Suman 2 mil 13 encarceladas por delitos contra la salud
Ellas no son las líderes de los cárteles del narcotráfico, tampoco conocen de lavado de dinero ni de evasiones fiscales. Son mujeres pobres, de hogares y comunidades marginadas, con bajos niveles de educación y sin antecedentes penales, y no obstante pueden ser condenadas a por lo menos 10 años de prisión por “delitos contra la salud”.
Antes de entrar a las filas del narcomenudeo, la mayoría de estas mujeres se ganaba la vida limpiando casas, lavando y planchando ropa, preparando alimentos o en la venta informal en los cruceros viales. Así fue hasta que un familiar o su pareja las incitó a realizar una actividad vinculada con las drogas.
En el narcomenudeo las mujeres son el eslabón más débil y por tanto las más expuestas: cuidan las llamadas “tienditas”, donde se guardan y trafican los estupefacientes; son quienes esconden los envoltorios de droga en la vagina para introducirla a los penales, o guardan los paquetes más grandes en una maleta para cruzar las fronteras.
Por tanto, son las más fáciles de aprehender, llevar a juicio y encerrar en prisión, porque –dicen expertas en Derechos Humanos– sin importar que no sean las criminales de “cuello blanco”, ni las grandes narcotraficantes, al tener toda la evidencia en su contra, carecerán de una buena defensa legal y seguro afrontarán largas condenas.
Hoy suman 2 mil 13 mujeres presas por llevar consigo tan sólo unos gramos de mariguana o unas cuantas metanfetaminas, lo que supone pasar de 10 a 25 años de cárcel, y pagar de 6 mil 700 hasta 33 mil 600 pesos de multa, según el artículo 194 del Código Penal Federal.
Así, el sistema de justicia mexicano se ensaña y castiga aún más a mujeres ya de por sí excluidas socialmente, advierte Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), quien se ha dedicado a estudiar la situación de las mujeres en reclusión.
En prisión hay, en todo el país, 16 mil 746 mujeres; de ellas, 2 mil 13 fueron acusadas de “delitos de drogas”, es decir, de producir, transportar, traficar, comerciar o suministrarlas, de acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales de 2014.
De esas más de 2 mil mujeres, la mayoría no forma parte del crimen organizado, sino que fueron utilizadas, en ocasiones por sus propias parejas, para cometer ilícitos, elemento que –asegura Azaola– debería ser considerado por las y los impartidores de justicia.
Pero no es así. De por sí pobres, estas mujeres que se ven involucradas en estos ilícitos se someten a un sistema penal en el que enfrentan “la ceguera e insensibilidad” del personal judicial, que –prosigue Elena Azaola– bajo el argumento de que “todos deben ser tratados igual ante la ley”, las castiga con prisión sin reparar en sus condiciones particulares.
LAS MÁS POBRES ENTRE LAS POBRES
Cuando investigadoras de la organización Equis, Justicia para las Mujeres visitaron las cárceles para verificar los supuestos logros de la militarización del combate al narcotráfico impuesta en 2006 por Felipe Calderón, encontraron que las internas son las más pobres.
Las mujeres en reclusión son producto de la “apatía judicial”, pues son aprehendidas tras una denuncia anónima o en flagrancia, lo que no requiere de investigación especializada alguna, apunta Corina Giacomello, académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) e integrante de Equis.
Encerrar a estas mujeres que delinquen por vez primera en nada ayudará al combate del crimen organizado, sostiene Giacomello, experta en analizar los delitos de drogas desde una visión de género, y quien ha detectado que el encierro sólo tiene un impacto real en la vida de las y los niños que se separan de sus madres.
Se suma que, en el caso de las mujeres encarceladas por transportar droga –conocidas como “mulas” o “burreras”–, las y los jueces no consideran si ellas tienen una vida marcada por la violencia, incluyendo la de tipo sexual, o si fueron reclutadas por redes del narcotráfico para desempeñar los roles más bajos y peligrosos.
Los delitos de drogas son también crímenes “de amor” o “de género” porque –detalla Corina Giacomello– las mujeres al ser reclutadas por la pareja o algún familiar para dedicarse al narcomenudeo, obtienen dinero que les ayuda a cumplir con el rol tradicional de cuidar a sus hijas e hijos u otras personas.
En contraste, una vez que son encarceladas suelen ser abandonadas por las personas que las involucraron en el negocio ilícito.
SISTEMA DISCRIMINATORIO
Para colmo, la normatividad mexicana en materia de drogas no hace justicia a las mujeres y es “poco flexible, altamente punitiva y marcada por una profunda desigualdad de clase”, ya que son las personas empobrecidas quienes carecen de una buena defensa legal, mientras que la gente pudiente puede darse el lujo de pagar una fianza de hasta 25 millones de pesos, señala Giacomello.
Y es que el sistema de justicia aplica sin miramientos la prisión aun sin condena (213 mujeres han sido sentenciadas por delitos contra la salud); prohíbe el indulto; no diferencia las sanciones según el rol desempeñado o la vulnerabilidad de las personas; no tiene criterios para reducir penas, y carece de beneficios como la preliberación o medidas alternativas a la reclusión.
Asumir y hacer frente a este reto, argumentan las especialistas, implica también reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales para establecer el arresto domiciliario, en vez de la prisión para quienes son madres, jefas de familia o responsables del cuidado de otras personas. Además urge una revisión de las penas para permitir la reducción de sentencias.
Otra sugerencia es aprobar ya la Ley Nacional de Ejecución Penal, una iniciativa “congelada” en el Senado y que busca regular el sistema penitenciario, y garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. También plantea sanciones más justas, y que las procuradurías e institutos estatales de la Mujer apoyen a las mujeres en reclusión.
De poco o nada sirve mandar a las mujeres que por primera vez delinquen a pasar una década en la cárcel, donde el hacinamiento y la corrupción son la constante, de acuerdo con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en 150 centros penitenciarios.
INFANCIA RECLUIDA
Equis agrega que una propuesta de ley debe contemplar sanciones alternas y la obligación de las autoridades de realizar dictámenes, para ver si es necesario que las mujeres que se encuentran en esta situación conserven la custodia de sus hijas e hijos.
Hasta 2014, había 549 menores de seis años de edad viviendo con sus madres en alguna cárcel del país; 247 de ellos apenas de un año de edad.
Niñas y niños viviendo en prisión es un tema particular, y es que aunque sean “pocos” no significa que no importen, aclara Giacomello, y añade que urgen protocolos policiales de detención para mujeres embarazadas, lactantes, con hijas e hijos pequeños, o personas a su cargo, a fin de salvaguardar el interés superior de la infancia.
Por otra parte, en 2012 México, Guatemala y Colombia promovieron adelantar la sesión especial de la Asamblea General de la ONU sobre el Programa Mundial de Drogas, prevista para 2019, y realizarla en abril próximo con el objeto de debatir nuevas políticas, como la apertura al uso medicinal o lúdico de la mariguana.
Las estudiosas del tema observan que México debe reconsiderar las acciones y estrategias para combatir el narcotráfico, o de lo contrario a los penales seguirán llegando mujeres a cumplir condenas desproporcionadas, sin que ello signifique que disminuya la producción, traslado o consumo de drogas.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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