Frente a lo que viven, y cansadas del alargamiento del caso, han denunciado en diversas instancias internacionales
Lima, ene. 21. AmecoPress/SEMlac.- El juez Rafael Martín Martínez suspendió la Audiencia programada para el 11 de enero de 2021, para presentación de cargos contra los responsables de las esterilizaciones forzadas, crimen de lesa humanidad: el expresidente peruano Alberto Fujimori, sus exministros de Salud, Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga y una serie de exfuncionarios de su gobierno.
El proceso fue aplazado durante más de dos años, luego de la denuncia ante el Poder Judicial de parte de la Fiscalía de la Nación, en octubre de 2018, y tras 16 años de investigación y archivamientos.
Cuando se instaló la Audiencia, se dieron cuenta de la ausencia de traductores de quechua, idioma de la mayoría de víctimas.
La situación fue aprovechada de inmediato por César Nakasaki, abogado de Alberto Fujimori, secundado por los abogados de los otros acusados, que aludieron al derecho de las víctimas a entender en su idioma lo que iba a suceder. El juez Martin consultó con el Fiscal y abogados y suspendió la Audiencia hasta nueva fecha.
El abogado de Fujimori ya había justificado la ausencia de Fujimori en la Audiencia, aludiendo que no le correspondía participar, por no ser motivo de la extradición (desde Chile) de la que fue objeto. Como en otras ocasiones, se señaló también que estaba delicado de salud.
Fujimori se encuentra ya preso por crimen de violación de derechos humanos en otros casos, ocurridos durante su gobierno.
Las víctimas y otras organizaciones solidarias exigen al juez que fije fecha y hora para proseguir con celeridad la Audiencia, a 25 años de ocurridos los hechos y la serie de dificultades que las víctimas afrontan, ya que ni siquiera han alcanzado políticas de reparación integral, que no deben esperar el proceso judicial.
"Sabían que éramos quechua hablantes y debieron llevar traductores oficiales", señala Rute Zuñiga, presidenta de AMPAEF. "Siempre buscan argumentos para dilatar la justicia y no lo vamos a permitir. Es una burla ver que los abogados de los fujimoristas hablen de nuestros derechos, solo para retardar la justicia".
El caso lleva el Expediente No 59-2019 y contiene más de 1.300 casos; otro expediente con más de 1.000 casos se encuentran también en Fiscalía, a cargo de la Fiscal Edith Chamorro.
El fiscal Pablo Espinoza no pudo, en esta ocasión de la Audiencia, sustentar los cargos contra los responsables de este crimen de lesa humanidad: Alberto Fujimori y sus exministros Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y otros funcionarios de su gobierno. Ellos son acusados por los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones graves seguidas de muerte y lesiones graves en un contexto de violaciones a los derechos humanos.
El caso fue declarado como crimen de lesa humanidad y reúne las condiciones para que se establezca el proceso judicial, advierte la presidenta de AMPAEF, Rute Zuñiga, y esperaba que no se alargue más, como ha sucedido con las investigaciones de Fiscalía, donde el caso se mantuvo por 16 años, para vergüenza de la justicia peruana, dice.
El doctor Sigfredo Florián, del Instituto de Defensa Legal (IDL), abogado de un grupo de víctimas de Anta (Cusco), Huancabamba (Piura) y Lima, había expuesto una serie de criterios sobre lo que podía pasar en la citada Audiencia, aunque había tres escenarios:
Que el juez apertura el proceso y entramos a una investigación judicial; que el juez devuelva la denuncia para que el Fiscal corrija algunos defectos y que el juez archive.
Aunque lo que sucedió fue la suspensión, por no contar con traductores de quechua.
Desde el Grupo de Seguimiento a las Reparaciones en Esterilizaciones Forzadas (GREF) se solicitó a la Defensoría del Pueblo, a Amnistía Internacional y a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, su participación como OBSERVADORES de la Audiencia. Todas aceptaron participar y son testigos de lo sucedido.
"Un grupo mayoritario de víctimas llegamos a esta Audiencia representadas por abogados de Defensa Pública, proporcionados por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Además, por la situación de emergencia sanitaria que afrontamos, será una Audiencia Virtual, donde a Fujimori, el responsable de esta política discriminatoria y crimen de lesa humanidad, se le brinda la Plataforma Virtual de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional del Perú, donde está preso, aunque no por las esterilizaciones forzadas. A nosotras, las víctimas, ninguna facilidad, ni plataforma, ni explicación", expresa la cusqueña Zuñiga. "Carecemos de esos recursos técnicos. Pero queremos que el proceso continúe y que no se archive más".
"Ya son casi 25 años de esta lucha", dice Aurelia Paccohuanca, de Anta, Cusco. "Ya han muerto como siete compañeras en Cusco, otras están enfermas y sobre todo cansadas de esta lentitud por parte de la justicia y de las instituciones que deben aplicar las reparaciones.
Constatamos que seguimos siendo pobres, nuestra salud física está afectada y también nuestra salud mental. El Estado nunca se ha responsabilizado, por eso no dejamos de reclamar las reparaciones integrales", denuncia.
"Aun así seguimos fuertes y unidas en nuestras organizaciones y así seguiremos hasta lograr justicia", apunta Paccohuanca, una de las líderes de la organización.
Las esterilizaciones forzadas en el Perú se realizaron durante el gobierno fujimorista entre 1995 y 2000, a través de la política denominada Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar (PNSRPF). El universo de víctimas asciende a más de 300.000.
Actualmente, hay más de 7.000 casos en el Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas (REVIESFO), a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Este mecanismo se creó en 2015 bajo el Decreto Supremo 006-2015 JUS, que declaró de interés nacional el caso y le dio responsabilidades al Ministerio de Justicia, de la Mujer y de Salud.
En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos están los casos de Mamérita Mestanza y el de Celia Ramos, ambas fallecidas, sus hijos e hijas persisten en la búsqueda de justicia en homenaje a sus madres. DEMUS es la organización que les defiende.
Denuncias ante la ONU
Frente a lo que viven y cansadas del alargamiento del caso, han denunciado en diversas instancias internacionales.
Rute Zuñiga señala que cinco casos de esterilizaciones forzadas han sido presentados ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a fines de setiembre por AMPAEF y la organización internacional Justicia y Reparación. Posteriormente han presentado tres nuevos casos de mujeres quechua hablantes, esterilizadas también en contra de su voluntad entre 1996 y 1997 ante el Comité de No Discriminación de la ONU.
Finalmente, agradece todas las expresiones de solidaridad, nacionales e internacionales, que vienen recibiendo y les pedimos continuar, atentos a los próximos acontecimientos, finaliza Zuñiga, a la vez que anuncia otras acciones y movilizaciones, interrumpidas por restricciones de la emergencia sanitaria que vive el país.
Antecedentes
Se han realizado múltiples investigaciones sobre la política de esterilizaciones forzadas en el Perú -diseñadas e impulsadas por Alberto Fujimori durante su gobierno-, tanto desde el Congreso de la Republica, Ministerio de Salud, Defensoría del Pueblo y desde el ámbito académico.
Ana María Vidal Carrasco, abogada defensora de derechos humanos, explica[1] que la Defensoría del Pueblo realizó tres informes sobre la aplicación de la anticoncepción quirúrgica y los derechos reproductivos y demostraron una tendencia compulsiva en la aplicación del programa y la presión para que las mujeres se sometieran a la esterilización quirúrgica.
Agrega que algunos de los patrones detectados son:
Falta de garantías para la libre elección.
Campañas destinadas principalmente a la ligadura de trompas, en detrimento de las vasectomías.
Metas establecidas sobre la cantidad de mujeres que debían utilizar métodos anticonceptivos.
Falta de garantías para la decisión informada de los métodos anticonceptivos. Ausencia de normas que regulen el proceso de decisión informada de personas que no hablaban el idioma castellano.
Falta
de garantías para la seguridad y la salud de las personas durante la
operación: evaluaciones prequirúrgicas realizadas por personal no
calificado, ausencia de una identificación de profesionales de salud en
la tercera parte de las evaluaciones y no realización de reportes
operatorios.
Falta de seguimiento posterior a la intervención quirúrgica.
Dificultades para la determinación de responsabilidad penal.
Incumplimiento en relación a la reparación de estas personas y el deber de cooperación.
Para más antecedentes, revisar aquí.
*María Esther Mogollón: Periodista, activista feminista. Actual coordinadora del GREF y asesora de AMPAEF.
[1] En su artículo de febrero 2020 publicado.
Foto: Archivo AmecoPress.
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