Organizaciones enviarán propuestas a gobierno federal y de los estados
Sancionar
a los funcionarios que obstaculicen el acceso de las mujeres a la
justicia y evaluar el impacto de las 18 Alertas de Violencia de Género
(AVG) vigentes en 17 estados del país son dos peticiones que hoy
hicieron 43 organizaciones integradas en el Observatorio Ciudadano
Nacional del Feminicidio (OCNF).
Luego de que el viernes 1 de febrero el presidente Andrés Manuel
López Obrador anunciara que se la Secretaría de Gobernación está
trabajando en un plan para atender el feminicidio, la coordinadora del
OCNF destacó que “las autoridades en México han demostrado su
negligencia, falta de voluntad política e incapacidad gubernamental para
emprender acciones contundentes, imperando un clima de permisibilidad a
la violencia feminicida en el territorio nacional”.
En conferencia de prensa, aseguró que las autoridades estatales
invisibilizan y reducen el feminicidio al ámbito familiar, “dejando en
la impunidad y no investigando los que se comenten en el ámbito
comunitario, en donde muchos casos son cometidos por diversas
estructuras criminales”.
En este sentido, expuso que de acuerdo con un análisis del OCNF en
estados como Jalisco, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chiapas, entre otros, 70
por ciento de los casos de feminicidio los cometen desconocidos que
pertenecen a grupos delictivos encargados de reclutar a mujeres para
explotación sexual o laboral.
Es por ello que las organizaciones que pertenecen a este Observatorio
elaboraron una serie de propuestas para atender el feminicidio, las
cuales serán entregadas a las autoridades estatales y al Gobierno
federal.
Entre las recomendaciones está que el Gobierno federal actúe de
manera urgente en los lugares en los que se han identificado patrones
criminales y en los espacios públicos donde los cuerpos de las mujeres
son encontrados.
Además, exigieron la generación de una estrategia integral de
seguridad, vinculada y coordinada de manera efectiva a nivel municipal,
regional, estatal y federal con el objetivo de prevenir los delitos
contra las mujeres.
TRANSPARENTAR RECURSOS PARA IGUALDAD
Otras propuestas son fortalecer la figura y la autonomía de los
Institutos o Secretarías de las Mujeres y transparentar los recursos que
se les otorga.
El OCNF destacó que “las autoridades realizan prácticas de violencia
institucional al negar los hechos y al desmantelar los Mecanismos de
Adelanto para las Mujeres y los Centros de Justicia como es el caso de
Oaxaca, las Comisiones de Víctimas, la Coordinación de Implementación de
la AVG en Morelos, o los Institutos de las Mujeres, como sucedió con el
Instituto Jalisciense de las Mujeres”.
El 30 de enero el Congreso de Jalisco aprobó en sesión extraordinaria
el decreto del gobernador Enrique Alfaro para desaparecer el Instituto
Jalisciense de las Mujeres. Al respecto, la coordinadora del Comité de
América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las
Mujeres (Cladem) Jalisco, María Guadalupe Ramos Ponce, denunció que este
acto fue un retroceso para los derechos de las mujeres.
La defensora alertó que con la desaparición del mecanismo de adelanto
para las jaliscienses y su presunta inclusión en la Secretaría de
Igualdad Sustantiva del estado, disminuirán los recursos para la
atención de la AVG porque de acuerdo con el Periódico Oficial del estado
de Jalisco esta Secretaría recibirá un bajo presupuesto.
Agregó que esta decisión se da en un contexto de violencia porque en
lo que va de este 2019 ya se registraron 26 homicidios dolosos en contra
de mujeres en Jalisco, de los cuales cuatro fueron considerados
feminicidio.
Ante esto, la directora de Consorcio para el Diálogo y la Equidad
Oaxaca, Yésica Sánchez Maya, añadió la necesidad de que el Gobierno
federal garantice transparencia en el presupuesto que se envía a los
gobiernos estatales, esto con la finalidad de evitar desvíos o uso
indebido de los recursos.
En Chihuahua, denunció Norma Ledezma Ortega, fundadora de la
organización Justicia para Nuestras Hijas, casi 21 millones de pesos
fueron destinados a comunicación social y solo 19 millones para atención
de la AVG en el estado.
La defensora detalló que en Chihuahua la Fiscalía Especializada en
Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género únicamente
está presente en seis de los 67 municipios. Por ello, reafirmó la
obligación de fortalecer a las instituciones encargadas de la
procuración de justicia de las mujeres.
DEJAR DE INVISIBILIZAR
Ante la poca y vaga información que se tiene respecto a los casos de
feminicidio, otras peticiones de las organizaciones del OCNF son la
creación de Bancos Estatales de Datos de Violencia hacia las Mujeres,
actualizados y desagregados que permitan realizar diagnósticos apegados a
la realidad evitando subregistros y estadísticas no confiables.
También, se exige la creación de un Consejo ciudadano de familiares y
organizaciones defensoras de Derechos Humanos, que incluya a expertas
en evaluación, que permita supervisar el funcionamiento de los
mecanismos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas, tales como el
Protocolo Alba.
Finalmente, se pidió la creación y fortalecimiento de las Unidades de
Análisis y Contexto que dependan de las Fiscalías Generales de los
Estados, como la recientemente creada en Veracruz, la cual tiene como
objetivo investigar delitos de violencia contra las mujeres, niñas,
niños y trata de personas.
Lo anterior con el fin de identificar cómo, dónde y por quién son
asesinadas las mujeres. A partir de estas unidades, asegura el OCNF, se
fortalecerán las investigaciones, se sancionará a los responsables y se
evitará la propagación del feminicidio.
Foto: Sandra Segura
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.
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