Minera relacionada con el asesinato de activista, prepara su expansión en comunidades oaxaqueñas

    

Por: Emma Martínez

(16 de marzo, 2016. Revolución TRESPUNTOCERO).- San José del Progreso, es el tercer municipio más pobre de Oaxaca, sin embargo también es uno de los más importantes en la extracción de oro y plata. Las ganancias,  a decir por los habitantes, no se ven reflejadas en su economía. Quien mantiene el control de dicho mercado es la Compañía Minera Cuzcatlán, una filial de la compañía minera canadiense Fortuna Silver Mines, la cual obtiene “miles de onzas de los minerales preciosos”, según activistas defensores del territorio.

Solamente por la extracción de oro, puede estar ganando poco más de 360 millones de pesos anualmente, aunque el pago por las concesiones al gobierno mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos para “obras públicas”. Sin embargo, los pobladores han vivido en la preocupación e incertidumbre, ante los efectos negativos que genera al medio ambiente, la salud y al tejido social, afirman.

“La lucha la hemos venido dando desde el ingreso de la minera, porque desde antes de su llegada con su poder y dinero pasaron por encima de nosotros, robaron nuestras riquezas y las compraron a un bajísimo precio, si esto no fuera suficiente, han dejado el territorio plagado de daños mortales, que día con día se ven en las muertes y también en los nacimientos de la población, estamos frente a un enemigo que a diario nos mata poco a poco, con la protección del gobierno”, asegura a Revolución TRESPUNTOCERO, Beatriz Torres Gonzáles, activista, especialista en conflictos mineros y medioambiente.

Población y activistas se han unido para defender “sus derechos y su vida”, sin embargo “la intimidación de dicha empresa en contra de quienes se unen a la lucha por defender la vida y el territorio ha dado una cacería de muerte, bajo el amparo de los gobiernos federales y estatales. Ese fue el caso del activista Bernardo Vázquez Sánchez, quien fue atacado por sicarios que, se sabe, fueron contratados por la minera canadiense Fortuna Silver Mines.

El 15 de marzo de 2012, alrededor de las ocho de la noche, Bernardo fue emboscado y atacado a quemarropa con armas de fuego de 9 milímetros, lo que provocó su muerte, debido a los balazos en el pecho, en aquel momento también lo acompañaba su hermano, por lo que también resultó herido, en un brazo. Rosalinda Dionicio, otra activista, también fue herida con dos impactos de bala en la pierna y el hombro.

Bernardo era miembro fundador, junto con las otras tres personas, de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (COPUVO), en aquel momento se dirigían a su comunidad, a la cual no llegaron porque fueron interceptados en el crucero de Santa Lucía Ocotlán”, narra la activista.

Bernardo Vásquez Sánchez, junto a un numeroso grupo que conforma la COPUVO, desde 2008 habían rechazado al proyecto minero de la empresa minera Cuzcatlán filial de la empresa canadiense Fortuna Silver Mines. El cual, a decir por los activistas, “se lleva a cabo en flagrante violación de lo establecido en el Convenio 169 de la OIT, que estipula la consulta previa, libre e informada para la realización de proyectos en territorios indígenas”.

Desde aquel año, en repetidas ocasiones los miembros de la COPUVO denunciaron que la empresa minera estaba financiando a grupos armados en la comunidad con el aval del presidente municipal de San José del Progreso, Alberto Mauro Sánchez, sin embargo las autoridades estatales hicieron caso omiso a dichas denuncias, y la reacción fue afirmar que el grupo inconforme “solamente buscaba desestabilizar a la comunidad”, esto pese a las pruebas presentadas por los defensores.

Este martes se cumplieron cuatro años del asesinato de Bernardo Vásquez Sánchez, sin embargo el crimen permanece en la impunidad, “a pesar que existen señalamientos claros sobre la autoría intelectual y material del homicidio. En innumerables ocasiones se han presentado pruebas contundentes para castigar a los culpables y esto sigue siendo ‘nada’, porque las autoridades prefieren el dinero a la justicia y lo primero es lo que más tiene la empresa, quienes han comprado la omisión en el caso.

Por si eso no fuera suficiente, hoy la empresa a la que Bernardo combatió, Fortuna Silver Mines, pretende expandirse hacia comunidades de los distritos de Ejutla y Ocotlán, otros territorios con gran posibilidad de explotación, donde su población es pobre e indefensa, puesto que las autoridades jamás estarán de su lado”, comenta Torres Gonzáles.

“En 2015, la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca permitió que salieran en libertad Bartolo Aguilar, Domingo Aguilar y Albino Hernández, acusados de ser los autores materiales del crimen. Además, y a pesar de los daños ambientales y de ruptura del tejido social causados por los trabajos de la mina en San José del Progreso, la empresa minera, con anuencia del gobierno federal y el estatal, buscan expandir el proyecto a comunidades que expresaron su rechazo mediante una declaratoria a nivel regional, el 30 de noviembre de 2015”, afirma el Colectivo Oaxaqueño en Defensa de los Territorios.

COPUVO ha sido contundente al asegurar que Fortuna Silver Mines, lejos de traer beneficios, ha confrontado a los pueblos y por consecuencia ha generado violencia. “No es posible que bajo la complicidad de las autoridades estatales y municipales quieran seguir operando en municipios de la región de Valles Centrales”, han dado a conocer, reiterando que San José del Progreso está siendo dañado por la contaminación, lo cual ha generado enfermedades como hepatitis, enfermedades respiratorias y en la piel, sin que esto sea motivo de detención de la minera, por parte del gobierno.

Sobre el tema, Torres asegura que las mineras siempre están relacionadas con graves enfermedades, que llegan hasta lo mortal, como lo podría ser por medio de un cáncer, afirmando que la filial de Fortuna, ya ha provocado graves afectaciones, puesto que ya se han registrando en personas adultas y niños que son los sectores más expuestos a contraer padecimientos respiratorios y gastrointestinales, por mencionar algunos.

Aún con estos hechos como prueba de los daños a las poblaciones oaxaqueñas, lejos que el gobierno detenga la expansión de la minera, “ha dado vía libre a la construcción de más zonas que bajo la obtención de concesiones, a ellos los deja ricos y la población vulnerable, muerta”, puntualiza la activista.