Viento Sur
Ahora que ya queda
atrás el 8 de marzo no podemos perder de vista el objetivo de que, lejos
de concentrarse en un par de días al año, la necesidad de acabar con el
machismo esté en el centro del debate político y social cada día. Si
bien la existencia de jornadas reivindicativas como el 25 de noviembre o
el 8 de marzo resulta fundamental para visibilizar tanto la pervivencia
de la injusticia de género como el creciente rechazo social hacia ella,
no dar tregua al machismo significa vigilarlo, denunciarlo y trabajar
para erradicarlo en cada momento y en cada rincón de nuestras vidas.
En este sentido, aunque no recibió mucha atención mediática, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó el pasado mes de diciembre una medida de transversalidad de género
con el objetivo de dotarse de un marco para implementar de manera
efectiva la perspectiva de género en su dinámica de trabajo. La medida,
impulsada por la Concejalía de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI, pone
especial énfasis en la creación de una estructura organizativa de
transversalidad de género que impulse la colaboración entre áreas,
distritos y entidades y que introduzca la perspectiva de género de
manera descentralizada en el conjunto del gobierno municipal.
Existen
en la actualidad dos formas de introducir la perspectiva de género en
las políticas públicas, las cuales, lejos de ser excluyentes, pueden
resultar complementarias. La primera, correspondiente a las políticas de
igualdad de género, busca incidir en la situación de discriminación de
las mujeres en un ámbito social concreto con el objetivo de convertirlo
en menos desfavorable. Esta vía se considera reactiva ya que genera
medidas reparadoras de situaciones consideradas discriminatorias hacia
las mujeres atacando los síntomas de la discriminación y no sus raíces.
Un ejemplo lo constituyen las políticas de cuotas o de paridad en tanto
que revierten parcialmente la sobrerrepresentación de hombres en
espacios como la política institucional o el mundo empresarial sin
abordar necesariamente las desigualdades de fondo que la generan.
Buscan, de este modo, encontrar una solución cuantificable para una
situación específica.
Una segunda vía para la introducción de la
perspectiva de género en las políticas públicas es la transversalidad de
género o lo que se conoce internacionalmente como mainstreaming.
Aparecida en la Conferencia de Naciones Unidas sobre la Mujer celebrada
en Pekín en 1995, esta estrategia es considerada proactiva en tanto que
consiste en introducir la perspectiva de género en todos los estadios
(diseño, ejecución, evaluación) del conjunto de intervenciones de los
poderes públicos (salud, educación, economía, mercado laboral,
presupuestos, urbanismo, cultura, etc.). Lejos de limitarse a
actuaciones compensatorias destinadas a mujeres en ámbitos sectoriales
concretos, la transversalidad de género o mainstreaming busca
incorporar de manera estructural la perspectiva de género en la política
en aras de garantizar una igualdad real entre hombres y mujeres. Así,
no se limita a proporcionar una igualdad de trato, como sería, por
ejemplo, garantizar un número comparable de hombres y mujeres en las
listas electorales, sino que busca actuar sobre todos aquellos factores
que impiden su participación equitativa en el conjunto de la vida social
(la naturaleza del sistema electoral, el machismo presente en los
partidos políticos, sindicatos, otras organizaciones, estructuras
institucionales y medios de comunicación, la pervivencia de comentarios y
actitudes machistas en el funcionamiento cotidiano de las instituciones
y los entornos laborales, la división sexual del trabajo presente en la
sociedad y en las familias, etc.). Dicho de otro modo, en vez de
intentar evitar únicamente que las mujeres sean excluidas de la
participación social, política o comunitaria, se realiza una apuesta por
transformar desde un paradigma de equidad y de justicia tanto los
marcos que las regulan como las condiciones objetivas que las
dificultan.
Impulsar la transversalidad de género pasa, de este
modo, por revisar todos los procesos institucionales de producción de
políticas públicas con el objetivo de eliminar los sesgos de género
existentes y las desigualdades que reproducen. No nos podemos conformar
con generar políticas únicamente para mujeres que nos ayuden a superar
las desventajas en las que nos vemos inmersas de manera cotidiana. Al
contrario, debemos aspirar a hacer política con y para el conjunto de la
población con el objetivo de transformar y eliminar de manera global y
colectiva estas desventajas: no buscamos sólo que algunas mujeres
participen, sino que la participación femenina sea la norma y que los
hombres aprendan a participar de otro modo; no aspiramos sólo a que la
mujer denuncie, sino sobre todo a que el hombre no agreda, su entorno
rompa el silencio y los y las niñas crezca con modelos de relaciones
libres, respetuosas y saludables; no nos conformamos con condenar
comentarios, actitudes o agresiones machistas, sino que los queremos
convertir en impensables; no apostamos sólo porque las mujeres alcancen
el salario mínimo, sino que todas ellas gocen de autonomía económica
para poder decidir en cada momento sobre sus vidas; no encontramos
suficiente que las mujeres tengan más apoyo que en la actualidad en el
cuidado de los y las niñas, sino que nos ponemos como objetivo que los
hombres y el conjunto de la sociedad se impliquen en él de manera
equitativa.
Conseguirlo requiere concebir la injusticia de género
como fenómeno transversal en nuestra sociedad y, por lo tanto,
comprender que la respuesta debe abordar todos sus ámbitos. Esto tiene
una doble lectura: organizativa y política. La primera conlleva una
cambio profundo en la manera de funcionar de los servicios públicos, los
cuales deben abandonar el excesivo "sectorialismo" que históricamente
los ha caracterizado y avanzar de manera coordinada hacia una mirada a
las experiencias y dificultades vitales de los vecinos y las vecinas de
la ciudad que sea claramente global y feminista. La segunda lectura, la
política, pide una apuesta clara por la transversalización de la
perspectiva de género en la acción cotidiana de gobierno y plantea una
premisa innegociable: que la lucha contra el machismo debe yacer en cada
rincón y en cada actor de la ciudad. Las mujeres sin duda nos
beneficiaremos de ella, pero no por ello es nuestra responsabilidad.
Empezar a transversalizar esta lucha pasa por recordar que la justicia
de género no es cosa de mujeres. La justicia de género es cosa de todas y
de todos.
Sandra Ezquerra, del Consejo Asesor de Viento Sur
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