Luis Hernández Navarro
El 7 de enero comenzó en
Michoacán una potente movilización magisterial, que hoy parece haber
cambiado de terreno. Usualmente, los paros indefinidos en esa entidad
arrancan con la participación de 30 o 40 por ciento de los maestros y
luego se extienden al resto de las escuelas y centros de trabajo. Sus
formas de lucha se van escalonando de menor a mayor beligerancia. Sin
embargo, en esta ocasión la dinámica fue distinta. Casi desde el primer
momento la suspensión de actividades fue masiva y sus acciones
explosivas. Los docentes bloquearon vías del tren y ocuparon las
oficinas recaudadoras de rentas los municipios
La protesta fue un movimiento de base genuino en el que participan
maestros de todas las corrientes sindicales: desde la CNTE al SNTE,
pasando por Maestros por México y el CEND. Sin embargo, quien condujo la
lucha fue, en lo esencial, la CNTE.
El conflicto fue provocado por el continuo y sostenido incumplimiento
de múltiples compromisos laborales por parte del gobernador Silvano
Aureoles, acumulados a lo largo de varios años, que suman casi 7 mil
millones de pesos. Se agravó por su pretensión de pasar la bronca al
gobierno federal, saliéndose unilateralmente del Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación Básica vigente desde 1992, y
trasladarle a la SEP la nómina del magisterio estatal. La decisión fue
tomada pocos días antes de que el nuevo presidente tomara posesión.
El problema creció aún más, cuando, irresponsablemente, el gobernador
se fue de gira a Europa durante 12 días, mandó a negociar a empleados
sin capacidad y peleó con los funcionarios federales encargados de
atender el problema. La secretaria de Gobernación –dijo Silvano a los
diputados del PRD–
no ayuda. Llama para regañar y para dar instrucciones. Se mostró muy ofendida y me regañó... De allí se derivaron palabras que ya no han permitido que se derivara el diálogo. No hay con quién platicar el tema desde la perspectiva política.
La gota que derramó el vaso de la inconformidad fue el pago
retrasado de los salarios de 32 mil trabajadores de la educación
estatales. No obstante que la Federación transfirió recursos, Aureoles
liquidó la primera quincena de diciembre hasta el 27 de ese mes, y la
primera de enero hasta el 26.
Los maestros nunca demandaron dinero ni para la CNTE ni para el
sindicato. Buscaron resolver graves problemas que afectan a profesores
estatales y a normalistas egresados desde 2014, no a docentes federales.
Aureoles les debe por concepto de bonos mil 64 millones de pesos. A
pesar de que ya les descontó 388 millones para el Fondo Estatal de
Pensiones Civiles y cuatro meses de cuotas para el Issste, no ha
aportado estos recursos a estas instituciones.
No obstante que descuenta a los maestros vía nómina el pago de
seguros de vida y de créditos para adquirir bienes y servicios, el
gobierno del estado no ha depositado a las empresas contratadas el
dinero que ya descontó a los docentes. Mientras el gobierno federal
absorbe el pago del ISR de los maestros federales, el gobierno estatal
se lo descuenta a los maestros locales. Incumple el principio de a
trabajo igual, salario igual.
A unos 4 mil 800 normalistas egresados de planteles públicos de 2014 a
la fecha que laboran sin contrato o con contratos precarios de dos y
tres meses no se les ha pagado o se ha hecho irregularmente. El gobierno
estatal jinetea las jubilaciones. Los internados y centros de
desarrollo infantil que requieren alimentar a niños de dos a tres años y
jóvenes inscritos no tienen recursos para adquirir la comida.
Cuando la nómina magisterial pasó del Fondo de Aportaciones de la
Educación Básica y Normal al Fondo Nacional de la Nómina Educativa (2013
y 14), se dejó fuera del FONE a 18 mil 500 maestros. Para complicar más
las cosas, el presupuesto para educación básica de 2019 aprobado por el
Congreso local es de solamente 130 millones de pesos quincenales,
cuando se requieren 240 millones. Una bomba de tiempo.
El conflicto con los trabajadores de la educación en Michoacán fue
producto de la apuesta de Aureoles de confrontar al gobierno de López
Obrador utilizando a los maestros. El mandatario estatal apoyó en los
pasados comicios la candidatura presidencial de José Antonio Meade y se
enredó con múltiples problemas financieros y administrativos. Escaló su
pleito con el Presidente como maniobra para tender una cortina de humo
sobre sus problemas.
En la negociación entre la SEP, el gobierno de Michoacán y la CNTE se
hicieron propuestas para desatorar el conflicto. Sin embargo, no se
resolvió algo medular: la restructuración del presupuesto de egresos
estatal para garantizar el pago de la nómina, parte del origen del
problema.
Más allá del ámbito local, el conflicto michoacano es parte de una
bronca mayor que aqueja al conjunto del sistema educativo nacional: el
fracaso de la descentralización educativa (1992), de la Alianza por la
Calidad de la Educación (2007) y de la reforma educativa (2012). En casi
todo el país, el marco educativo está a punto de reventar. Michoacán no
fue excepción, sino anticipo de lo que puede suceder.
Twitter: @lhan55
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