Este artículo es parte de la cobertura de IPS
durante los 16 Días de activismo contra la violencia de género, que
comenzaron el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer.
Susana Gómez, a quien una golpiza de su entonces marido dejó invidente,
en una plaza de la ciudad de ciudad argentina de La Plata. Ella no
encontró apoyo del Estado para liberarse de la violencia machista, pero
una organización social la salvó de integrar la estadística de
feminicidios en América Latina, los asesinatos de mujeres por razones de
género de los que se registraron 2.795 casos en 2017 en la región.
Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS
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Ciega tras una golpiza de su exmarido, Susana Gómez se libró de sumarse
a la lista de los cerca de 2.800 feminicidios cometidos anualmente en
América Latina, pero su caso evidencia porqué las políticas públicas y
leyes están lejos de alivianar la violencia de género en la región.
“Hice muchas denuncias (13 penales y cinco civiles) y la justicia
jamás me dio bolilla (me hizo caso)”, resumió Gómez a IPS en un diálogo
en una plaza de su barrio en Lisandro Olmos, un suburbio de La Plata,
capital de la provincia de Buenos Aires.
Pese a que en Argentina ya existían en 2011, cuando se produjo el
brutal ataque contra ella, comisarías de la mujer, no fue suficiente
para protegerla de su agresor.
Lo que la salvó de la muerte fue La Casa María Pueblo, una
organización no gubernamental (ONG) que como otras en América Latina
tratan, con recursos propios, suplir las deficiencias del Estado para
proteger y asesorar jurídicamente a las víctimas de la violencia
machista.
Gómez, sus cuatro hijos y su madre, también amenazados por su expareja, fueron rescatados y cobijados en esa institución.
“No teníamos nada. Entramos con lo que teníamos puesto, con el
documento y nada más porque estábamos de aquí para allá. Todos nos
cerraban las puertas, la justicia, la policía no hacían nada, la
fiscalía tampoco”, recordó Gómez, quien ahora tiene 34 años.
“Si no hay organizaciones como esta yo no estaría aquí para contarlo,
no hubiese llegado a juicio. Si no tienes un acompañamiento jurídico,
un refugio con identidad reservada, tratamiento psicológico, yo no
podría haber enfrentado esto que no es fácil”, destacó.
En abril del 2014, un tribunal de La Plata condenó a ocho años de
prisión a su exmarido, Carlos Goncharuk. Ahora Gómez reclama
judicialmente al gobierno de la provincia de Buenos Aires una reparación
económica.
“La vista no me la va a devolver nadie, pero es para que la justicia,
el Estado tengan más conciencia para prevenir un antes y un después”,
subrayó Gómez que se siente nuevamente amenazada porque el victimario
será liberado el año próximo.
Según el abogado y fundador de la ONG, Darío Witt, Gómez no quedó
ciega por accidente o enfermedad sino por las repetidas palizas del
entonces su marido. La última vez le golpeó la cabeza contra una pared
de la cocina.
“Este resarcimiento no contiene un objetivo económico de por sí. Lo
que queremos intentar demostrar para Susana y todas las otras víctimas
como ella es que el Estado, que los Estados en general sean nacionales
provinciales o municipales y de distintos países, tienen una altísima
responsabilidad para que esto ocurra. El Estado no es inocente en estas
cuestiones”, argumentó Witt a IPS.
“Cuando quedé ciega y vi que no vería más a mis hijos dije basta”, recordó.
Cifras que horrorizan
Según el Observatorio de Igualdad de Género (OIG) de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), al menos 2.795 mujeres fueron asesinadas en 2017 por razones de género en 23 países de esta región, en lo que varias legislaciones nacionales de la región tipifican ya como feminicidio o femicido.
La lista de feminicidios difundida este mes por OIG
la lidera Brasil (1.133 víctimas registradas en 2017), en cifras
absolutas, pero en términos relativos, de la tasa de crímenes de género
por cada 100.000 mujeres, es El Salvador el que alcanza una cota sin
parangón en la región, con 10,2 feminicidios por cada 100.000 mujeres.
Tabla
de número en términos absolutos de feminicidios por país en América
Latina y el Caribe, así como la tasa de asesinatos por razones de género
por cada 100.000 mujeres. Crédito: Observatorio de Igualdad de Género
de la Cepal
Honduras (en 2016) registró 5,8 feminicidios por cada 100.000 mujeres
y en Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron
altas tasas en 2017, iguales o superiores a dos casos por cada 100.000
mujeres.
OIG detalla que los asesinatos de mujeres por razón de género son
parte muy mayoritaria de los homicidios intencionales de mujeres en la
región, donde los feminicidios son cometidos por parejas o exparejas de
la víctima, con excepción El Salvador y Honduras.
“El feminicidio es la expresión más extrema de la violencia contra
las mujeres. Ni la tipificación del delito ni su visibilización
estadística han sido suficientes para erradicar este flagelo que nos
alarma y horroriza cada día”, dijo Alicia Bárcena, secretaría ejecutiva
de la Cepal al dar a conocer las nuevas cifras de OIG.
La guatemalteca Ana Silvia Monzón, socióloga y comunicadora del Programa de Estudios de Género y Feminismos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), recordó que su país cuenta desde 2008 con una Ley contra el Femicidio y otras Formas de Violencia contra la Mujer y desde un año después con una Ley contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas.
“Ambas constituyen instrumentos importantes porque contribuyen a
visibilizar una problemática que es grave en Guatemala, y son una
herramienta para que las víctimas puedan iniciar el camino a la
justicia”, señaló a IPS desde Ciudad de Guatemala.
Sin embargo pese a esas leyes que contemplaron la creación de un
modelo de atención integral a las víctimas y de tribunales
especializados, “no se asignan los recursos necesarios a las entidades y
programas que deben promover esa prevención, menos aún la atención
especializada a las víctimas que denuncian esa violencia”, sostuvo.
Además “persisten prejuicios y prácticas sesgadas de género entre
quienes aplican la ley” y “poco se ha hecho para introducir contenidos
educativos o programas que contribuyan a cambiar el imaginario social
que asume como normal la violencia contra las mujeres”, en especial a
las indígenas, acotó.
#NiUnaMenos, #NiUnaMás
En la región “los avances son importantes, expresión de un movimiento
de mujeres que ha logrado posicionar la violencia de género como un
problema social, pero son insuficientes”, reflexionó Monzón.
Olivia,
una niña de cinco años, sostiene con determinación un cartel con el
lema contra los feminicidios, #NiUnaMenos, que se ha extendido por
América Latina, en movilizaciones multitudinarias contra la violencia de
género. Olivia participó en una actividad barrial en la ciudad
argentina de La Plata el Día Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, el 25 de noviembre. Crédito: Fabiana
Frayssinet/IPS
Según ONU Mujeres, en total
18 países latinoamericanos y caribeños han modificado sus leyes para
sancionar los crímenes machistas contra las mujeres como feminicidio,
femicidio u homicidio agravado por razones de género.
Pero como concluye Gómez y otros activistas sociales de su barrio, hace falta más.
El encuentro con esta víctima se produjo el domingo 25, durante una
“mateada” (ronda con hierba mate) en la plaza Juan Manuel de Rosas,
convocada por la agrupación Nuevo Encuentro.
La actividad se convocó por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer,
que abrió los 16 Días de Activismo contra la violencia de género, y que
este año tiene como lema #EscúchameTambién, que llama a que las
víctimas sean oídas como parte de la solución de lo que expertas
califican como un “genocidio silencioso”.
María Eugenia Cruz, referente barrial de Nuevo Encuentro, consideró
que pese a los nuevos marcos legales y multitudinarias movilizaciones
como la del #NiUnaMenos contra la violencia machista y los feminicidios,
que se han extendido por Argentina y otros países de la región,
“todavía hace falta charlar de lo que nos pasa a las mujeres”.
“En lugares más cerrados de barrios como este pareciera que la
violencia de género fuera un tema que da vergüenza contar, se sienten
culpables. Visibilizar esto es parte de pensar que herramientas puede
brindar el Estado”, analizó IPS.
“O sino ver cuáles son esas herramientas”, aportó interrumpiendo el
juego Olivia, su hija de cinco años, quien durante la actividad en la
plaza sostuvo orgullosamente un cartel que rezaba: “Ni Una Menos”, el
lema que ha congregado a las mujeres latinoamericanas junto con el de
#NiUnaMás.
Ella ejemplifica una nueva generación femenina latinoamericana que
gracias a las masivas movilizaciones y a la creciente toma de
conciencia social, ya comienza desde temprano a tomar la palabra y a
promover cambios culturales.
“Hoy las mujeres se van dando cuenta desde el noviazgo de las señales
de un hombre violento. Que no le gustan tus amistades, que no le gusta
cómo te vestís. Ahora hay más información y eso es importante”,
reconoció Gómez que actualmente atiende como voluntaria llamadas de
otras víctimas de la violencia.
“Ahora te llaman, te consultan y eso está bueno. Antes, ¿a dónde
llamabas? Más allá del miedo, si te dan identidad reservada eso te
incita a decir: voy a hacer la denuncia y tengo un grupo de gente que me
va a ayudar”, concluyó esta sobrevivien
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