Estancias infantiles y corrupción
Presión de gestores
Necesidad social
Signo de los tiempos
El cambio de modelo de
asignación de recursos a estancias infantiles para madres trabajadoras y
padres solos es un buen ejemplo de contradicción y choque entre dos
aspiraciones legítimas: por un lado, la supresión de fórmulas de entrega
de dinero a intermediarios o gestores, para así propiciar que se
eliminen los tradicionales moches corruptos a cargo de
organizaciones y liderazgos políticos y sociales; por otra parte, la
necesidad de mantener un esquema de servicio a infantes que, aun con sus
deficiencias y distorsiones, presta una ayuda sustancial al desempeño
laboral de los usuarios adultos.
De un lado, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha denunciado
lo que ha sido un secreto a voces: el desvío de parte de los recursos
destinados a esas estancias infantiles. Este episodio es parte de una
narrativa mayor: el político tabasqueño está decidido a desmontar las
múltiples y arraigadas estructuras de corrupción y clientelismo que los
gobiernos federales del PRI y el PAN sostuvieron con especial
aplicación. En particular, AMLO ha iniciado una batalla contra las
prácticas históricas de agrupaciones especializadas en gestionar o
bajarfondos federales para repartirlos entre sus agremiados.
Un ejemplo mayor de esas prácticas y de esa fuerte batalla por venir
puede verse en el Movimiento Antorchista Nacional, creado en 1974 por el
ingeniero agrónomo Aquiles Córdova Morán y particularmente impulsado
por el ingeniero Raúl Salinas de Gortari durante el sexenio del hermano
de éste. Conocido también por el nombre de su expresión original,
Antorcha Campesina, este movimiento suele realizar marchas
multitudinarias, plantones prolongados y presión fuerte contra
gobernantes a los que demanda recursos públicos para programas
asistenciales administrados por el aparato político antorchista (y ya se
preparan para ir contra AMLO).
En realidad, la política y la administración pública mexicanas están
sumamente cargadas de ejemplos de uso discrecional y abusivo de recursos
públicos para fines teóricamente nobles. Sin ir más lejos: mediante
concesiones, exenciones, incentivos e incluso tramposas devoluciones de
pago de impuestos, la élite empresarial se ha beneficiado históricamente
del dinero público, arguyendo que lo recibido sirve para
promover el empleo. Y no se diga de los moches inmortalizados por legisladores, sobre todo panistas, especializados en conseguir recursos federales a municipios, pero con un descuento porcentual a título de gestión política.
El caso de las estancias infantiles también está lleno de
claroscuros. De manera trágica e inolvidable, la guardería ABC de
Hermosillo, Sonora, puso de manifiesto el esquema de asignación de
fondos públicos para ese tipo de establecimientos operados por cercanos a
las élites políticas. Un esquema reproducido en muchas partes del país.
Sin embargo, la supresión de la entrega directa de esos fondos a las
estancias infantiles, mediante una autorización dada por cada
beneficiario a través de un formato llamado CC1, ha generado un
explicable revuelo, que han aprovechado personajes como Margarita Zavala
Gómez del Campo (mmm, el segundo apellido suena conocido en el caso de
la antes citada guardería de Hermosillo, Sonora) y algunos políticos
priístas, pero también entre legisladores de Morena, a quienes preocupa
el golpe práctico que significaría el paso anunciado por el secretario
de Hacienda, Carlos Urzúa, quien incluso se permitió sugerir que los
fondos por entregar ahora directamente al beneficiario puedan ser
utilizados para pagarle a abuelitos de los niños para que los cuiden.
Dos propósitos plausibles están en choque circunstancial y ha de
desearse que a fin de cuentas ambos se cumplan: evitar corrupción y dar
adecuada atención institucional. Esa es una línea de trabajo que se
mantendrá a lo largo de estos primeros años de acomodos y reacomodos
obradoristas. Signos de los tiempos.
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