Acusado de genocidio, no irá a audiencias por su estado de salud
En la audiencia estuvo presente únicamente Rodríguez Sánchez, mientras que Ríos Montt fue representando por sus abogados, debido a que en julio de 2015 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo declaró mentalmente incapacitado para enfrentar un proceso penal normal.
La juez María Eugenia Castellanos, presidenta del tribunal, ordenó que el debate se realizara a puerta cerrada y pidió que los medios de comunicación se retiraran, debido a que se trata de un proceso especial, permitiendo sólo la presencia de observadores internacionales.
Los coadyuvantes, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), así como la defensa, intentaron que el juicio se suspendiera, para que ambos acusados enfrentaran un proceso diferente, sin embargo esto fue rechazado por la sala.
Ambos militares son acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) por el asesinato de mil 771 pobladores de la etnia ixil entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era jefe de facto, puesto al que llegó tras un golpe de Estado.
Este es el segundo juicio que se realiza por genocidio, luego de que el 10 de mayo de 2013 un tribunal de alto impacto sentenciara a Ríos Montt a 80 años de prisión, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto; pero la condena fue revocada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), por supuestos “errores” en el proceso.
Posteriormente, se programó para junio de 2015 el inicio del nuevo debate, sin embargo luego de una serie de amparos y análisis médicos realizados a Ríos Montt, que determinaron que padecía demencia senil, el juicio se postergó para enero de 2016.
El proceso se aplazó nuevamente debido a cuatro amparos interpuestos por la defensa y los querellantes, uno de ellos para que el juicio fuera suspendido definitivamente, mientras que el otro buscaba que los acusados enfrentarán procesos distintos.
En otro caso emblemático por violaciones a Derechos Humanos durante la guerra civil guatemalteca, el pasado 26 de febrero el Tribunal A de Mayor Riesgo dictó una resolución histórica para condenar a dos militares a prisión por delitos de desaparición forzada, deberes contra la humanidad y asesinatos.
La resolución reconoció que mujeres de la etnia Q’eqchi fueron asesinadas, violadas y torturadas para pulverizar el tejido comunitario, en la base militar de Sepur Zarco, entre 1982 y 1983.
Se trató del primer juicio por esclavitud sexual, durante el conflicto armado en el país centroamericano, y también la primera vez que se juzgan estos delitos sexuales en el territorio en que se cometieron y no en tribunales internacionales.
Así, el ex teniente Steelmer Reyes Girón, máximo encargado de Sepur Zarco, fue condenado a 120 años de cárcel por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual y múltiples asesinatos; y el jefe de los comisionados militares, Heriberto Valdez Asij, deberá cumplir una condena de 240 años por haber participado en la desaparición forzada de siete campesinos, y la violación sexual contra las mujeres que sobrevivieron a Sepur Zarco.
Este miércoles inició en el Tribunal B de Mayor Riesgo un nuevo juicio
en contra del ex dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt y el ex
director de inteligencia militar José Mauricio Rodríguez Sánchez,
acusados de genocidio y delitos contra la humanidad por el asesinato de
población indígena de la etnia ixil, durante la guerra civil en el país
centroamericano.
En la audiencia estuvo presente únicamente Rodríguez Sánchez, mientras que Ríos Montt fue representando por sus abogados, debido a que en julio de 2015 el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) lo declaró mentalmente incapacitado para enfrentar un proceso penal normal.
La juez María Eugenia Castellanos, presidenta del tribunal, ordenó que el debate se realizara a puerta cerrada y pidió que los medios de comunicación se retiraran, debido a que se trata de un proceso especial, permitiendo sólo la presencia de observadores internacionales.
Los coadyuvantes, el Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (CALDH) y la Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), así como la defensa, intentaron que el juicio se suspendiera, para que ambos acusados enfrentaran un proceso diferente, sin embargo esto fue rechazado por la sala.
Ambos militares son acusados por la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público (MP) por el asesinato de mil 771 pobladores de la etnia ixil entre 1982 y 1983, cuando Ríos Montt era jefe de facto, puesto al que llegó tras un golpe de Estado.
Este es el segundo juicio que se realiza por genocidio, luego de que el 10 de mayo de 2013 un tribunal de alto impacto sentenciara a Ríos Montt a 80 años de prisión, mientras que Rodríguez Sánchez fue absuelto; pero la condena fue revocada 10 días después por la Corte de Constitucionalidad (CC), por supuestos “errores” en el proceso.
Posteriormente, se programó para junio de 2015 el inicio del nuevo debate, sin embargo luego de una serie de amparos y análisis médicos realizados a Ríos Montt, que determinaron que padecía demencia senil, el juicio se postergó para enero de 2016.
El proceso se aplazó nuevamente debido a cuatro amparos interpuestos por la defensa y los querellantes, uno de ellos para que el juicio fuera suspendido definitivamente, mientras que el otro buscaba que los acusados enfrentarán procesos distintos.
En otro caso emblemático por violaciones a Derechos Humanos durante la guerra civil guatemalteca, el pasado 26 de febrero el Tribunal A de Mayor Riesgo dictó una resolución histórica para condenar a dos militares a prisión por delitos de desaparición forzada, deberes contra la humanidad y asesinatos.
La resolución reconoció que mujeres de la etnia Q’eqchi fueron asesinadas, violadas y torturadas para pulverizar el tejido comunitario, en la base militar de Sepur Zarco, entre 1982 y 1983.
Se trató del primer juicio por esclavitud sexual, durante el conflicto armado en el país centroamericano, y también la primera vez que se juzgan estos delitos sexuales en el territorio en que se cometieron y no en tribunales internacionales.
Así, el ex teniente Steelmer Reyes Girón, máximo encargado de Sepur Zarco, fue condenado a 120 años de cárcel por delitos contra deberes de la humanidad en su forma de violencia y esclavitud sexual y múltiples asesinatos; y el jefe de los comisionados militares, Heriberto Valdez Asij, deberá cumplir una condena de 240 años por haber participado en la desaparición forzada de siete campesinos, y la violación sexual contra las mujeres que sobrevivieron a Sepur Zarco.
Por: la Redacción
Cimacnoticias/Cerigua | Guatemala, Guate.- 
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