Por: Edgar Rosas 
(15 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- El contexto de
agresiones que viven las personas defensoras de derechos humanos
-concretamente aquellas dedicadas a la defensa de la tierra, el
territorio y los recursos naturales- ha causado alarma en diversos
sectores de la sociedad. En este tipo de casos, distintas organizaciones
han denunciado la colusión entre empresas y gobierno para perseguir y
agredir a aquellos que se oponen al despojo y saqueo que generan los
megaproyectos.
En este sentido, de acuerdo a la información del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA),
de 2010 a 2015 las agresiones en contra de defensores ambientales han
registrado una tendencia a la alza. Según datos de su último informe, de
agosto de 2014 al mismo mes pero de 2015, se registraron 109 agresiones
en contra de este tipo de luchadores sociales.
Para el CEMDA este aumento en las agresiones resulta preocupante,
sobre todo porque el informe, dijeron, no es exhaustivo y sólo recopila
las agresiones documentadas a través de la prensa y los casos que la
propia organización ha acompañado.
Felipe Romero, integrante del CEMDA, explicó que según los registros,
en los últimos cinco años se han registrado 240 casos de agresión a
defensores ambientales, de los cuales 11 son asesinatos.
“En 2010, que fue nuestro primer informe, registramos 10 casos; para
2011 la cifra subió a 16; en 2012 llegamos a 23 casos; de 2013 a 2014
fueron 82 casos y de 2014 a 2015 registramos 109 agresiones. Es decir,
en los últimos cinco años, ocurrieron 240 casos de agresión sólo en
temas ambientales.
“Esto es grave, porque el informe que realizamos no es exhaustivo, no
representa la totalidad de agresiones, sino que son casos que salen en
notas, o los hemos acompañado”, dijo.
De manera detallada destacó que 75 casos han sido amenazas, mientras
que 25 son agresiones físicas. Además, que en 17 casos se han presentado
detenciones arbitrarias.
Añadió que en temas relacionados con la defensa del agua es en donde
se presenta la mayor cantidad de agresiones, con 27 casos; en este
contexto los proyectos mineros e inmobiliarios le siguen con 13 y 11
agresiones respectivamente.
Aunado a lo anterior, señaló que entre los principales agresores se
encuentran las autoridades. Dijo que de los 109 casos registrados en el
último periodo, en 37 se identifica como agresor a alguna autoridad. “Es
muy grave que casi en una tercera parte de agresiones a defensores
estén participando las autoridades”, dijo.
“Hay toda una estrategia de empresas y gobierno para desojar”
De acuerdo con Juan Carlos Flores, integrante del Frente de Pueblos
en Defensa del Agua y la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, el
gobierno y las empresas han llegado a tal grado de complicidad para
concretar el despojo que tienen una estrategia definida para lograr sus
cometidos.
El defensor ambiental, encarcelado en 2014 por oponerse a la
construcción del Proyecto Integral Morelos (un gasoducto de 160 km),
destacó que hay toda una andamiaje para criminalizar a los defensores.
Recordó que en su caso existió un uso faccioso de la ley para mantenerlo
preso.
El activista recordó que la oposición al Proyecto Integral Morelos se
debió al riesgo que implica construir un gasoducto en las faldas del
volcán Popocatépetl.
“Desde el año 2010-2011 nos comenzamos a oponer a un proyecto
energético llamado Proyecto Integral Morelos, que consiste en un
gasoducto de 160 Km, que pasa por las faldas del volcán Popocatépetl,
por los estados de Morelos, Puebla y Tlaxcala y el cual es un riesgo
para las comunidades que están en la zona de riesgo del volcán.
“Luego de 4 años de estar en defensa, en la lucha por el territorio,
el 7 de abril de 2014 fui detenido afuera de las oficinas de la comisión
Estatal de DDHH de Puebla, justamente por haber ido a denunciar que el
día anterior, una compañera Comisaria Ejidal -Enedina Rosas, también
integrante del Frente- había sido detenida acusada por la empresa
italiana Bonatti S.P.A. (que es la empresa encargada de la construcción
del gasoducto) de robarse dos celulares”, recordó.
Juan Carlos Flores estuvo detenido 10 meses en el penal de San Pedro Cholula,
Puebla. Según explica, las primeras acusaciones giraban por los delitos
de despojo, extorsión, ataque a obra pública y motín. Sin embargo,
conforme pasaron los días los cargos aumentaron.
“Cuando fui detenido me avisaron que tenía una orden de aprehensión
desde 2012. Estuve 10 meses preso en el penal de San Pedro Cholula,
acusado por los delitos de despojo, extorsión, ataque a obra hidráulica y
motín. A los dos días de mi detención me acusan, al igual que la
compañera Enedina, del robo de los dos celulares; y me acusan de
obstrucción de obra pública, esto por la empresa encargada del proyecto.
“Pero no sólo eso, al mes de detención, la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) me acusa por privación ilegal de la libertad de uno
de sus funcionarios, me acusa por pandillerismo. Es decir, ya tenía tres
procesos penales y 9 delitos y con eso empieza todo este proceso de
obstruir la libertad como medida ante la defensa que habíamos
emprendido.”
El defensor ambiental señaló que en México hay una constante
criminalización y judicialización de los defensores de derechos
ambientales. Manifestó que luego de recobrar su libertad en febrero de
2015, las acciones de hostigamiento, acoso y criminalización
continuaron.
“Hay toda una estrategia de las empresas y el gobierno para despojar a
los pueblos de su territorio. Empieza con la desinformación de las
comunidades, la difamación, después la cooptación de líderes.
Identifican quiénes son los líderes y cuál es su discurso; luego llega
la división y la cooptación en las comunidades; posteriormente es el uso
de la fuerza pública, después la criminalización y la detención, para
terminar con el uso faccioso de la ley; luego la tortura y en varios de
los casos la muerte y la desaparición”, destacó.
El defensor manifestó que en el caso de la oposición al Proyecto Integral Morelos, el gobierno federal echó mano del Ejército y la Policía Federal para romper la resistencia de los pueblos.
“No solamente nos encarcelaron, después nos aventaron al Ejército, a
la PF, nos cerraron dos radios comunitarias y empezaron a hostigar a más
compañeras en sus comunidades.
“Con el uso faccioso de la ley, basta con que un trabajador del
Estado o la empresa fabriquen testimonios de que ha sido afectado por un
delito para que se constituya el delito, y sea suficiente para
encarcelar. Es decir, no hay más pruebas más que el testimonio de un
dependiente de la fuerza o la institución que está haciendo afectada por
la defensa y la resistencia de las comunidades.”
El defensor destacó que en el caso del Proyecto Integral Morelos, 17
personas han sido perseguidas judicialmente. Manifestó que en Puebla,
lugar donde reside y fue detenido, hay un contexto de criminalización y
persecución.
“Es una constante la cuestión de criminalización y judicialización de
los defensores, por eso se debe tomar especial cuidado (…) En Puebla hay una serie de hostigamiento, impunidad y criminalización a todos los defensores. Hoy en día suman más de 150 personas encarceladas por estos motivos.”
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