El jefe del Ejecutivo hizo el lunes un serio señalamiento en contra del Poder Judicial que el presidente de la Corte no puede pasar por alto, aun cuando su intención sea “evitar un choque de trenes”.
A propósito de la intervención de su gobierno en la Suprema Corte para impedir la devolución de impuestos a exaccionistas del Grupo Modelo, López Obrador arremetió en contra de los juzgadores que “protegen a delincuentes de cuello blanco” y advirtió que por lo menos los exhibirá.
“Una cosa es el respeto a otro poder y otra es que, sabiendo que hubo una transa me quede callado, porque no voy a ser cómplice”. Y remató: “El pueblo se cansa de tanta pinche transa, para quede claro”.
Los destinatarios fueron los ministros que votaron a favor de la devolución de impuestos a los exaccionistas de la cervecera y que según el presidente habría significado un pago de 35 mil millones de pesos.
La devolución de impuestos, en efecto, ha sido una práctica de los grandes consorcios durante décadas y que han representado grandes mermas al erario.
Uno de los más conocidos fue el que gestionó en 2002 el despacho del entonces senador del PAN, Diego Fernández. En un litigio contra el Estado mexicano, el entonces legislador logró que Hacienda le pagara mil 800 millones de pesos a la empresa Jugos del Valle, por concepto de devolución de IVA.
Han sido numerosas las grandes empresas que han litigado en contra de las disposiciones fiscales o que se han beneficiado de perdones de la Secretaría de Hacienda. Entre ellas, Televisión Azteca, de Ricardo Salinas, ahora uno de los aliados del presidente.
López Obrador cambió de humor en unos cuantos días o decidió explotar el tema. La semana pasada, cuando dio a conocer que su gobierno había intervenido en la Corte para que se cambiara el proyecto de resolución que proponía devolver los impuestos por la venta de acciones del Grupo Modelo, dijo que hubo ministros que votaron en contra, pero que los respetaba porque “tienen derecho a hacerlo… son libres y cada quien actúa de acuerdo a la interpretación que le da a las leyes”.
Fue una victoria ante lo que definió como “huachicoleo de cuello blanco”. Pero en momentos en que el Senado está por decidir quién será la nueva ministra de la Suprema Corte a partir del 19 de febrero, en sustitución de la ministra Margarita Luna Ramos, López Obrador se fue en contra del Poder Judicial y advirtió que no se quedará callado y por lo menos denunciará a “cualquier juez, magistrado (o) ministro que proteja a un delincuente de cuello blanco (y) solape actos de corrupción”.
Lo dijo también cuando la Corte tiene que resolver los juicios constitucionales en contra de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, según la cual nadie en México puede ganar más de los 108 mil pesos mensuales que el presidente de la República se fijó.
Aunque se requiere de una mayoría calificada de 8 de los 11 ministros, un escenario es que la ley sea desechada por los vicios cometidos por el Senado en su aprobación.
Con los señalamientos del jefe del Ejecutivo, el ministro Arturo Zaldívar quedó en una posición incómoda.
Cuando asumió la presidencia de la Corte propuso “un diálogo constructivo y fructífero con los otros Poderes” y en un ánimo de tender puentes dijo que la independencia del Poder Judicial “no es aislamiento, intolerancia o romper el diálogo”.
Con el apoyo que tuvo de Juan Luis González Alcántara Carrancá, el primer ministro de López Obrador, para ganar la presidencia de la Corte, el ministro Zaldívar está viendo cómo se derrumban los puentes que ofreció.