La bancada del PRI en el Senado. Foto: Benjamin Flores
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- No es racional aceptar ser gobernados
por corruptos, pero no es fácil evitarlo. El rechazo ciudadano a la
corrupción como elemento constitutivo del priismo hegemónico explica, al
menos en parte, la alternancia del 2000. Sin embargo, el hábito de
utilizar el poder y los recursos públicos en beneficio privado se
propagó viralmente sin distinción de etiquetas partidarias durante los
dos sexenios panistas, no obstante la Ley de Transparencia y la creación
del IFAI. Ante esa decepción, el retorno del PRI a la silla
presidencial se dio bajo la premisa implícita de que ellos eran igual de
corruptos que los demás, pero sí sabían gobernar. Con feroz
contundencia, los hechos han comprobado la radical falsedad de ese
supuesto. Las malas mañas producen mal gobierno. El desencanto con
políticos y partidos de todos los colores aumenta día a día, lo mismo
que el sofocamiento creciente de la paciencia social. Sumergida en un
inframundo político dominado por la inexpugnable pareja siamesa de
corrupción e impunidad, la ciudadanía respira y transpira desesperanza e
incertidumbre.
No es para menos. La corrupción le cuesta al país cerca de 10% del
PIB. El 97% de las denuncias penales presentadas por la Auditoría
Superior de la Federación en los últimos años han quedado en el limbo.
De un total de 656, sólo 19 han llegado a tribunales; el resto se ha
empantanado, la mayoría en la Procuraduría General de la República. El
91% está “en integración del ministerio público”, es decir, atascadas en
los archivos de la PGR. Únicamente el 2% han alcanzado los tribunales y
cuentan con orden judicial. El resto se reparte entre amparos y
reservas (El País, 25/II/16). La impunidad en pleno. Sin hablar de la
colusión entre crimen organizado y política.
La iniciativa ciudadana conocida como #Ley3de3 es una oportunidad
para manifestar el reclamo social de erradicar la corrupción de manera
activa y propositiva. La Ley General de Responsabilidades
Administrativas formula que todo funcionario público tenga la obligación
de presentar sus declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal de
manera periódica y pública. De ahí el nombre por el que se le conoce, a
fin de que el ciudadano la identifique fácilmente y acceda al sitio
www.ley3de3.mx, donde podrá descargar, llenar y firmar los formatos
destinados a apoyar esta propuesta de la sociedad civil. Se requieren
120 mil firmas para que la legislación avance como iniciativa ciudadana
en el Congreso. Por tanto, la contribución de quienes estamos hartos de
la corrupción rampante es indispensable para que prospere esta
herramienta jurídica que haga posible la prevención, el combate y la
sanción de ese mal endémico nacional de forma eficiente y eficaz. Quedan
sólo tres semanas para hacerlo.
La Ley3de3 identifica y define varios tipos de corrupción grave:
soborno, malversación, peculado y desvío de fondos públicos; tráfico de
influencias, abuso de funciones, enriquecimiento oculto, obstrucción de
la justicia, colusión, uso ilegal de información falsa o confidencial,
nepotismo y conspiración para cometer actos de corrupción. Asimismo,
establece directrices para normar la conducta ética de los servidores
públicos, además de un marco de responsabilidades único para todo el
país que rija su actuación en los tres órdenes de gobierno: federal,
estatal y municipal. Se incluyen los órganos autónomos, los candidatos,
los partidos políticos y los particulares. Figuran mecanismos para que
los ciudadanos puedan denunciar actos de corrupción de forma segura y
anónima, e incluso para que participen de un porcentaje del monto
recuperado. También se determina la forma de logar una mayor
coordinación entre las autoridades encargadas de investigar y sancionar
los actos de corrupción.
La Ley General de Responsabilidades Administrativas, una de las dos
legislaciones que deberán crearse a partir de la aprobación de la
Reforma Constitucional del Sistema Nacional Anticorrupción (lo que
deberá ocurrir a más tardar en mayo próximo), fue elaborada por un grupo
de 18 ciudadanos expertos en la materia, entre los que destacan: Jesús
Cantú, María Amparo Casar, Mauricio Merino y Juan Pardinas. Fue
redactada por Josefina Cortés, Max Kaiser y José Roldán Xopa.
Toda ley es perfectible. En el caso de las sanciones descritas en el
artículo 74 de la Ley3de3, me extraña que no se considere a la
corrupción como delito grave susceptible de castigarse con cárcel, como
ocurre en muchos países, sino que forma parte de las “faltas
administrativas”. Esa omisión evita que el presidente de la República
sea juzgado por corrupción y que los corruptos sean sancionados
penalmente. En ese tipo de faltas ningún funcionario debería disfrutar
de fuero, ya que ello es el origen de la impunidad de la que han gozado
los exmandatarios del país, así como quien ahora ocupa el cargo. El
fracaso ético del gobierno actual está indisolublemente ligado a la
debacle en ámbitos tan diversos como Pemex, la legitimidad del régimen y
el respeto a los derechos humanos. Nadie, menos aún quien ostente la
más alta responsabilidad política de la nación, debiera estar exento de
ser juzgado por transformar el servicio público en negocio privado.
En consecuencia, es indispensable que el Sistema Nacional
Anticorrupción, al igual que las leyes e instituciones que surjan de él,
garanticen la autonomía de los encargados de investigar y juzgar
presuntos actos de corrupción en todos los niveles del servicio público,
del presidente para abajo. Si no se evita que se repita una farsa
legaloide como la protagonizada por el secretario de la Función Pública
para exonerar a su jefe de toda responsabilidad en los hechos revelados
por Carmen Aristegui (que causaron su salida del aire), cualquier
intento de combatir la corrupción nacerá muerto.
La única forma de evitar la asfixia política es que los mexicanos
expresemos nuestras demandas y exijamos su cumplimiento. No hay
democracia sin ciudadanía ni ciudadanía sin voz. El mandato debe ser
claro y sin concesiones: La corrupción no puede quedar impune.
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