Una mujer jornalera en San Quintín. Foto: Antonio Nava
CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Sin ningún acuerdo plenamente
cumplido de parte del gobierno federal y el local, las jornaleras del
Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), siguen en
condiciones de trabajo precarias y abusivas a un año de haber exigido
con megamarchas y paros laborales mejoras salariales, e infraestructura
médica y de cuidados.
Con el movimiento laboral iniciado el 17 de marzo de 2015 en San
Quintín, las mujeres jornaleras no sólo arroparon las exigencias del
gremio por aumento salarial y seguridad social, sino que además se
posicionaron con sus propias demandas. Su
salario de menos de 120 pesos diarios, las jornadas extenuantes y la
ausencia de protección social derivaron en un paro laboral que duró
semanas y que conllevó también la toma de la carretera Transpeninsular
durante varias horas.
Se gestó así un movimiento que fue un reflejo de lo que ocurre con
las trabajadoras agrícolas de todo el país, cuya población y condiciones
de vida son inciertas por la ausencia de un censo oficial.
Las exigencias femeninas se centraron desde el inicio en cuatro
puntos: creación de un hospital de especialidades de tercer nivel para
mujeres embarazadas o con enfermedades provocadas por los riesgos de su
trabajo; guarderías de calidad para las jornaleras; medidas contra el
acoso sexual, e inspecciones para asegurar que los empleadores cumplan
las licencias de maternidad y no cometan abusos contra ellas.
Las jornaleras han sido protagonistas de estas movilizaciones que
incluso a mediados de 2015 fueron reprimidas, al grado de que las
autoridades de BC entraron a las comunidades a golpear a activistas, y
permitieron una ola de despidos en los campos agrícolas.
Según el balance de activistas de la región, a un año de las
movilizaciones en San Quintín los avances son raquíticos para las
mujeres.
Nada de hospital
En noviembre pasado inició en San Quintín la ampliación de
infraestructura del Hospital Rural Prospera Número 69 del Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Vicente Guerrero
(principal comunidad de migrantes de la etnia triqui), el mismo que en
enero de 2015 recibió una recomendación de la CNDH por violencia
obstétrica contra una mujer indígena.
Las modificaciones al nosocomio están pensadas para concluir en el
primer semestre de 2016 y, de acuerdo con información del IMSS, requiere
una inversión de 45 millones de pesos para 10 camas más, la
remodelación del área de urgencias, quirófanos y hospitalización, así
como la creación de 10 consultorios de especialidades, pero ninguna
vinculada con la salud reproductiva de las mujeres.
La indígena y activista Lucila Hernández García, que viajó hasta el
Senado en marzo de 2015 para exigir mejor atención médica para las
jornaleras, dijo que la ampliación del Hospital Rural no representa lo
que en origen querían las trabajadoras del campo: contar con centros
médicos de la más alta calidad y con equipo y suficiente personal
especializado para evitar muertes de mujeres embarazadas, quienes tienen
que viajar hasta por cuatro horas a Ensenada (a 188 kilómetros de San
Quintín), para recibir atención de tercer nivel.
Si bien el proyecto de ampliación está planeado en cuatro fases,
hasta ahora los resultados no se traducen en atenciones especializadas
contra las muertes maternas, sino únicamente en la construcción apenas
de tan sólo seis metros cuadrados de piso y pared.
Guarderías, ni en el papel
En peores términos está el compromiso de crear guarderías para las
trabajadoras agrícolas de la región, aseguró Fidel Sánchez Gabriel,
vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por
la Justicia Social.
Y es que hasta abril pasado no había más que estancias infantiles
improvisadas con láminas sobre llantas de colores, y una guardería del
IMSS en la que estaba inscrito sólo el hijo de una jornalera, como lo
constataron estas agencias al visitar San Quintín.
Como se observa en los tres informes de avances que realizó la
Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se encargó de revisar la
situación de las y los jornaleros de San Quintín, mientras más avanzaban
los encuentros entre las autoridades y el movimiento jornalero, la
propuesta de crear guarderías se iba diluyendo hasta el punto de no
quedar escrita en alguna minuta.
En resumen, un año después no hay ni tres piedras colocadas en el
piso que avizoren la construcción de una estancia de calidad para cuidar
a las y los hijos de las jornaleras mientras ellas trabajan, ya que
permanecen en las calles, al cuidado de otras mujeres sin paga, o detrás
de las rejas sus casas.
Fideicomiso que nunca se creó
Destaca que para la creación del hospital de especialidades y las
guarderías, así como de otras mejoras de infraestructura, el
subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, estipuló la creación
de un fideicomiso al que aportarían recursos tanto el gobierno federal
como del estado, y quedaría a cargo de las y los jornaleros.
Los detalles de ese fondo se discutieron en la mesa de diálogo del 24
de abril de 2015, en un restaurante del Valle de San Quintín, al que
acudió, además del subsecretario de Gobernación, el gobernador Francisco
Vega, e integrantes de la Alianza de Organizaciones.
Al respecto, Sánchez Gabriel precisó que en reuniones sucesivas se
acordó que el fideicomiso también contendría recursos para el desarrollo
de programas sociales focalizados a las necesidades de las mujeres y
sus hijas e hijos.
Las y los jornaleros podrían participar en la administración del
fideicomiso siempre y cuando, advirtieron las autoridades, el movimiento
lograra consolidarse con una figura jurídica, lo que sucedió el 3 de
diciembre de 2015 al crearse un sindicato.
Sin embargo, al día de hoy, con las y los jornaleros agrupados
incluso en dos organizaciones sindicales, no hay fideicomiso ni recurso
alguno palpable para esta población.
En su lugar, en septiembre pasado el gobierno de BC presentó un
Programa de Atención para la Región de San Quintín, en el que reconoce
los grandes rezagos sociales que denunciaron las y los jornaleros meses
antes.
Como parte de ese programa, para el que se aseguró una inversión de 2
mil 720 millones de pesos del gobierno del estado y el federal, se
establecieron varias líneas de acción enfocadas a “grupos vulnerables”
en los que se integra la salud y condición de las 21 mil mujeres que
habitan la región.
Mediante apoyos sociales, programas asistencialistas, conferencias,
talleres y mejoras de infraestructura que incluyen sólo una estancia
infantil (sin detallar sus características), el gobierno local pretende
hacer frente a problemas de salud sexual y reproductiva que padecen las
jornaleras, como cáncer de mamá y embarazos de alto riesgo.
Efímeros módulos contra acoso sexual
En abril de 2015, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
informó que previo a iniciar inspecciones laborales en los centros de
trabajo en San Quintín, promovería módulos de atención para que las
jornaleras que afrontaran acoso sexual fueran atendidas de manera
directa.
No obstante, desde la primera semana que estuvieron estos módulos,
estas agencias verificaron que, incluido el que permanecía afuera de la
Casa de Gobierno en San Quintín, sólo eran una carpa amarrada con lazos y
no había una sola persona que atendiera a las víctimas. Días después
los módulos desaparecieron y todo volvió a ser como antes.
En mayo pasado, la STPS presumió haber realizado más de 300
inspecciones en diferentes centros de trabajo, pero los resultados
públicos no reflejaron casos de mujeres víctimas de acoso o violencia
sexual.
A fin de procurar que las inspecciones cumplieran sus objetivos y no
fueran una simulación más de las autoridades, las y los jornaleros
solicitaron acompañar al personal de inspección en sus tareas, petición
que fue admitida pero nunca se concretó.
A esa demanda se sumó una solicitud del Senado en noviembre pasado
para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,
Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi) contabilizaran en un censo el número de mujeres y
niñas que se dedica al trabajo agrícola en México.
Al respecto, a una solicitud de información de estas agencias a ambas
dependencias, la Sagarpa respondió no estar al tanto de tal censo y
refirió la petición al Inegi, que hasta ahora tampoco ha respondido.
Mientras, Margarita Cruz Cruz, directora de la Casa de la Mujer
Indígena en San Quintín, relató que durante 2015 siguió recibiendo casos
de mujeres que padecieron abusos laborales por trabajar en los campos
agrícolas.
Al menos 4% de los más de 200 casos de violencia en general que
atendió Cruz tenía que ver con despidos injustificados y el
incumplimiento de las licencias de maternidad.
A decir de la defensora, la proporción de mujeres que denunciaron
abusos laborales en 2015 no varió respecto de otros años. Su personal
incluso realizó entrevistas e instaló módulos para conocer si en algo
había mejorado la situación de las jornaleras, pero los relatos de
discriminación, abusos y pobreza persistente confirmaron que no.
Lo único que cambió este año –aseguró– fue que finalmente personal de
la Secretaría del Trabajo de BC aceptó escuchar las propuestas de la
Casa de la Mujer Indígena para iniciar programas de información sobre
derechos laborales para las jornaleras, una medida en la que las
activistas de San Quintín insistían cada año sin obtener respuesta.
Por su parte, la Alianza de Organizaciones apuntó que el principal
logro, y tal vez único a lo largo de este año, no fue el aumento
salarial por categoría –que derivó en el aumento de tareas y en cuotas
más altas al Seguro Social–, sino la creación el pasado 3 de diciembre
del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros
Agrícolas.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el 4 de
noviembre de 2015 el registro del Sindicato Nacional Independiente de
Jornaleros Agrícolas y Similares, del cual la secretaria de Equidad de
Género, Lucila Hernández, acaba de renunciar por considerar que no se
toman en cuenta las demandas de las mujeres.
Así, a un año de distancia del inicio de las movilizaciones y “sin
nada que festejar”, las y los jornaleros comenzaron hoy desde muy
temprano una caminata que durará varios desde San Quintín hasta las
playas de Tijuana para hacer un balance de los avances y retrocesos con
trabajadores agrícolas de la frontera norte.
Medidas cautelares
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas
cautelares dirigidas al gobierno de Baja California, así como a los
municipios de Ensenada y Tijuana, además de comisionar a visitadores
adjuntos para participar como observadores en las actividades que hoy
llevarán a cabo personas jornaleras.
En el marco de las actividades para defender sus derechos laborales,
jornaleros y jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín convocaron a
diversas movilizaciones para este día, como una marcha entre las
ciudades de Ensenada y Tijuana, así como a una reunión con autoridades
estatales y municipales en el Centro de Gobierno de San Quintín.
Las medidas cautelares tienen la finalidad de salvaguardar la
dignidad e integridad de las personas que participen en la marcha y
reunión, así como de la población en general y de los integrantes de los
medios de comunicación que ejerzan su labor al documentar los hechos.
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