Por Marianela Jarroud
Un
grupo de mujeres se apresta a ingresar al hemiciclo de la Cámara de
Diputados para presenciar la sesión en la que se aprobó el proyecto de
ley que despenaliza el aborto en tres causales, el 17 de marzo de 2016
en la ciudad de Valparaíso, sede del parlamento bicameral de Chile, a 45
kilómetros de Santiago. Crédito Fátima Castro/IPS
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Luego de 26 años de democracia y 14 largos meses de intenso debate con
tintes ideológicos, el parlamento de Chile aprobó en primera votación el
proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales: riesgo de
vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
Pero detrás del avance alcanzado el jueves 17, persisten amenazas al proyecto, que podría ser cercenado en el Senado o incluso invalidado total o parcialmente por el Tribunal Constitucional.
“Este es un paso histórico que busca doblar la mano a aquellos que
por tantos años trataron de imponer una sola posición desde el
conservadurismo, desde sus opciones personales”, afirmó a IPS la
diputada comunista Karol Cariola.
“El paso que estamos dando, contribuye a descriminalizar a las
mujeres, que hoy día son tratadas como delincuentes cuando son expuestas
a situaciones como la violación, la tortura de tener en el vientre un
feto que saben que va a nacer y va a morir, o como el hecho de poner en
riesgo su vida cuando un embarazo se complica”, añadió.
“Lo
que pretende este proyecto es que la sociedad apoye las decisiones
autónomas de las mujeres en vez de penalizarlas”: Michelle Bachelet.
El proyecto es una de las iniciativas emblemáticas de la segunda Presidencia
de la socialista Michelle Bachelet, en el poder desde 2014 y que ya
gobernó el país entre 2006 y 2010. El texto recibió 66 votos a favor y
44 en contra.
“Este proyecto no impone nada a nadie, lo que hace es que cada mujer,
en estas instancias, pueda tomar sus propias decisiones, en función de
sus valores, principios, convicciones y su realidad personal y familiar y
que esas decisiones tengan el acompañamiento que corresponde”, afirmó
Bachelet tras el voto legislativo.
“Lo que pretende este proyecto es que la sociedad apoye las
decisiones autónomas de las mujeres en vez de penalizarlas”, añadió la
presidenta, quien fue la primera directora ejecutiva de ONU Mujeres
(2010-2013).
En la votación de cada una las causales también hubo respaldo
mayoritario, aunque en el caso de la violación, se acortó la brecha, con
59 apoyos y 47 oposiciones, por el rechazo de parte de los diputados de
la gobernante alianza de Nueva Mayoría, en especial de la Democracia
Cristiana.
Además, la interrupción del embarazo por violación se limita a las
primeras 12 semanas de gestación, salvo para quienes tienen menos de 14
años, que se añaden dos semanas.
“Estamos muy contentas con la aprobación del proyecto. Este es un
avance histórico”, afirmó a IPS la socióloga Claudia Dides, directora
ejecutiva de la organización no gubernamental Miles, dedicada a los derechos reproductivos.
“Es la primera vez desde el retorno a la democracia en Chile (en 1990) que se vota en la Cámara de Diputados un proyecto de ley de aborto”, recordó.
El aborto terapéutico, en las tres causales aprobadas ahora, fue
legal en Chile por más de medio siglo hasta que en 1989 la dictadura
militar (1973-1990), promulgó una ley que penalizó la interrupción
voluntaria del embarazo en cualquier circunstancia.
En
un acto con especial solemnidad, la presidenta de Chile, Michelle
Bachelet, presentó en enero de 2015 el proyecto de ley de
despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo en tres
causales, una de las grandes promesas de su gobierno. Crédito:
Presidencia de Chile
El régimen de Augusto Pinochet tomó la medida cuando ya estaba de
salida porque había perdido el plebiscito para seguir en el poder, un
año antes.
La norma llevó a Chile a ser uno de los seis países del mundo que
prohíbe y criminaliza cualquier interrupción del embarazo,
significativamente otros tres en países de América Latina: El Salvador,
Nicaragua y República Dominicana, a los que se suman Malta y el
Vaticano.
Si bien se desconocen los números reales, especialistas médicos estiman a IPS
que al menos se practican 335.000 abortos ilegales cada año en Chile,
un país con 17,5 millones de habitantes donde más de la mitad son
mujeres que se exponen a penas de hasta cinco años de cárcel si incurren
en la interrupción voluntaria de su embarazo.
Según una encuesta realizada en febrero, 74 por ciento de los chilenos aprueba despenalizar la interrupción del embarazo.
“Hoy día hay una disposición de los chilenos y las chilenas de que
podamos tomar decisiones por nosotros mismos y que no sea el Estado el
que nos imponga una sola posición”, aseveró Cariola.
“Eso es lo que ocurre en Chile a diferencia de la gran mayoría de los países del mundo”, agregó.
Para Luis Sáez, un transeúnte que habló con IPS camino a su trabajo,
en el centro de Santiago, la aprobación de la ley constituye “un hecho
esperanzador y un avance para la autonomía y la libertad de las
mujeres”.
Sin embargo, esté sicólogo de 42 años considera que la iniciativa es
“insuficiente” porque aún establece límites “sobre lo que la mujer debe o
no hacer con su cuerpo”.
El debate en torno al proyecto ha sido criticado por muchos sectores
porque hubo actores políticos que lo transformaron en una nueva
vulneración de los derechos de las mujeres, con graves ofensas hacia
ellas a falta de argumentos.
“Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer
tiene derecho a decidir sobre su cuerpo”, afirmó el diputado José
Antonio Kast, de la derechista Unión Demócrata Independiente, durante su
intervención en el hemiciclo.
Su correligionario Gustavo Hasbún aseguró que el proyecto “es la
antesala a la legalización de la eugenesia” y agregó que aprobarlo
significaba “acabar con los niños con discapacidad”.
René Manuel García, de la también opositora y derechista Renovación
Nacional, en tanto, afirmó que “el gobierno militar o dictadura, como
quieran llamarlo, mataba a las personas grandes. Ustedes las matan antes
de nacer, ¿cuál es la diferencia entre esos dos crímenes?”.
Dides aseguró que las palabras “célebres” de algunos diputados
“producen cierto temor por nuestra democracia, porque vuelven a aparecer
todos los temas que Chile no ha sido capaz de sanar”, tras los 16 años
de régimen militar.
“Me preocupan las ofensas a la mujer, porque no pueden quitarnos ni
cercenar el derecho a la autonomía. Solo buscamos que mujeres y hombres
tengamos derecho a elegir, sobretodo en el ámbito reproductivo”, afirmó.
Cariola refrendó la idea de que aún quedan en Chile “resabios de la dictadura donde se impone determinada posición”.
Sin embargo, destacó que, con la aprobación del proyecto, “damos un paso para fortalecer aún más nuestra democracia”.
Pero Sáez fue más allá, y criticó la intervención de los diputados hombres quienes, en este tema, “no debiera ser opinantes”.
“Es decisión de las mujeres decidir sobre su cuerpo y a nosotros, lo
que nos compete, es acompañarlas. No es legítima la posibilidad de un
enjuiciamiento respecto a esta decisión”, enfatizó.
Añadió que el “marco ideológico patriarcal” que impera en Chile, da
cuenta de que “los cuerpos de las mujeres son considerados territorio
público, mientras que con el cuerpo de los hombres, nadie se mete”.
El proyecto de ley pasará ahora al Senado donde el gobierno también
posee mayoría, aunque más ligada a sectores conservadores de la alianza
que lo respalda.
De ser rechazada en la cámara alta, la iniciativa será vista por una
Comisión Mixta de diputados y senadores, en su última instancia
legislativa.
Dides afirmó que insistirán para que el gobierno ponga urgencia al
proyecto en el Senado, “porque no podemos seguir esperando un año más”.
Señaló que en el Senado esperan reponer una indicación sobre la
confidencialidad, rechazada por los diputados, y eliminar otra, que sí
fue aprobada, y que prohíbe que recintos de salud publiciten el
procedimiento.
“El debate ha sido profundo y se ha dado a nivel legislativo y
también cultural en la sociedad chilena. Ahora hay que legislar”,
emplazó.
Por lo pronto, el gobierno anunció que evaluará si aplica urgencia al
proyecto. “Tenemos una clara convicción de que este proyecto no se
puede eternizar”, dijo este viernes 18 la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Claudia Pascual.
Editado por Estrella Gutiérrez
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