En administraciones pasadas los beneficiarios fueron inmobiliarias
El déficit habitacional en México es tan alto que cada año se requieren 900 mil viviendas nuevas, por lo que es indispensable mantener subsidios gubernamentales para la población de bajos ingresos, pero con un reordenamiento claro que realmente beneficie a la gente que lo requiera, porque empresas inmobiliarias que tuvieron un boom durante el gobierno del presidente Vicente Fox se "acostumbraron" a esos recursos, advirtió Gonzalo Cosgalla, director de la consultoría Tu Hipoteca Fácil y ex analista del sector en BBVA Bancomer.
"Si bien es cierto que los subsidios se lo daban a las personas de bajos recursos, los desarrolladores lo consideraban como un dinero con el cual contaban para hacer viviendas por considerar que así era más fácil venderlas, en contraste con lo que sucede con constructoras que edifican inmuebles de interés medio que tienen subsidios y aún así colocan casas o departamentos", dijo.
En su conferencia matutina de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que por la corrupción, empresas inmobiliarias vinculadas con políticos y autoridades hicieron negocios con los subsidios destinados a las viviendas, pues construyeron "huevitos de 30 metros" en unidades habitacionales en partes bajas, inundables, alejadas de zonas urbanas o centros de trabajo, sin servicios ni infraestructura urbana, contrarios a la dignidad de las familias y al medio ambiente. "Se acaba ya el negocio de la construcción masiva de departamentos entregados a empresas inmobiliarias vinculadas a políticos", sentenció el mandatario.
En el gobierno de Fox, empresas como Geo, Ara, Sare Homex y Urbi desarrollaron conjuntos habitacionales que devinieron en "desiertos inmobiliarios" por carecer de infraestructura y estar alejados de centros laborales o ciudades, dijo Cosgalla.
Cada viviendera llegó a construir entre mil y 5 mil casas anuales en su mejor época, pero después entraron en crisis con la reordenación territorial y el freno del financiamiento público que se impuso en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Consideró que al menos cuatro de cada 10 viviendas que se requieren en el país son de interés social, mientras un análisis de BBVA Bancomer indica que ocho de cada 10 créditos hipotecarios otorgados en el primer semestre de 2018 provinieron del gobierno federal a través de Infonavit y Fovisste. En ese periodo, ambos institutos públicos registraron 199 mil créditos por un monto total de 86 mil millones de pesos, contra 53.9 mil préstamos del sector bancario y otras instituciones privadas por 72.4 mil millones de pesos.
A su vez, Claudia Velázquez, directora de operaciones de Softec, definida como la principal empresa especializada en la consultoría e investigación inmobiliaria, pues fue fundada desde 1980 en México, explicó que cuando se dio ese boom inmobiliario fue porque hubo un cambio de modelo y se logró mayor flexibilización del Infonavit para financiar proyectos de vivienda, en lugar de construirlos a través de contratistas. Se dejaron atrás, dijo, los sorteos que realizaba entre los trabajadores para adquirir una vivienda, pero sin libertad para escoger un lugar de su preferencia.
Destacó que con tal cambio también se dio la posibilidad de que muchas familias adquirieran un segundo y hasta tercer crédito para comprar una vivienda más amplia, más cara y de mejores condiciones, vendiendo la primera que habían adquirido con crédito de Infonavit.
El problema fue que a las empresas como Ara, Geo o Urbi se les dejó toda la responsabilidad por parte de autoridades municipales, estatales y federales de tramitar permisos y dotar de infraestructura a todos los complejos inmobiliarios, desde construir caminos, escuelas, clínicas o centros comerciales hasta solicitar rutas de transporte, servicios de drenaje y luz.
"Era demasiada carga para esas empresas y por eso algunas tronaron. Si hubiera sido un negocio seguro el desarrollo de estos conjuntos inmobiliarios no tendrían porque haber necesitado subsidios", aseveró.
Además, puntualizó, los subsidios para vivienda se otorgan directamente a los trabajadores, reduciéndole el costo del inmueble que quisiera adquirir, siempre y cuando no rebasara cierto precio, así que las empresas no recibían dicho recurso.
Susana González G.
Periódico La Jornada
Jueves 7 de febrero de 2019, p. 8
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