La prisa por exonerar al PVEM

Jesús Cantú

MÉXICO, D.F. (Proceso).- La urgencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por aprobar dictámenes sin contar con todos los elementos indispensables para la integración de un adecuado expediente, eventualmente puede producir dos resultados muy perversos: validar triunfos de candidatos que se encontraban en alguna de las causales de nulidad de la elección establecidas en la Constitución, y preservar el registro del Partido Verde Ecologista de México a pesar de “incumplir de manera grave y sistemática… las obligaciones que le señala la normatividad electoral”.

Ambos casos conducen a salvaguardar la alianza PRI-PVEM, que les permitió a los dos partidos obtener una sobrerrepresentación de casi 10 puntos porcentuales en el actual proceso electoral, así como lograr la mitad de las curules en la Cámara de Diputados (Proceso 2016), lo que eventualmente habilitará al tricolor para enfrentar la sucesión presidencial de 2018 con mejores probabilidades de éxito (o quizá mejor dicho, con menores posibilidades de fracasar).

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el viernes 7 los dictámenes de ingresos y gastos aprobados por el INE, por haberlo hecho antes de resolver todas las quejas de fiscalización relacionadas con el proceso electoral, lo cual le impedía integrar un dictamen consolidado que permitiera distribuir con claridad y precisión los porcentajes de gastos entre una o más campañas, y, por lo tanto, establecer en qué casos y en qué porcentajes se violaron los topes de gastos de campaña.

En dicha resolución el TEPJF le ordenó al Consejo General del INE resolver las quejas en un plazo máximo de cinco días posteriores a la notificación, y, “respecto de cada elección y candidato postulado por el Partido Verde Ecologista de México, individualmente o en coalición, determinar en los procedimientos de fiscalización de los procesos comiciales en curso si una erogación en propaganda, de las previamente identificadas, constituye un gasto de campaña”. En este caso se refiere a los gastos de legisladores, directivos y promotores del PVEM que previamente fueron sancionados por las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales y que el INE había clasificado genéricamente como gastos de campaña.

El INE resolvió las quejas el pasado miércoles 12, con lo cual cumplió la primera orden del TEPJF; pero, respecto a la segunda, simplemente ya no lo consideró gasto de campaña, por lo cual redujo las sanciones que originalmente había impuesto al PVEM y así incumplió con el mandato de fundar y motivar su decisión; optó simplemente por excluir dichos montos de los gastos de campaña.

Pero la falta de rigor para la integración de los expedientes se repitió en el caso de la investigación relacionada con las presuntas violaciones a la normatividad electoral por parte del PVEM, de sus militantes y simpatizantes, por la difusión de mensajes de texto vía Twitter y los teléfonos celulares el mismo día de la jornada electoral, razón por la cual la Sala Especializada del TEPJF ya los había exonerado. El miércoles 12 la Sala Superior ordenó a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE profundizar dicha investigación para proporcionar mayores elementos a la autoridad resolutora.

Ese mismo día, el Consejo General del INE, con siete votos a favor y cuatro en contra, resolvió mantener el registro del PVEM, “ya que si bien están considerando que (las violaciones a la normatividad electoral) son sistemáticas, no revisten la gravedad extrema que conduzca a su desaparición”, según señaló en la sesión Beatriz Galindo, presidenta de la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto.

Sin embargo, el expediente está otra vez incompleto, pues considera únicamente las violaciones ya sancionadas y señaladas por los quejosos en el momento de la interposición de la queja, cuando debió ser exhaustivo e incorporar, entre otros elementos, precisamente el asunto de los mensajes referidos, pues de confirmarse las presuntas violaciones a la ley serían parte de “una serie de violaciones graves a la legislación electoral para obtener una ventaja respecto de sus competidores de cara a las elecciones del 7 de junio pasado”, como argumentó Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE.

El expediente también tendría que incorporar una investigación sobre lo ocurrido en el estado de Chiapas, donde el PVEM –solo o en coalición con el PRI– obtuvo el carro completo como resultado, según las denuncias públicas, de prácticas clientelares, desvío de recursos públicos y condicionamiento de programas sociales, lo que obviamente también tendría que sumarse a lo ya sancionado.

Pero en lo que toca a la argumentación sobre la gravedad de las irregularidades, que varios de los consejeros y la misma resolución descalifican por los magros incrementos en el porcentaje de la votación, hay también serias deficiencias porque la estrategia no se orientó a incrementar el porcentaje de votación, sino a aumentar el número de curules (Proceso 1999 y 2016), es decir, fundamentalmente iba dirigida a burlar la voluntad popular.

La única alusión a la relevancia de lo sucedido en Chiapas fue la realizada por Ciro Murayama, quien destacó que al quitarle al PVEM los votos en dicha entidad su porcentaje se reduce a 4.8%. Efectivamente, Chiapas se convirtió en el bastión de ese partido (Proceso 2016), pues su votación aumentó en más de 203 mil sufragios, lo que significó 42% más que los casi 486 mil obtenidos en 2012, y contrario a lo que sucedió a nivel nacional, donde perdió casi 300 mil votos.

Así, la conducta del PVEM afecta dimensiones fundamentales de la democracia: vigencia del estado de derecho y equidad, como aceptan en general todos los consejeros; pero si a la estrategia mediática, sobre la cual se centró la integración del expediente y el dictamen, se agrega la operación en el estado de Chiapas (que incluye uso de recursos públicos, compra y coacción del voto, etcétera), que fue la que más le redituó al PVEM, sí es discutible si se pone o no en riesgo el mismo sistema democrático y el estado constitucional. Para justificar su voto a favor del sostenimiento del registro de ese partido, Córdova afirma tajantemente que ese riesgo no existe.

Una vez que pasó la jornada electoral no existía ninguna urgencia para resolver la queja sobre la pérdida del registro del PVEM, así que la Comisión de Quejas del INE debió haber empleado el tiempo necesario para realizar todas las investigaciones y cerrar todas las quejas respecto a las presuntas violaciones a la normatividad electoral por parte de dicho partido, pero a la mayoría de los consejeros del INE les urgía exonerarlo para no debilitar más al PRI.