Denuncian violación de garantías en el proceso de Castro Soto en Honduras

La juez lo acusa de desobediencia, sostienen sus familiares

Elio Henríquez

Periódico La Jornada

El proceso judicial que las autoridades de Honduras llevan a cabo por el atentado en el que fue asesinada la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Berta Cáceres, y herido el ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto ha estado caracterizado por la violación de los derechos humanos y garantías procesales en contra del director de la Asociación Civil Otros Mundos Chiapas, denunciaron sus familiares.

Dijeron que Castro Soto ha sido sometido a largas jornadas de espera para la práctica de las diligencias investigativas, a la falta de tiempo de reposo entre la realización de las mismas, falta de acceso a sus fotocopias de todas las diligencias y de asistencia médica y sicológica como víctima de un delito grave, retención de sus pertenencias y sobre todo la prohibición de salir del país, medida que la propia juez del caso, Victorina Flores, reconoce en su resolución como no prevista para testigos.

En un comunicado, los familiares de Berta Cáceres y de Gustavo Castro, así como el Copinh, aseguraron que además, la juez resolvió el jueves negar el recurso de reposición interpuesto contra la prohibición de que Castro Soto salga del país por 30 días.

Manifestaron que la juez argumenta que el mexicano incumplió un citatorio, el cual él nunca tuvo por recibido cuando se suscitó el incidente del aeropuerto, para negarle su salida del país centroamericano, ya que las autoridades policiales y fiscales se limitaron a impedir su salida sin hacerle entrega alguna de citación.

Subrayaron que la juez aduce que incurrió en el delito de desobediencia y que podría haber librado una orden de captura en su contra.

Las irregularidades cometidas se suman a las del proceso general de investigación administrativa y judicial que se ha llevado a cabo en el esclarecimiento del asesinato de Berta Cáceres y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro, cometidos el 3 de marzo en La Esperanza, Intibucá, agregaron.

Dijeron temer que con estos indicios la juez esté predispuesta para fincar responsabilidades penales a Gustavo Castro, víctima, testigo y defensor de derechos humanos.

Expresaron que, del mismo modo, las actuaciones de la fiscalía y del juzgado han de

jado en estado de indefensión a las víctimas y testigos, limitándose documentación fundamental para su representación en el proceso.