al colapso, la iniciativa de la Constituyente
Ciudadana y Popular ha emprendido su andar con el objetivo de “refundar
la nación” desde la participación de la ciudadanía.
“Nos proponemos refundar el Estado a partir de un movimiento social
que elabore una nueva Constitución, por fuera de las lógicas de las
elites y los partidos existentes. Para esto es necesario tanto la
conformación de un nuevo sujeto social comunitario como la lucha
pacífica, para desplazar del gobierno y el poder a los responsables de
la crisis nacional, de la entrega de nuestro país al vecino del norte y
a las empresas multinacionales”, sentenció.
“La historia de México ha sido de desapariciones, desplazados y masacres”
Romeo Cartagena manifestó que en México la ciudadanía ha sido
víctima desde hace décadas de fenómenos como el desplazamiento y las
desapariciones, además de sufrir masacres cometidas por el gobierno.
“La historia de los pueblos es una historia de masacres,
desapariciones, desplazamientos. En los últimos años hemos visto estas
prácticas de Estado, que es un terror de Estado, pero que también es
una guerra contra el pueblo (…) No sólo las masacres de Tlatlaya,
Apatzingán, Tanhuato, son las que reflejan lo que ha hecho el Estado
contra el pueblo, en 40 años hay como 500 masacres en diferentes
latitudes del país, y esas han quedado impunes, sin investigación, sin
juicio a los responsables”, dijo.
Manifestó que ante este escenario la iniciativa de la Constituyente
Ciudadana y Popular apela al artículo 39 de la Constitución, que
establece el derecho inalienable del pueblo a cambiar su forma de
gobierno.
Por otro lado, Guillermo Andrade agregó que con este juicio
ciudadano se pretende visibilizar que México es un país donde no se
respetan los derechos. Además que contrario al discurso oficial, el
país está lejos de ser democrático.
“(Estamos en) un país donde predomina la pobreza, la exclusión, la
marginación. El derecho a la vivienda, el agua, la salud nos están
siendo negados, (por tal motivo) difícilmente podría ser llamado
democrático, es lo que queremos visibilizar. Además todo esto es parte
de una ruta para poder deponer de manera legal y pacífica al actual
presidente, que ha demostrado que no está gobernando para las mayorías
(…) El juicio no lo es todo. Se va avanzando en la conformación de
Comités en los estados y en la discusión con los sectores agraviados
para generar este nuevo proyecto de nación entre todos, que va a estar
contenido en el libro del pueblo”, indicó.
Además de lo anterior, añadió: ”El ‘lunes negro’ que llevó a la
caída del peso a su máximo histórico en más de 20 años, es una de las
tantas señales que anuncia una crisis social y económica aún más grave
que todo lo que hemos vivido hasta la fecha. Peña Nieto y su gobierno
deben irse, de otra forma la violencia, el terror de estado, la pobreza
y el desmantelamiento de toda soberanía nacional, avanzaran sin freno”.
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