Por: Carmen R. Ponce Meléndez*
La
pobreza es una manifestación extrema de las múltiples facetas de la
desigualdad. La insuficiencia de recursos monetarios para alcanzar un
nivel de bienestar compatible con la dignidad humana es una de las
formas más alarmantes en que se presentan las diferencias sociales. En
ella se concentran a su vez privaciones en el acceso a los bienes y
servicios básicos, y a una protección social adecuada, así como la
falta de participación en los espacios fundamentales de la sociedad,
entre otras.
A su vez, la elevada desigualdad y la pobreza generan desincentivos
para la innovación y la inversión en los países, por lo que
representan una ineficiencia de alto costo en el proceso de desarrollo.
A fin de superar la pobreza se requiere ir más allá de garantizar
mínimos de bienestar como objetivo de las políticas de desarrollo. Sin
abordar las desigualdades y las asimetrías entre grupos de población
que se producen en el proceso de desarrollo, tanto nacional como global,
no es posible lograr transformaciones económicas y sociales más
profundas.
La insuficiencia de recursos debe ser abordada a través de aspectos
como la igualdad en el empleo, la titularidad de los derechos y la
convergencia productiva, entre otros.
Esos son señalamientos del documento de la Comisión Económica para
América Latina y el Caribe (Cepal) titulado: “Medición de la pobreza
por ingresos. Actualización metodológica y resultados”.
En México la mujeres enfrentan niveles de pobreza muy graves por
ingresos insuficientes desde hace más de 30 años; estos salarios bajos
no sólo son producto de la política laboral neoliberal, también de la
cultura patriarcal y machista: brecha salarial, discriminación y una
desigualdad en el mercado laboral, ya sea en salarios o en acceso a
derechos.
Sus trabajos son precarios y con bajas retribuciones. Por lo que hace
a los otros elementos de su autonomía económica como acceso a tierra,
agua, crédito y educación, su acceso es menor al de la población
masculina.
Las cifras sobre capilaridad social confirman que las mujeres que están en pobreza tienen mínimas posibilidades de mejorar.
Las niñas nacidas en el segmento correspondiente al 20 por ciento más
pobre tiene el doble de probabilidades de seguir en esa situación toda
su vida, comparadas con los niños que se encuentran en estas
condiciones.
Desde esta mirada se pueden entender las causas que llevaron a las
obreras de la maquila en Matamoros, Tamaulipas, a enfrentar una huelga
con la exigencia de mejorar salarios y condiciones laborales, o a las y
los maestros de Michoacán, a quienes simplemente no les pagan sus
salarios. Además habría que decir: sus bajos salarios.
Por primera vez en muchos años las autoridades laborales federales
respetan y reconocen una huelga de las y los trabajadores. Las
autoridades estatales y los empresarios tuvieron las mismas respuestas
de siempre: desconocer la huelga, quejarse de las “enormes pérdidas” que
esto provoca y amenazar con la pérdida de empleos. ¡Uf!
Ahora, si bien es cierto que el aumento salarial del 16 por ciento o
del 100 por ciento para la frontera norte es inédito en más de tres
décadas, precisamente por el gran rezago que tienen los salarios y la
enorme pérdida de su poder adquisitivo, su recuperación tendrá que ser
un proceso gradual, pero continúo.
De acuerdo a un estudio realizado por Picodi (publicado en el
periódico El Economista el 30 de enero), una canasta básica alimenticia
es compuesta por ocho productos, cuyos precios son observados y
actualizados constantemente en todo el mundo: pan, leche, huevos, arroz,
queso, carne, frutas y verduras.
Aunque la lista puede parecer corta estos alimentos cubren las
necesidades de proteínas, carbohidratos, fibra y minerales de una
persona adulta promedio. Esta canasta básica tiene un costo promedio de 1
mil 543.65 pesos y el salario mínimo vigente es de 3 mil 061 pesos
mensuales netos.
Por tanto el gasto para la canasta básica considerada es la mitad del
salario mínimo mensual (50.4 por ciento). Esto comparado con cinco
países latinoamericanos ubica a México en el último lugar.
Por ejemplo, un australiano sólo invierte 6.7 por ciento de su
salario mínimo mensual para la canasta básica alimentaria, un español
destina 9.1 por ciento. Los trabajadores en Australia, Irlanda y Gran
Bretaña disfrutan de las mejores condiciones salariales de la lista.
Esto se debe a que un empleado australiano, irlandés o británico sólo
gastará alrededor de 7 por ciento de su salario mínimo en la canasta
básica alimenticia.
Conclusión: Las y los trabajadores del país básicamente trabajan para
apenas comer, basta ver los precios de los alimentos que aparecen en la
gráfica anterior. Los altos precios de los energéticos siguen siendo
determinantes. Y el precio de las hortalizas creció más del 90 por
ciento, tan sólo en los últimos cinco años. En ese mismo período el
salario mínimo tuvo una tasa media de crecimiento anual de apenas el
6.4.
¿Y esto afecta más a las mujeres? Si, y en forma muy importante. Por
ejemplo, solamente 10.4 por ciento de los trabajadores perciben hasta un
salario mínimo, mientras que este porcentaje crece a 17.3 en las
mujeres trabajadoras. De entrada aquí se tiene mayor pobreza por
ingresos femenina y una desigualdad de género laboral considerable. El
problema del país no sólo es la pobreza, también la desigualdad.
En los ingresos más altos sucede lo mismo. Las trabajadoras con más
de cinco salarios apenas alcanzan 6.7 por ciento, en contraste los
trabajadores representan el 16.6 por ciento. Aquí la brecha de género y
la desigualdad económica que provoca es más amplia, en detrimento de las
mujeres y sus familias (datos del segundo trimestre 2018, Enoe-Inegi).
Con este escenario habrá que ver los efectos positivos de la
ampliación de la canasta básica propuesta por el presidente Andrés
Manuel López Obrador, ya no serán 23 sino 40 sus productos y estará
disponible en las tiendas de Seguridad Alimentaria Mexicana, que surgió a
partir de la fusión de Diconsa y Liconsa.
Pero así como las mujeres salen a las calles para exigir seguridad y
un alto al feminicidio o secuestros, también deben exigir el
cumplimiento de sus derechos económicos y laborales. En ambos casos es
obligación del Estado atender estas justas exigencias.
*Economista especializada en temas de género
twitter @ramonaponce
CIMACFoto: César Martínez López
Cimacnoticias | Ciudad de México
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