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4/08/2017

Margarita Amalia Cruz: “seguimos en pie en San Quintín”

Se modernizaron para cuidar las plantas pero no a las personas, dice



 A Margarita Amalia Cruz Cruz no le gusta que la vean como víctima, por eso cada vez que habla de su trabajo en defensa de los derechos de las jornaleras de San Quintín evita hablar de “ataques” a su labor y prefiere destacar las condiciones laborales de quienes trabajan 12 horas diarias a pleno rayo de sol por un pago ínfimo de 120 pesos diarios.

Margarita conoce muy bien del significado de trabajar horas extenuantes sin tener dinero suficiente para vivir. Lo sabe porque desde los 8 años de edad hasta los 37 trabajó como jornalera en aquel valle de Baja California, lugar a donde llegó de niña y donde ahora dirige la organización Mujeres en Defensa de la Mujer (Naxihi na xinxe na xih).

“Sabemos que en el Valle de San Quintín hay mucho que hacer. Si seguimos unidas y trabajando en colectivo va a ser más fácil transformar esas injusticias que hemos vivido durante mucho tiempo por ser jornaleras. Tenemos que decirle a las mujeres que tenemos derechos, hay que exigirlos, nunca quedarnos callados porque el miedo no nos deja avanzar”, dice.

La asociación de las mujeres comenzó a gestarse hace 20 años: en 1997 se creó un grupo de mujeres artesanas, en 2004 este colectivo se formalizó y empezó a defender derechos laborales, principalmente demandando la afiliación al Seguro Social, porque trabajar en los campos agrícolas, expuestas a químicos y sólo con una gorra o sombrero para protegerse del sol, implicaba riesgos a la salud que las más de las veces no podían costear.

Desde la década de 1980, cuando Margarita llegó a San Quintín, la situación ha cambiado poco. En aquellos años una jornalera ganaba entre 23 y 25 nuevos pesos al día (el sueldo mínimo en la época era de 27 pesos); algunas contaban con el beneficio de un pase para ir al médico y en los campos se veía a mujeres embarazadas y niños trabajando.

En ese entonces, como ahora, la mayoría de las y los trabajadores eran migrantes, mixtecos, zapotecas y triquis de Oaxaca; mixtecos y nahuas de Guerrero; nahuas de Veracruz; y mixtecos y nahuas de Veracruz, de acuerdo con el extinto Instituto Nacional Indigenista, hoy Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

A su llegada a San Quintín, en 1985, junto con sus dos hermanos mayores y su madre, Margarita entró como niña jornalera a la compañía ABC, empresa de capital nacional con vínculos con capital extranjero para comercializar sus productos. La cuadrilla en la que estaba era de unos 30 niños que vivían en un campamento y trabajan para ayudar al sustento económico porque, rememora, “soñábamos con un futuro mejor”.

Desde hace 7 años Margarita ya no labora en la pisca de fresa, frambuesa y mora, pero las escenas que miró cuando era niña son muy similares a las que observa como adulta. “Pude mirar los maltratos; el salario, no te pagaban horas extras; la aplicación de químicos, en aquellos tiempos fumigaban ya sea con máquinas que pasaban por los surcos o con avionetas; había un sinfín de violaciones a nuestros derechos”, recuerda.

“Ves normal todo lo que pasa. Te levantas, vas a trabajar, oyes de repente cómo los mayordomos se enojan contigo, te insultan porque no te apuras; tomaban muchas personas de un solo vaso, no sabíamos si había enfermedades”.

CAMBIOS PROTEGEN EL CULTIVO NO A ELLAS

¿La situación ha cambiado? se le pregunta a Margarita y ella reflexiona y responde, “hoy en día se ha modernizado mucho, hay invernaderos, ya no trabajas tanto tiempo agachado, ya no hay tanto trabajo donde tengas que estar todo el tiempo de espalda… claro, está la fresa que aun te mantienes doblado todo el tiempo. Se han modernizado para cuidar las plantas, para proteger el cultivo, pero no a las personas”.

Ahora con las medidas “de certificación”, reitera, las empresas meten medidas de calidad para el cultivo, pero no para las personas. “Dicen unas: sí, nos dan guantes, nos dan equipo, pero para proteger el cultivo no para proteger a la trabajadora o al trabajador” y es que la prioridad es tener fresas, frambuesas, moras, arándanos relucientes, frescos, coloridos, que se vendan.

Por temporada se cosecha tomate, pepino, calabaza y hay compañeras que producen verduras como coliflor o brócoli, que implican, como en el pasado, trabajo cansado, dolor de cuello, nuca, espalada, columna, manos, en realidad prácticamente en todos estos trabajos las mujeres deben estar largas horas agachadas y en cuclillas.

“Ahorita por las altas temperaturas que se manejen en los invernaderos tenemos casos de personas que al salir en la tarde les causa embolia o parálisis en el rostro, son medidas para que el   cultivo se aclimate dentro del invernadero, pero no están considerando la salud y las consecuencias que le causa a una persona, de pasar de un lugar caliente a temperaturas frías”.

EN DEFENSA DE TRABAJO DIGNO

Cuando las mujeres se hicieron conscientes de las condiciones de trabajo y de la insalubridad de los asentamientos donde vivían, comenzaron a tomar capacitaciones y exigir garantías mínimas para trabajar, dice, “es un gran orgullo, es importante ser la voz de todas aquellas mujeres que se acercan a nosotras para poder exigir sus derechos. Me siento contenta pero sé que es un gran compromiso para las jornaleras y jornaleros”.

Como defensora, Margarita habla con muchas mujeres que llegan del sur del país rumbo a Estados Unidos, algunas van a trabajar por temporada en los campos agrícolas del país vecino, donde no hay mucha diferencia con las condiciones laborales de Baja California, “desafortunadamente en ambos países hay una falta de seguridad social, de conciencia en cuestión del salario, de lo que se debe pagar a la trabajadora”, dice.


CIMACFoto: César Martínez López.

A través de estos diálogos se ha vuelto experta en las necesidades de las mujeres, migrantes, trabajadoras e indígenas como ella, mixteca oriunda de Oaxaca.

CASA DE LA MUJER INDÍGENA

Con esa información, la organización decidió dividir su labor en dos vertientes: una sobre derechos laborales de las jornaleras y otra sobre el rescate de la medicina tradicional a través de la Casa de la Mujer Indígena donde hacen acciones de prevención de la violencia de género y promoción de la salud sexual y productiva.

Al respecto dice, “para mi quedó atrás el tiempo de decir que sufrí tanto en el campo. Sí se sufre, efectivamente, se viven muchas injusticias, pasas insultos, discriminación, humillaciones, te pagan muy poco, sufres de enfermedades, intoxicaciones, accidentes que no son pagados… y al final así te despiden y no creaste nunca ningún derecho”.

Pero recalca que cuando una jornalera indígena aprende a defenderse es diferente, porque puede exigir un salario digno y prestaciones, además tiene claro cuáles son sus obligaciones como trabajadoras y cuáles las de la empresa. “Cuando tú conoces todo eso, es muy difícil que el patrón te violente, tal vez no te contrate, ¿verdad?, no quiere personas así, pero es muy difícil que alguien te violente, y es muy difícil que alguien te vuelva a victimizar”.

Una persona que exige sus derechos corre el riesgo de no ser contratada, pero Margarita afirma que es mejor demandar lo que les corresponde cuando son despedidas de manera injustificada, cuando piden licencia de maternidad, afiliación al Seguro Social, o un intérprete porque hablan una lengua indígena y no dominan el español. Más, si el día de mañana las trabajadoras, como si fueran máquinas, van a ser obsoletas para las empresas.

Mujeres en Defensa de la Mujer, agrupación integrada por mujeres mixtecas y triquis da talleres en las comunidades del Valle de San Quintín, hace difusión en su programa radial “Entre mujeres tejiendo caminos” en la radio indigenista XEQUIN (La Voz del Valle), en donde colabora con la Secretaría del Trabajo y el sector Salud y busca que las jornaleras también se adueñen de sus cuerpos.

Para fortalecerse busca también conocer el trabajo de otras organizaciones que hacen difusión de los derechos de las mujeres, o de las que defienden la tierra y el territorio. “Sabemos que cuando una empresa internacional entra a nuestros territorios no nada más llega a explotar las manos jornaleras, también llegan a explotar la tierra, a destruir la naturaleza, luego de terminar sus objetivos se van y dejan tierras infértiles”.

Estas mujeres que viven de la fuerza de su cuerpo y de la bondad de la tierra, las mismas que todavía salen de madrugadas de sus casas improvisadas para subir en grupos a camiones destartalados y llegar a los puntos donde la suerte dirá si el capataz las escoge para emplearlas, dicen que seguirán denunciando cuando sea necesario.

La idea de un futuro mejor sigue viva y por eso desde 2015 el movimiento de jornaleros ha hecho fuerza y un eco tan grande que ha sido reprimido: “Creo que el movimiento de este año era un grito desesperado que ya tiene desde hace mucho tiempo la población jornalera. Por parte de Mujeres en Defensa de la Mujer seguimos de pie y aquí estamos”, dice Margarita.



Margarita Amalia Cruz Cruz | CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez y Gabriela Godínez González
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

3/18/2017

Gobierno incumple, continúa acoso sexual y deterioro laboral: jornaleras

 A dos años de su paro en San Quintín


Jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín,  en Baja California (BC), denunciaron que el Gobierno federal no ha cumplido con la solicitud que le hicieron hace dos años para  sancionar y terminar con el acoso sexual de que son víctimas, tampoco actuó ante su exigencia de  mejores condiciones laborales, acceso a servicios de salud y educación de calidad para sus hijas e hijos.

Durante el cierre de la Caravana Nacional por las y los Jornaleros de San Quintín, la secretaria de Igualdad de Género del Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas, Abelina Ramírez Ruíz, dijo a Cimacnoticias que, pese a las exigencias que presentaron desde hace dos años,  mayordomos, ingenieros y empresarios de los lugares en donde trabajan siguen abusando sexualmente de las mujeres jornaleras en total impunidad.

A esto se suma la falta de voluntad política por garantizarles mejores condiciones laborales, señaló

Recordó que desde el 17 de marzo de 2015, cuando miles de trabajadoras de las empresas del Valle de San Quintín realizaron un paro laboral  para demandar el cumplimiento de sus derechos laborales, han seguido exponiendo a la opinión pública y al gobierno  las condiciones precarias en las que trabajan: salarios de 120 pesos al día, carencia de seguridad social y jornadas de hasta 12 horas, todos los días de la semana.

En el caso de las mujeres, a esas malas condiciones se suma una doble jornada laboral. La trabajadora del campo en Chiapas e integrante de la Coalición Indígena de Migrantes de Chiapas, Teófila Díaz Jiménez, dijo en entrevista para Cimacnoticias que las jornaleras que emigran de Chiapas a BC, están, “al igual que los hombres, en las tierras de cuatro de la madrugada hasta las seis de la tarde, pero además deben cumplir con otras obligaciones como preparar la comida de sus compañeros y limpiar el lugar en el que se quedan”.

Díaz Jiménez expuso también los problemas que enfrentan las mujeres cuyos maridos emigran a San Quintín para emplearse como jornaleros. “Ellas se quedan a cuidar a sus hijas e hijos y el salario  que envían sus esposos no les alcanza para comprar ni lo básico”.

Jornalera de San Quintín en el Monumento a la Revolución en la CDMX | CIMACFoto: César Martínez López.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en 2015, de los aproximadamente 5 millones de personas jornaleras que hay México, cinco de cada 10 ganan entre uno y dos salarios mínimos al día.

SALUD

Las personas trabajadoras del campo también exigen mejores servicios de salud. Díaz Jiménez dijo que cuando las y los jornaleros se enferman, los dueños de las empresas que los contratan los despiden y no se preocupan por ellos, pese a lo grave de su enfermedad.

Abelina Ramírez Ruíz denunció las complicaciones que enfrentan para acceder a hospitales. “Nos hacemos hasta tres horas de camino para llegar”, dijo. Además, el agua que consume está contaminada “los químicos  perjudican a las mujeres embarazadas  y a sus hijos y no tenemos un hospital para llevarlas”.

Y añadió: “Muchas han muerto. Por eso tuvimos el valor de salir, no podemos permitir que nuestra gente se esté muriendo”.

Respecto a los servicios de educación para niñas y niños, las jornaleras denuncian la carencia de universidades y lugares para que sus hijas e hijos estudien. “Igual que los hospitales, los centros de estudio están muy lejos”, mencionó Ramírez Ruíz.

MOCHILAS, EN VEZ DE GUARDERÍAS


La secretaria de Igualdad de Género de la organización denunció que el único acercamiento del gobierno de BC, encabezado por Francisco Arturo Vega de la Madrid,  con ellas para atender las denuncias educativas fue la de entregarles mochilas cuando la Caravana partió de BC en rumbo a recorrer ocho estados del país. “lo hicieron para callarnos y decir que nos están ayudando. Una mochila, ¿cuánto nos va a durar?, ¿y el futuro de nuestros hijos?”, comentó.

Desde 2015, una de las exigencias de las mujeres jornaleras fue la de que crear guarderías, sin embargo, Ramírez Ruíz aseguró que no se ha avanzado nada al respecto.

En San Quintín trabajan como jornaleras 80 mil personas en condiciones precarias, las mismas en que laboran quienes trabajan en  Sinaloa, Sonora, Nayarit, Jalisco, Guanajuato y Michoacán, como lo corroboraron los testimonios que recopilaron  durante la Caravana que inició el 4 de marzo de este año por esos estados.

Como resultado de la unión entre trabajadores y trabajadoras jornaleras del país, el día de hoy el Comité de Familiares de los normalistas en condición de desaparición forzada de Ayotzinapa se pronunció a favor de la lucha.

CIMACFoto: César Martínez López.

Jornaleros, madres y padres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala exigieron, a través de un comunicado, que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social cumpla los derechos que como trabajadores les corresponden en materia de salarios y seguridad social; así como eliminar las prácticas de acoso sexual contra las jornaleras, respetar la libre asociación sindical y erradicar los contratos colectivos de protección patronal.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Montserrat Antúnez Estrada
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
  

2/18/2017

Jornaleras en EU: menos acceso a visas y más riesgo de deportación



  La mayoría de las mujeres migrantes que se emplean en el sector agrícola de Estados Unidos (EU) podrían ser deportadas, ya que se encuentran en situación migratoria irregular debido, sobre todo, a que al intentar obtener sus papeles sufren una clara discriminación en el acceso a visas temporales de trabajo en el campo, la H2A. Sólo 4 por ciento de estas visas fueron asignadas a mujeres, de acuerdo con las estimaciones del Departamento de Trabajo de EU.

Al respecto, la directora del Instituto de Estudios y Divulgación sobre Migración (Inedim), Fabienne Venet, declaró en entrevista con Cimacnoticias que existe una severa discriminación de género en la adjudicación de las visas H2A, por lo que no existe rastro o estadísticas exactas de la cantidad de mujeres migrantes que están sin documentación y trabajan en el campo del país vecino.

Lo que estamos viendo, aseveró Venet, “es una violación a la legislación en la no discriminación del empleo, las mujeres están sistemáticamente excluidas de las visas H2A”. Por ejemplo, en 2010 “datos oficiales estiman que en general 20 por ciento de la fuerza de trabajo agrícola son mujeres”, sin embargo consideró que aún resta un gran esfuerzo por visibilizarlas.

Las especialista en temas migratorios destacó que sería responsabilidad de los reclutadores, empleadores, pero también del gobierno de EU y México, regular esta situación, ya que “deben garantizar el acceso de igualdades para los hombres y las mujeres”, pues que la mayoría de las visas son entregadas a las personas migrantes mexicanas. Hasta 2012, el Departamento de Trabajo de EU informó que otorgaron  60 mil 365 visas H2A, el 90 por ciento fueron adjudicadas a personas migrantes de México.

DISCRIMINACIÓN Y EXCLUSIÓN

La directora del Inedim, expuso algunos casos de la discriminación y exclusión que viven las migrantes mexicanas para acceder a la visa H2A.

En 2012, “una migrante proveniente San Luis Potosí trabajaba en la industria del cangrejo en EU, por sus habilidades calificaba para obtener una visa H2A” (que brinda mayores prestaciones y protección laboral). Sin embargo, “la agencia que la reclutó no abrió ninguna oferta de trabajo con visa H2A para mujeres, por lo cual se le negó su cambio”, comentó Venet.

FEMINIZACIÓN DE LA MIGRACIÓN

La participación de las mujeres en los procesos migratorios ha aumentado en las últimas décadas. La directora del Inedim explicó que a partir de los años 90, estudios etnográficos demuestran una fuerte feminización de la migración mexicana, perteneciente sobre todo a comunidades rurales. Asimismo la entrada del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) acentuó la pobreza en el campo y contribuyó a este  fenómeno migratorio.

Las jornaleras de la globalización -como llaman a las migrantes en el sector agrícola- “son parte del proceso de feminización de la pobreza y la necesidad de las mujeres en insertarse en diferentes sectores ocupacionales”, por el momento, 44 por ciento de la población mexicana migrante en EU son mujeres, agregó Venet.

CON RIESGO DE SER DEPORTADAS

Al no contar con documentación, las migrantes empleadas en el sector agrícola de EU corren mayores riesgos de ser deportadas con la nueva administración del presidente de EU, Donald Trump, consideró Fabienne Venete.

Aunque no se ha hablado de la revocación de las visas H2A, dijo la especialista, “la orden ejecutiva para proteger trabajadores estadounidenses que dio Trump nos dice un poco por dónde va la situación”.

Durante la primera semana de febrero se registraron diversas redadas, que concluyeron con la deportación de 90 personas mexicanas, según cifras oficiales.

Sin embargo, Venet recordó lo ocurrido en la pasada administración de Barack Obama, quien al reforzar la política de control y deportación de personas migrantes se enfrentó con las empresas del sector agrícola: “los dueños del campo dijeron que no podía ser, porque no podrían levantar las cosechas, también ahí hay sectores que van a negociar con la organización pública”.

“Las trabajadoras son esenciales en los sectores de producción de la economía de EU”, destacó la directora del Inedim, y comentó que confía que eventualmente se entreguen mayores visas de trabajo temporal en los próximos años.

Fabienne Venet señaló que las medidas de inserción por parte del Gobierno mexicano hacia la población mexicana deportada son poco claras.

Respecto a la atención jurídica que el Gobierno mexicano aseguró que brindaría a través de los consulados, Fabienne Venet comentó que  “deberán informar y proteger con enfoque de género a las trabajadoras migrantes temporales”, así como estrechar un mayor diálogo bilateral para evidenciar situaciones de abusos y posible deportación.

INICIATIVAS PARA SU PROTECCIÓN  

También han existido avances en la lucha por parte de las organizaciones sociales para erradicar la discriminación de género en la obtención de visas, trabajos, atención a casos de abusos y garantías de los Derechos Humanos (DH) y laborales de las personas migrantes en EU, dijo Venet.

“Hay una situación de vulnerabilidad muy clara y una falta de protección” aseguró la especialista, “me parece que en términos de reclutamiento, en México la Secretaría de Trabajo necesita ampliar en sus actividades de inspección y supervisión de las agencias reclutadoras con perspectiva de género”, agregó que se requiere tener un registro de denuncias de discriminación por género en él.

La directora Inedim informó que, el año pasado, la institución y el Centro de los Derechos del Migrante (CDM) presentaron una queja ante el Consejo Nacional de Prevenir la Discriminación (Conapred) por discriminación de género en la contratación de trabajadoras migrantes temporales en EU. Pero hasta el momento no han obtenido respuestas.

Por otra parte en 2014 en Canadá la agrupación United Food and Commercial Workers (UFCW) presentó una denuncia ante el Conapred (CONAPRED/DGAQR/405/14/DQ/I/DF/Q303) por las mismas razones.

En este caso la denuncia fue aceptada y tramitada, y propició que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) se comprometiera a: solicitar al empleador que defina perfiles detallados excluyendo el criterio de género; tras un periodo de cinco años, rechazar solicitudes de mano de obra de empleadores que continúen integrando criterio de género en sus pedidos; impulsar con autoridades y empleadores canadienses ajustes a previsiones de vivienda que respondan a contrataciones mixtas; e informar a las autoridades canadienses de este proceso.

Asimismo, añadió que desde 2013 en el Senado estadounidense se encuentra detenida una iniciativa de ley, la cual  busca dar a los y las trabajadores agrícolas temporales la permanencia en EU tras cinco años de trabajo.

Además, se tendría la obligación de entregar, el primer año de su aprobación, cerca de 12 mil visas H2A para personas migrantes, y obligaría a los empleadores registrar, pagar los sueldos y costes de transporte y alojamiento de las personas migrantes. Esta iniciativa podría estar en riesgo por el nuevo mandatario, concluyó Venet.

CIMACFoto: César Martínez López
Por: Hazel Zamora Mendieta
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

 

3/19/2016

Un año de promesas incumplidas para jornaleras de San Quintín


CIUDAD DE MÉXICO (apro-cimac).- Sin ningún acuerdo plenamente cumplido de parte del gobierno federal y el local, las jornaleras del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), siguen en condiciones de trabajo precarias y abusivas a un año de haber exigido con megamarchas y paros laborales mejoras salariales, e infraestructura médica y de cuidados.
Con el movimiento laboral iniciado el 17 de marzo de 2015 en San Quintín, las mujeres jornaleras no sólo arroparon las exigencias del gremio por aumento salarial y seguridad social, sino que además se posicionaron con sus propias demandas. Su salario de menos de 120 pesos diarios, las jornadas extenuantes y la ausencia de protección social derivaron en un paro laboral que duró semanas y que conllevó también la toma de la carretera Transpeninsular durante varias horas.
Se gestó así un movimiento que fue un reflejo de lo que ocurre con las trabajadoras agrícolas de todo el país, cuya población y condiciones de vida son inciertas por la ausencia de un censo oficial.
Las exigencias femeninas se centraron desde el inicio en cuatro puntos: creación de un hospital de especialidades de tercer nivel para mujeres embarazadas o con enfermedades provocadas por los riesgos de su trabajo; guarderías de calidad para las jornaleras; medidas contra el acoso sexual, e inspecciones para asegurar que los empleadores cumplan las licencias de maternidad y no cometan abusos contra ellas.
Las jornaleras han sido protagonistas de estas movilizaciones que incluso a mediados de 2015 fueron reprimidas, al grado de que las autoridades de BC entraron a las comunidades a golpear a activistas, y permitieron una ola de despidos en los campos agrícolas.
Según el balance de activistas de la región, a un año de las movilizaciones en San Quintín los avances son raquíticos para las mujeres.
Nada de hospital
En noviembre pasado inició en San Quintín la ampliación de infraestructura del Hospital Rural Prospera Número 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Vicente Guerrero (principal comunidad de migrantes de la etnia triqui), el mismo que en enero de 2015 recibió una recomendación de la CNDH por violencia obstétrica contra una mujer indígena.
Las modificaciones al nosocomio están pensadas para concluir en el primer semestre de 2016 y, de acuerdo con información del IMSS, requiere una inversión de 45 millones de pesos para 10 camas más, la remodelación del área de urgencias, quirófanos y hospitalización, así como la creación de 10 consultorios de especialidades, pero ninguna vinculada con la salud reproductiva de las mujeres.
La indígena y activista Lucila Hernández García, que viajó hasta el Senado en marzo de 2015 para exigir mejor atención médica para las jornaleras, dijo que la ampliación del Hospital Rural no representa lo que en origen querían las trabajadoras del campo: contar con centros médicos de la más alta calidad y con equipo y suficiente personal especializado para evitar muertes de mujeres embarazadas, quienes tienen que viajar hasta por cuatro horas a Ensenada (a 188 kilómetros de San Quintín), para recibir atención de tercer nivel.
Si bien el proyecto de ampliación está planeado en cuatro fases, hasta ahora los resultados no se traducen en atenciones especializadas contra las muertes maternas, sino únicamente en la construcción apenas de tan sólo seis metros cuadrados de piso y pared.
Guarderías, ni en el papel
En peores términos está el compromiso de crear guarderías para las trabajadoras agrícolas de la región, aseguró Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.
Y es que hasta abril pasado no había más que estancias infantiles improvisadas con láminas sobre llantas de colores, y una guardería del IMSS en la que estaba inscrito sólo el hijo de una jornalera, como lo constataron estas agencias al visitar San Quintín.
Como se observa en los tres informes de avances que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se encargó de revisar la situación de las y los jornaleros de San Quintín, mientras más avanzaban los encuentros entre las autoridades y el movimiento jornalero, la propuesta de crear guarderías se iba diluyendo hasta el punto de no quedar escrita en alguna minuta.
En resumen, un año después no hay ni tres piedras colocadas en el piso que avizoren la construcción de una estancia de calidad para cuidar a las y los hijos de las jornaleras mientras ellas trabajan, ya que permanecen en las calles, al cuidado de otras mujeres sin paga, o detrás de las rejas sus casas.
Fideicomiso que nunca se creó
Destaca que para la creación del hospital de especialidades y las guarderías, así como de otras mejoras de infraestructura, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, estipuló la creación de un fideicomiso al que aportarían recursos tanto el gobierno federal como del estado, y quedaría a cargo de las y los jornaleros.
Los detalles de ese fondo se discutieron en la mesa de diálogo del 24 de abril de 2015, en un restaurante del Valle de San Quintín, al que acudió, además del subsecretario de Gobernación, el gobernador Francisco Vega, e integrantes de la Alianza de Organizaciones.
Al respecto, Sánchez Gabriel precisó que en reuniones sucesivas se acordó que el fideicomiso también contendría recursos para el desarrollo de programas sociales focalizados a las necesidades de las mujeres y sus hijas e hijos.
Las y los jornaleros podrían participar en la administración del fideicomiso siempre y cuando, advirtieron las autoridades, el movimiento lograra consolidarse con una figura jurídica, lo que sucedió el 3 de diciembre de 2015 al crearse un sindicato.
Sin embargo, al día de hoy, con las y los jornaleros agrupados incluso en dos organizaciones sindicales, no hay fideicomiso ni recurso alguno palpable para esta población.
En su lugar, en septiembre pasado el gobierno de BC presentó un Programa de Atención para la Región de San Quintín, en el que reconoce los grandes rezagos sociales que denunciaron las y los jornaleros meses antes.
Como parte de ese programa, para el que se aseguró una inversión de 2 mil 720 millones de pesos del gobierno del estado y el federal, se establecieron varias líneas de acción enfocadas a “grupos vulnerables” en los que se integra la salud y condición de las 21 mil mujeres que habitan la región.
Mediante apoyos sociales, programas asistencialistas, conferencias, talleres y mejoras de infraestructura que incluyen sólo una estancia infantil (sin detallar sus características), el gobierno local pretende hacer frente a problemas de salud sexual y reproductiva que padecen las jornaleras, como cáncer de mamá y embarazos de alto riesgo.
Efímeros módulos contra acoso sexual
En abril de 2015, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que previo a iniciar inspecciones laborales en los centros de trabajo en San Quintín, promovería módulos de atención para que las jornaleras que afrontaran acoso sexual fueran atendidas de manera directa.
No obstante, desde la primera semana que estuvieron estos módulos, estas agencias verificaron que, incluido el que permanecía afuera de la Casa de Gobierno en San Quintín, sólo eran una carpa amarrada con lazos y no había una sola persona que atendiera a las víctimas. Días después los módulos desaparecieron y todo volvió a ser como antes.
En mayo pasado, la STPS presumió haber realizado más de 300 inspecciones en diferentes centros de trabajo, pero los resultados públicos no reflejaron casos de mujeres víctimas de acoso o violencia sexual.
A fin de procurar que las inspecciones cumplieran sus objetivos y no fueran una simulación más de las autoridades, las y los jornaleros solicitaron acompañar al personal de inspección en sus tareas, petición que fue admitida pero nunca se concretó.
A esa demanda se sumó una solicitud del Senado en noviembre pasado para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizaran en un censo el número de mujeres y niñas que se dedica al trabajo agrícola en México.
Al respecto, a una solicitud de información de estas agencias a ambas dependencias, la Sagarpa respondió no estar al tanto de tal censo y refirió la petición al Inegi, que hasta ahora tampoco ha respondido.
Mientras, Margarita Cruz Cruz, directora de la Casa de la Mujer Indígena en San Quintín, relató que durante 2015 siguió recibiendo casos de mujeres que padecieron abusos laborales por trabajar en los campos agrícolas.
Al menos 4% de los más de 200 casos de violencia en general que atendió Cruz tenía que ver con despidos injustificados y el incumplimiento de las licencias de maternidad.
A decir de la defensora, la proporción de mujeres que denunciaron abusos laborales en 2015 no varió respecto de otros años. Su personal incluso realizó entrevistas e instaló módulos para conocer si en algo había mejorado la situación de las jornaleras, pero los relatos de discriminación, abusos y pobreza persistente confirmaron que no.
Lo único que cambió este año –aseguró– fue que finalmente personal de la Secretaría del Trabajo de BC aceptó escuchar las propuestas de la Casa de la Mujer Indígena para iniciar programas de información sobre derechos laborales para las jornaleras, una medida en la que las activistas de San Quintín insistían cada año sin obtener respuesta.
Por su parte, la Alianza de Organizaciones apuntó que el principal logro, y tal vez único a lo largo de este año, no fue el aumento salarial por categoría –que derivó en el aumento de tareas y en cuotas más altas al Seguro Social–, sino la creación el pasado 3 de diciembre del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.
En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el 4 de noviembre de 2015 el registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, del cual la secretaria de Equidad de Género, Lucila Hernández, acaba de renunciar por considerar que no se toman en cuenta las demandas de las mujeres.
Así, a un año de distancia del inicio de las movilizaciones y “sin nada que festejar”, las y los jornaleros comenzaron hoy desde muy temprano una caminata que durará varios desde San Quintín hasta las playas de Tijuana para hacer un balance de los avances y retrocesos con trabajadores agrícolas de la frontera norte.
Medidas cautelares
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares dirigidas al gobierno de Baja California, así como a los municipios de Ensenada y Tijuana, además de comisionar a visitadores adjuntos para participar como observadores en las actividades que hoy llevarán a cabo personas jornaleras.
En el marco de las actividades para defender sus derechos laborales, jornaleros y jornaleras agrícolas del Valle de San Quintín convocaron a diversas movilizaciones para este día, como una marcha entre las ciudades de Ensenada y Tijuana, así como a una reunión con autoridades estatales y municipales en el Centro de Gobierno de San Quintín.
Las medidas cautelares tienen la finalidad de salvaguardar la dignidad e integridad de las personas que participen en la marcha y reunión, así como de la población en general y de los integrantes de los medios de comunicación que ejerzan su labor al documentar los hechos.

3/17/2016

Un año de promesas incumplidas para jornaleras de San Quintín

 Sin mejoras en condiciones laborales y sin servicios de salud

Sin ningún acuerdo plenamente cumplido de parte del gobierno federal y el local, las jornaleras del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), siguen en condiciones de trabajo precarias y abusivas a un año de haber exigido con megamarchas y paros laborales mejoras salariales, e infraestructura médica y de cuidados.

Con el movimiento laboral iniciado el 17 de marzo de 2015 en San Quintín, las mujeres jornaleras no sólo arroparon las exigencias del gremio por aumento salarial y seguridad social, sino que además se posicionaron con sus propias demandas.

Su salario de menos de 120 pesos diarios, las jornadas extenuantes y la ausencia de protección social derivaron en un paro laboral que duró semanas y que conllevó también la toma de la Carretera Transpeninsular durante varias horas.

Se gestó así un movimiento que fue un reflejo de lo que ocurre con las trabajadoras agrícolas de todo el país, cuya población y condiciones de vida son inciertas por la ausencia de un censo oficial.

Las exigencias femeninas se centraron desde el inicio en cuatro puntos: creación de un hospital de especialidades de tercer nivel para mujeres embarazadas o con enfermedades provocadas por los riesgos de su trabajo; guarderías de calidad para las jornaleras; medidas contra el acoso sexual; e inspecciones para asegurar que los empleadores cumplan las licencias de maternidad y no cometan abusos contra ellas.

Las jornaleras han sido protagonistas de estas movilizaciones que incluso a mediados de 2015 fueron reprimidas, al grado que las autoridades de BC entraron a las comunidades a golpear a activistas, y permitieron una ola de despidos en los campos agrícolas.

Según el balance de activistas de la región consultadas por Cimacnoticias, a un año de las movilizaciones en San Quintín, los avances son raquíticos para las mujeres.

NADA DE HOSPITAL
En noviembre de 2015 inició en San Quintín la ampliación de infraestructura del Hospital Rural Prospera Número 69 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicado en Vicente Guerrero (principal comunidad de migrantes de la etnia triqui), el mismo que en enero de 2015 recibió una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violencia obstétrica contra una mujer indígena.

Las modificaciones al nosocomio están pensadas para concluir en el primer semestre de 2016 y, de acuerdo con información del IMSS, requiere una inversión de 45 millones de pesos para 10 camas más, la remodelación del área de urgencias, quirófanos y hospitalización, así como la creación de 10 consultorios de especialidades, pero ninguna vinculada con la salud reproductiva de las mujeres.

La indígena y activista Lucila Hernández García, que viajó hasta el Senado en marzo de 2015 para exigir mejor atención médica para las jornaleras, dijo que la ampliación del Hospital Rural no representa lo que en origen querían las trabajadoras del campo: contar con centros médicos de la más alta calidad y con equipo y suficiente personal especializado para evitar muertes de mujeres embarazadas, quienes tienen que viajar hasta por cuatro horas a Ensenada (a 188 kilómetros de San Quintín), para recibir atención de tercer nivel.

Si bien el proyecto de ampliación está planeado en cuatro fases, hasta ahora los resultados no se traducen en atenciones especializadas contra las muertes maternas, sino únicamente en la construcción apenas de tan sólo seis metros cuadrados de piso y pared.

GUARDERIAS, NI EN EL PAPEL

En peores términos está el compromiso de crear guarderías para las trabajadoras agrícolas de la región, aseguró Fidel Sánchez Gabriel, vocero de la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social.

Y es que hasta abril de 2015 no había más que estancias infantiles improvisadas con láminas sobre llantas de colores, y una guardería del IMSS en la que estaba inscrito sólo el hijo de una jornalera, como lo constató Cimacnoticias al visitar San Quintín.

Como se observa en los tres informes de avances que realizó la Comisión de Derechos Humanos del Senado, que se encargó de revisar la situación de las y los jornaleros de San Quintín, mientras más avanzaban los encuentros entre las autoridades y el movimiento jornalero, la propuesta de crear guarderías se iba diluyendo hasta el punto de no quedar escrita en ninguna minuta.

En resumen, un año después no hay ni tres piedras colocadas en el piso que avizoren la construcción de una estancia de calidad para cuidar a las y los hijos de las jornaleras mientras ellas trabajan, ya que permanecen en las calles, al cuidado de otras mujeres sin paga, o detrás de las rejas sus casas.

FIDEICOMISO QUE NUNCA SE CREÓ

Destaca que para la creación del hospital de especialidades y las guarderías, así como de otras mejoras de infraestructura, el subsecretario de Gobernación, Luis Enrique Miranda, estipuló la creación de un fideicomiso al que aportarían recursos tanto el gobierno federal como del estado, y quedaría a cargo de las y los jornaleros.

Los detalles de ese fondo se discutieron en la mesa de diálogo del 24 de abril de 2015, en un restaurante del Valle de San Quintín, al que acudió, además del subsecretario de Gobernación, el gobernador de BC, Francisco Vega, e integrantes de la Alianza de Organizaciones.

Al respecto, Sánchez Gabriel precisó que en reuniones sucesivas se acordó que el fideicomiso también contendría recursos para el desarrollo de programas sociales focalizados a las necesidades de las mujeres y sus hijas e hijos.

Las y los jornaleros podrían participar en la administración del fideicomiso siempre y cuando, advirtieron las autoridades, el movimiento lograra consolidarse con una figura jurídica, lo que sucedió el 3 de diciembre de 2015 al crearse un sindicato.

Sin embargo, al día de hoy, con las y los jornaleros agrupados incluso en dos organizaciones sindicales, no hay fideicomiso ni recurso alguno palpable para esta población.

En su lugar, en septiembre de 2015 el gobierno de BC presentó un Programa de Atención para la Región de San Quintín, en el que reconoce los grandes rezagos sociales que denunciaron las y los jornaleros meses antes.

Como parte de ese programa, para el que se aseguró una inversión de 2 mil 720 millones de pesos del gobierno del estado y el federal, se establecieron varias líneas de acción enfocadas a “grupos vulnerables” en los que se integra la salud y condición de las 21 mil mujeres que habitan la región.

Mediante apoyos sociales, programas asistencialistas, conferencias, talleres y mejoras de infraestructura que incluyen solo una estancia infantil (sin detallar sus características), el gobierno local pretende hacer frente a problemas de salud sexual y reproductiva que padecen las jornaleras, como cáncer de mamá y embarazos de alto riesgo.

EFÍMEROS MÓDULOS CONTRA ACOSO SEXUAL

En abril de 2015, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) informó que previo a iniciar inspecciones laborales en los centros de trabajo en San Quintín, promovería módulos de atención para que las jornaleras que afrontaran acoso sexual fueran atendidas de manera directa.

No obstante, desde la primera semana que estuvieron estos módulos, Cimacnoticias verificó que, incluido el que permanecía afuera de la Casa de Gobierno en San Quintín, sólo eran una carpa amarrada con lazos y no había una sola persona que atendiera a las víctimas. Días después los módulos desaparecieron y todo volvió a ser como antes.

En mayo de 2015, la STyPS presumió haber realizado más de 300 inspecciones en diferentes centros de trabajo, pero los resultados públicos no reflejaron casos de mujeres víctimas de acoso o violencia sexual.

A fin de procurar que las inspecciones cumplieran sus objetivos y no fueran una simulación más de las autoridades, las y los jornaleros solicitaron acompañar al personal de inspección en sus tareas, petición que fue admitida pero nunca se concretó.

A esa demanda se sumó una solicitud del Senado en noviembre pasado para que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) contabilizaran en un censo el número de mujeres y niñas que se dedica al trabajo agrícola en México.

Al respecto, a una solicitud de información de esta agencia a ambas dependencias la Sagarpa respondió no estar al tanto de tal censo y refirió la petición al Inegi, que hasta ahora no ha respondido.

Mientras, Margarita Cruz Cruz, directora de la Casa de la Mujer Indígena en San Quintín, relató que durante 2015 siguió recibiendo casos de mujeres que padecieron abusos laborales por trabajar en los campos agrícolas.

Al menos 4 por ciento de los más de 200 casos de violencia en general que atendió Cruz, tenía que ver con despidos injustificados y el incumplimiento de las licencias de maternidad.

A decir de la defensora, la proporción de mujeres que denunciaron abusos laborales en 2015 no varió respecto a otros años. Su personal incluso realizó entrevistas e instaló módulos para conocer si en algo había mejorado la situación de las jornaleras, pero los relatos de discriminación, abusos y pobreza persistente confirmaron que no.

Lo único que cambió este año –aseguró– fue que finalmente personal de la Secretaría del Trabajo de BC aceptó escuchar las propuestas de la Casa de la Mujer Indígena, para iniciar programas de información sobre derechos laborales para las jornaleras, una medida en la que las activistas de San Quintín insistían cada año sin obtener respuesta.

Por su parte, la Alianza de Organizaciones apuntó que el principal logro, y tal vez único a lo largo de este año, no fue el aumento salarial por categoría –que derivó en el aumento de tareas y en cuotas más altas al Seguro Social–, sino la creación el pasado 3 de diciembre del Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.

En paralelo, el Gobierno de la Ciudad de México anunció el 4 de noviembre de 2015 el registro del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros Agrícolas y Similares, del cual la secretaria de Equidad de Género, Lucila Hernández, acaba de renunciar por considerar que no se toman en cuenta las demandas de las mujeres.

Así, a un año de distancia del inicio de las movilizaciones y “sin nada que festejar”, las y los jornaleros comenzaron hoy desde muy temprano una caminata que durará varios desde San Quintín hasta las playas de Tijuana, para hacer un balance de los avances y retrocesos con trabajadores agrícolas de la frontera norte.
  
Jornaleras en una marcha en San Quintín en abril de 2015 | CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa

Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 

3/16/2016

Renuncia secretaria de Equidad de sindicato machista


   Lucila Hernández acusa exclusión en gremio jornalero



A unos días de cumplir un año de las movilizaciones laborales en el Valle San Quintín, Baja California (BC), la vocera jornalera Lucila Hernández García anunció su renuncia del Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros, Agrícolas y Similares, que fue aprobado “fast track” por el gobierno de la Ciudad de México en noviembre de 2015.
 
“Por falta de igualdad y respeto a las mujeres”, Lucila Hernández decidió ayer abandonar su puesto como secretaría de Equidad de Género del sindicato, que nunca fue reconocido por las y los activistas que iniciaron desde hace un año sus movilizaciones en San Quintín, en demanda de mejoras salariales y garantías sociales.
 
La activista por los derechos de las trabajadoras aseguró en entrevista con Cimacnoticias que ella y sus compañeras, otras tres integrantes del sindicato, no eran convocadas por el secretario general, Enrique Alatorre, a las reuniones gremiales en las que se tomaban acuerdos
 
Además reveló que las exigencias que competían a las jornaleras eran consideradas por los líderes sindicales como “asuntos de viejas”.
 
En su papel de secretaria de Equidad de Género, Lucila Hernández tuvo oportunidad de informar la situación precaria de las jornaleras durante el Foro de Consulta para la preparación del IX Informe de México en el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por su siglas en inglés), que se llevó a cabo en febrero pasado en la Ciudad de México.
 
Lucila señaló que en adelante seguirá trabajando con las jornaleras para informarlas sobre sus Derechos Humanos y laborales, y que está respaldada por diversos grupos de mujeres feministas y activistas en BC.
 
Cabe recordar que el Sindicato Nacional Independiente de Jornaleros, Agrícolas y Similares fue admitido por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del DF en unas cuantas semanas, y de inmediato fue criticado como “corporativista” por la Alianza de Organizaciones Nacional, Estatal y Municipal por la Justicia Social, que en diciembre de 2015 inició otro gremio llamado Sindicato Independiente Nacional Democrático de Jornaleros Agrícolas.
 
Lucila Hernández | CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-


10/29/2015

Despiden a 20 jornaleras en represalia por movilizaciones en BC


   Mujeres provenientes de Guerrero y Oaxaca, las más vulnerables

Los acuerdos que en mayo pasado firmaron funcionarios federales con el movimiento jornalero del Valle de San Quintín, en el estado de Baja California (BC), no se tradujeron en mejoras laborales para las trabajadoras agrícolas de todo el país ni para las de la región; al contrario, trajeron despidos contra quienes se manifestaron y abusos para la población más vulnerable.

Margarita Nemecio Nemesio, colaboradora del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, consideró lo anterior al participar en el seminario “Mujeres y migración. El caso de las mujeres migrantes en la Sierra de Guerrero”, que se realizó hoy en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La defensora –que ha participado en diversas investigaciones sobre jornaleras migrantes– señaló que se esperaba que el movimiento laboral que iniciaron las y los jornaleros en Ensenada, BC, en marzo pasado tuviera un efecto en el trabajo agrícola en todo el país.

No obstante, tras un sondeo reciente la activista tuvo conocimiento de al menos 20 casos de mujeres jornaleras provenientes de los estados de Guerrero y Oaxaca, que fueron despedidas en represalia por participar en el movimiento, y quienes presentaron denuncias (algunas anónimas para evitar represalias) ante las instancias laborales del Valle de San Quintín.

Nemecio Nemesio informó que la mayoría de las mujeres afectadas con el despido masivo buscaron otra fuente de ingresos y algunas regresaron a sus entidades de origen.

Expresó que los acuerdos del gobierno federal sólo quedaron en el papel, porque el salario precario se mantuvo, además de que los empresarios empezaron a ofrecer trabajo –a través de las redes de contratación a nivel nacional y con técnicas de “enganchamiento fraudulentas”– a otra población del sur del país, que desconoce sus derechos o que es más vulnerable.

CORRUPCIÓN LIMITA DERECHOS

La también experta en temas agrarios y Derechos Humanos (DH) explicó que prácticamente sólo un programa federal, el de Atención a Jornaleros Agrícolas, concentra todo el apoyo gubernamental para este sector laboral.

No obstante, el presupuesto de ese programa –que depende de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol)– ha disminuido año con año porque los gobiernos no lo consideran prioritario, y aunque ha cambiado varias veces sus reglas de operación para incorporar talleres y capacitación en DH, la encuesta en la que está basado su diagnóstico es de 2009.

A esto se suma que ninguna otra estrategia de atención a jornaleras y jornaleros cuenta con enfoque de género, no son nacionales ni integrales.

Por su parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) está enfocada en certificar la mano de obra agrícola, para que sea contratada por empresas que dicen cumplir los estándares en la protección de derechos.

No obstante, la STyPS no verifica que estas certificaciones sean verdaderas o que no hayan sido adquiridas por medio de estrategias fraudulentas, observó Margarita Nemecio.

Se agrega que la dependencia sigue dando subsidios a agricultores o empresas sin verificar que realmente otorguen garantías a su personal, ya que cuando hay inspecciones en los centros de trabajo se avisa a los empresarios para que simulen que cumplen con estándares mínimos o simplemente no se realiza la revisión.

Por otra parte, la población jornalera –observó Nemecio– no tendría por qué certificar su fuerza de trabajo en condiciones de explotación laboral y de “esclavitud moderna” en la que se encuentran en los campos agrícolas, principalmente de Sonora, donde se utilizan contratos internos que desglosan más obligaciones para la y el trabajador que para la empresa.

La experta llamó al gobierno a articularse más con las propuestas de los grupos civiles, específicamente en el tema de guarderías, a ser más transparente en la asignación de certificaciones y subsidios, y a sancionar no sólo administrativa o económicamente a las empresas que incurran en abusos.

De acuerdo con Tlachinollan, las mujeres jornaleras de La Montaña de Guerrero son principalmente indígenas monolingües, con altas tasas de analfabetismo y bajos niveles de escolaridad, con desnutrición, bajos índices de desarrollo humano, y a que además afrontan distintas formas de explotación, discriminación y violencia.


CIMACFoto: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | México, DF.-