Impunidad y corrupción, a galope
Estado de México, primer lugar
Concluye el sexenio de Enrique
Peña Nieto con los más elevados niveles de corrupción e impunidad,
durante el cual las dos avanzaron a galope tendido, y ante la
perspectiva de la amnistía que decretaría el gobierno entrante,
los grupos de poder se frotan las manos, pues quedarían libres de toda
acción judicial en su contra, es decir, impunes.
De acuerdo con información de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE), la corrupción cuesta a México hasta 10
por ciento del producto interno bruto, proporción equivalente a cerca de
2 billones de pesos, en un círculo vicioso que, desde luego, incluye a
la impunidad.
Para dar una idea de qué se trata, el Centro de Estudios Sociales y
de Opinión Pública de la Cámara de Diputados divulgó un informe
temático, fechado en noviembre del presente año, con base en el índice
global de impunidad México (IGI-Mex) 2018, elaborado por la Universidad
de las Américas Puebla (Udlap, que incorpora una medición de la
dimensión de los derechos humanos como complemento al índice de los
estados), y de él se toman los siguientes pasajes.
México empeora en los índices de impunidad global y estatal. El
primero, en México, aumentó tanto en el ámbito global como en el de los
estados de la República. Nuestro país ocupa el cuarto lugar del índice
global de impunidad, y encabeza la lista de países del continente
americano con el más alto registro en la materia.
Al mismo tiempo aumenta la cifra negra y la tasa de violencia se
mantiene en niveles muy altos. La cifra negra se refiere a los delitos
no denunciados y sigue en un porcentaje muy alto. Incluso aumentó casi
un punto porcentual en dos años, al pasar de 92.8 a 93.7 por ciento, lo
cual confirma que los mexicanos siguen sin tener confianza en sus
instituciones de seguridad y justicia para denunciar los delitos de que
fueron víctimas.
Las entidades de la República con el promedio más alto de delitos no
denunciados son: Guerrero (97.48 por ciento), estado de México (95.45),
Ciudad de México (94.72), Tamaulipas (94.65), Jalisco (94.24) y Tlaxcala
(94.21), lo que ni lejanamente quiere decir que el resto no reporte
altos índices de impunidad.
El promedio nacional del índice de impunidad (IGI-Mex 2018), tomando
en cuenta a las 32 entidades, aumentó a 69.84 puntos en comparación con
la última medición de 2016, que fue de 67.42. Los estados que aumentaron
en cinco puntos o más su índice de impunidad son: Aguascalientes (7.48
puntos), Tlaxcala (7.37), Nayarit (6.65), Puebla (6.4), Chiapas (5.68),
Guanajuato (5.66), Tamaulipas (5.49) y Coahuila (4.95).
Y las 10 entidades con los índices más altos de impunidad son estado
de México (80.06), Tamaulipas (78.88), Baja California (78.08), Coahuila
(77.88), Quintana Roo (77.33), Guerrero (76.08), Aguascalientes
(75.85), Veracruz (75.62), Puebla (75.59) y Oaxaca (75.12).
El estado de México (tierra natal de Peña Nieto) es la entidad con el
índice más alto de impunidad, con un puntaje de 80.06. Se registran 202
mil 205 carpetas de investigación, la cantidad más alta en todo el
país, y únicamente hay mil 209 sentenciados en primera instancia.
Solamente 0.59 por ciento de carpetas acaba en sentencia, lo que habla
de la debilidad en la integración de éstas por los agentes del
Ministerio Público.
Estos números de la cadena impune explican que la entidad sea la que
presente el problema más grave en el país. El estado de México enfrenta
además conflictos estructurales de inversión en agencias y ministerios
públicos, no cuenta con suficientes jueces y magistrados, al tiempo que
se redujo su estado de fuerza policial.
Por si fuera poco, México tiene cuatro veces menos jueces y
magistrados que el resto del mundo (3.9 contra 16 por cada 100 mil
habitantes y corrupción e impunidad van de la mano.
Las rebanadas del pastel
Con esa tétrica realidad se iniciará el nuevo gobierno. Entonces, ¿amnistía?
Twitter: @cafevega
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