Dora Villanueva y Alejandro Alegría
Periódico La Jornada
Si bien eran necesarias medidas para recortar una
administración pública obesa y caracterizada por la corrupción, la
percepción es que no se hizo de manera seria, sino sólo con el fin de
liberar gasto para cumplir con las promesas del Presidente, por lo que
saldría más caro el caldo que las albóndigas, expuso Enrique Díaz Infante, especialista en el sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
En opinión de Mariana Campos, coordinadora del Programa de Gasto
Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, el gobierno debió ser
más cuidadoso en la revisión del personal que labora en dependencias
antes de levantar el estandarte de la austeridad.
Las medidas que también afectan a los organismos autónomos implican el riesgo de
sacrificar personal experimentado que venía siendo muy útil para las partes más eficaces de la administración pública, indicó.
La advertencia de un recorte en la burocracia la hizo el presidente
Andrés Manuel López Obrador desde el periodo de campañas, y prometió que
ningún funcionario público ganaría más que él. Una vez que asumió, los
primeros despidos masivos se dieron en el Servicio de Administración
Tributaria. Las salidas voluntarias, como parte del recorte salarial,
tuvieron su caso más sonado en el Banco de México, desde que el Congreso
aprobó la Ley de Remuneraciones para los Servidores Públicos.
“Esto tiene un primer impacto en la política de ingresos y en la
política monetaria (…) Pudo haber un mejor diseño de esta reducción.
Pareciera que esto está operando de manera desordenada”, manifestó Díaz
Infante.
En ese contexto, los despidos, sumados a las salidas voluntarias,
resultarán en dificultades para ejercer el gasto y recaudar en el primer
tramo del gobierno, aseveró.
A ello se suma que el tope salarial fijado por el Presidente –108 mil
744 pesos– no se acompañó de alguna justificación sobre el tema, añadió
Campos. Por ello, apuntó, es necesario que se aclaren cuáles son los
factores que se tomaron en cuenta para integrar la percepción salarial
del mandatario. De lo contrario, esa opacidad siembra el riesgo de que
en futuras administraciones se modifique el monto también a
discrecionalidad del gobierno en turno.
José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el
Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, manifestó que la
necesidad de efectuar un recorte en la administración parte de que en
los pasados 30 años no existieron criterios para normar el desempeño de
los funcionarios públicos ni una evaluación de la eficacia del gasto de
gobierno.
Les acabó generando una inercia de desempeño de la administración que no corresponde con los desafíos tanto globales como nacionales que tiene el país, resumió.
En general, los especialistas coinciden en señalar que sin un
servicio profesional de carrera será poca la eficacia de un recorte, si
bien útil, parco para hacer que la administración pública se vuelva más
eficiente.
Si el objetivo genuino es profesionalizar el servicio público y no sólo liberar recursos “de albazo”,
con el objetivo de llevarlo a otras prioridades del gobierno, se debe
hacer una evaluación periódica de quiénes lo integran. Dejar atrás las
burocracias partidistas y clientelares es la única manera de cumplirlo,
afirmaron.
Al final del día, el éxito de la medida que implementa el Presidente va a radicar en que se pueda mantener y mejorar la calidad de la administración pública. Generar los fundamentos, una restructuración y comenzar con la evaluación va a depender de qué tan prioritario sea esto en las estrategias que está instrumentando el gobierno, indicó De la Cruz.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario