Venía de una familia originaria de San Antonio de las Alazanas, en Arteaga Coahuila, una pobre comunidad manzanera, integrante de una familia que debió migrar al sueño capitalino. Se había formado en la orientación maoísta que, si algo forma es la disciplina, el pragmatismo y el don de mando. Había destacado en las lides sindicales universitarias y era militante fundadora del PRD.
Sus cartas credenciales eran buenas, así que todavía en la treintena, fue designada secretaria de Gobierno en el Distrito Federal, en el primer gobierno electo, segunda de abordo con Cuauhtémoc Cárdenas. Su declaración patrimonial contrastaba con la riqueza de quienes, procedentes del PRI o por sus actividades privadas, habían acumulado bienes. Ella, tan joven y preparada, tenía un modesto automóvil, una casa en la delegación Coyoacán y una cuenta bancaria.
Además, nadie podría negarle su agenda de género que confrontó al conservadurismo en el 2000, cuando siendo jefa de gobierno interina consiguió aprobar la primera despenalización del aborto para mujeres embarazadas como consecuencia de una violación; solía reunirse con otras mujeres influyentes sin distingo partidista y, entre otras posiciones, esa perspectiva la posicionaba como representante de una izquierda sofisticada que llegaba a la dirigencia del PRD en los tempranos dos miles.
De entonces a la fecha, su presencia pública se ha visto inmersa en escándalos: del trafico de influencias con el empresario Carlos Ahumada a la llamada Estafa Maestra; de la desaparición de casi 12 mil millones de pesos de programas asistencialistas a población indígena, a la renta de un edificio en una de las avenidas más caras de México, escándalo más reciente dado a conocer por su sucesor en la secretaría de Desarrollo Rural, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.
Esto último se trata de uno más de los excesos de la pasada administración ventilados por la nueva, que alimentan el listado que se administra sin consecuencias, algo que Robles Berlanga conoce bien.
En su administración capitalina, Andrés Manuel López Obrador la protegió y en meses recientes, la consideró un “chivo expiatorio”, expresión que recordó el tristemente célebre “no te preocupes Rosario, hay que aguantar”, proferido por Enrique Peña Nieto, cuando entonces era titular de Desarrollo Social y se documentaba el uso electoral de programas sociales.
Lo dicho por López Obrador contrasta con el cese de funcionarios de Pemex implicados en el mismo escándalo de la “Estafa Maestra”, sobre quienes instruyó una investigación especial la semana pasada. No obstante, la revelación del derroche en oficinas difundido ayer, podría ser un viraje, el inicio de la exhibición y, siendo optimista, un encausamiento, por inexplicable empobrecimiento.
Y es que, basta ver su declaración patrimonial, para desconfiar de su veracidad. Al revisar la conclusión de su desempeño público, resulta que Rosario Robles está pobre: ya no tiene automóvil ni casa y le quedaba su salario neto de un mes en la cuenta bancaria (180 mil pesos). Mientras, por lo que se sabe de su desempeño hasta ahora, unos 19 mil millones siguen pendientes de solventar, o bien, de determinar su real paradero… a menos claro, que se convierta en beneficiaria de la amnistía política que vino con el nuevo gobierno.