Mujeres en prisión

Lila Mónica López Benítez*

La Jornada

El 4 de marzo pasado, en el Centro Cultural Casa Lamm, se presentó el documento Propuestas de reforma en casos de mujeres encarceladas por delitos de drogas en México, publicado por Inacipe y por Equis: Justicia para las Mujeres, AC.

Estuvieron presentes, como comentaristas, la diputada federal Mariana Benítez Tiburcio, la académica Elena Azaola y quien escribe. Por supuesto no podían faltar las autoras, Corina Giacomello, investigadora de Inacipe, e Isabel Blas, ambas integrantes de la citada asociación civil.

Como indica su nombre, la publicación se ocupa de generar propuestas de cambio en las políticas públicas de drogas, específicamente orientadas a las mujeres en prisión. ¿Cuál es el detonante que obliga a realizar este interesante estudio?

Apenas el año pasado, Equis Justicia elaboró un informe sobre el tema en el contexto de un proyecto de la Articulación Regional Feminista. Entre los hallazgos se destaca que los delitos contra la salud son la segunda causa de encarcelamiento de mujeres en México. A escala federal, 53 por ciento de las mujeres privadas de la libertad lo están por la comisión de un ilícito de esta naturaleza.

La mayoría desempeña papeles secundarios en las redes delictivas, y en muchos de los casos son involucradas por un varón, generalmente su pareja sentimental. Son procesadas y sentenciadas sin derecho a otras alternativas que no sea el encarcelamiento, por tratarse en ciertas modalidades de un delito considerado grave por la ley.

El estudio destaca que un número importante son madres y cabeza de hogares monoparentales, por lo cual la pena de prisión conlleva severas repercusiones para quienes de ellas dependen.

La generalidad de las mujeres privadas de libertad procede de contextos de extrema pobreza y comenten delitos no violentos. Entonces, se cuestionan las autoras, ¿la prisión es realmente la respuesta adecuada frente a estos casos?

Las propuestas desarrolladas obligan a considerar una nueva agenda legislativa en políticas de drogas, pero también abarcan a otros sectores públicos. Por ejemplo, se hace hincapié en la necesidad de elaborar protocolos de detención en casos de mujeres embarazadas, lactantes, y con niños y niñas a cargo.

Actualmente en México, en el momento de la detención, aseguran las investigadoras, no existen protocolos con procedimientos que clarifiquen cómo deben actuar los elementos aprehensores ni los operadores de procuración de justicia en casos donde estén involucradas personas con hijas e hijos pequeños. Esto implica que a menudo se pierda el control en la seguridad de los menores y que incluso pueden convertirse en víctimas de explotación sexual o laboral, puesto que no existen disposiciones para tomar las mejores decisiones, ni controles para darles seguimiento.

En términos legislativos, las autoras sugieren una revisión de las sentencias en materia de delitos contra la salud, a efecto de evidenciar que debe prescindirse de la prisión preventiva oficiosa, flexibilizar las penas e introducir factores atenuantes que consideren el perfil de las mujeres que delinquen y sus responsabilidades familiares, especialmente con aquellos que dependen de ellas, sea en términos monetarios o de cuidado.

En lo que toca al Poder Judicial, en el documento se reflexiona sobre la emisión de lo que denominan sentencias que ponderen como atenuantes los motivos que las llevaron a cometer el ilícito, como el enamoramiento, la extrema pobreza o la ignorancia u obtener recursos para sostener a sus dependientes, considerando especialmente a las mujeres indígenas y migrantes que viven una doble situación de vulnerabilidad.

También se hace hincapié en la urgencia de que las personas que juzgamos seamos sensibles al tema y hagamos uso del control de convencionalidad para no aplicar disposiciones que vulneren el principio pro persona y que trasciendan a su entorno familiar. Y en la ejecución de la pena, a velar por una vida digna en prisión, teniendo como referente mínimo las Reglas de Bangkok.

El documento constituye un trampolín para iniciar un debate serio y consciente sobre el tema. Su presentación es muy oportuna, si consideramos que este mes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, que en tres meses habrá concluido la transición al sistema penal acusatorio y estará operando a escala nacional, y que seguramente atestiguaremos cambios relativos a la regulación de la mariguana medicinal y para consumo personal.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación, en Pleno, en breve discutirá sobre el uso recreativo de la mariguana.

En todos los debates, de cualquier índole, será necesario extraer a las mujeres de lo invisible e impartir justicia de manera integral, incluso incorporando a los niños y niñas que se ven afectados por las políticas de drogas y la prisión de sus progenitoras.

Sin duda, es imprescindible seguir luchando por el empoderamiento de las mujeres en prisión, traducido en dotarlas de nuevas herramientas para la vida en libertad.

*Magistrada federal y académica universitaria